La justicia colombiana abrió un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Una jueza de control de garantías en Bogotá avaló el principio de oportunidad solicitado por Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la entidad, quien actualmente cumple una condena por direccionamiento de millonarios contratos.
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La decisión convierte a Rodríguez Melo en un testigo clave de la Fiscalía General de la Nación, con la obligación de aportar información sobre la participación de altos exfuncionarios y políticos en el desfalco, entre ellos el exembajador de Colombia en Argentina y precandidato presidencial Camilo Romero.
Un testimonio que apunta a Romero
De acuerdo con la matriz de colaboración entregada por Rodríguez Melo, Romero habría ejercido influencia para ubicar personas de su confianza en la Ungrd.
Entre las pruebas entregadas se encuentran chats en los que el exgobernador de Nariño remitió hojas de vida tanto a él como a Olmedo López, entonces director de la entidad.
En los documentos se mencionan nombres como Diana Carolina Martínez, Yesid Salamanca, Enrique Rosero y el propio Rodríguez Melo, quien reconoció haber trabajado previamente con Romero en la Gobernación de Nariño como jefe de la oficina jurídica.
El exasesor aseguró que su ingreso a la Ungrd fue producto de esas gestiones.
Sin embargo, Romero ha negado de manera reiterada estas versiones y ha calificado tanto a López como a Rodríguez Melo de “delincuentes confesos” que buscan beneficios jurídicos a costa de terceros.
Condena y colaboración judicial
Rodríguez Melo fue condenado en enero de 2024 a cuatro años y ocho meses de prisión tras aceptar cargos por concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento y celebración indebida de contratos.
Según la Fiscalía, direccionó procesos por más de 108.000 millones de pesos, a cambio de comisiones ilegales que sumaron 1.000 millones de pesos.
Uno de los episodios más graves involucró al empresario nariñense Luis Eduardo López Rosero, alias El Pastuso, quien obtuvo un contrato de 46.800 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques destinados a La Guajira.
Rodríguez Melo reconoció haber coordinado con López Rosero y Sneyder Pinilla la alteración de las cotizaciones para inflar los costos y garantizar el pago de sobornos.
En el marco del preacuerdo con la Fiscalía, el exasesor se comprometió a devolver los dineros ilícitamente recibidos. Hasta ahora ha restituido 500 millones de pesos, mientras que el resto será consignado en dos pagos entre 2026 y 2027.
Como garantía, ofreció un predio en Tabio (Cundinamarca), avaluado en 958 millones de pesos, además de un pagaré firmado con codeudor.
Más capítulos del escándalo
La colaboración de Rodríguez Melo no se limita a los hechos ocurridos en la Ungrd durante 2023.
También ha entregado información sobre irregularidades en contratos de la reconstrucción de Mocoa, donde se habrían favorecido empresas cercanas a Olmedo López y a Alethia Arango, exsubdirectora de Reducción de Riesgo en la entidad y antigua funcionaria de la Alcaldía de Medellín bajo el gobierno de Daniel Quintero.
Otro de los escenarios bajo la lupa es la Gobernación de Nariño, cuando Camilo Romero ocupó el cargo de gobernador.
Allí, la Corte Suprema investiga su presunta participación en la adjudicación irregular de un contrato de licores sin azúcar en 2016, por 18.000 millones de pesos.
Según Rodríguez Melo, la licitación terminó en manos de un contratista vinculado al entramado de corrupción, aunque Romero ha insistido en su inocencia.
Con el aval judicial, Rodríguez Melo se comprometió a colaborar en 12 procesos paralelos que adelanta la Fiscalía.
Sus testimonios podrían fortalecer las investigaciones contra figuras políticas y contratistas, al tiempo que permitirán esclarecer el desfalco que dejó a comunidades enteras sin las ayudas que la Ungrd debía entregar.
La jueza que avaló el principio de oportunidad subrayó que el beneficio no lo exime de cumplir la condena ya impuesta, pero sí lo convierte en pieza central de la estrategia judicial para desmantelar la red de corrupción que operó en la entidad.
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