La tarde del miércoles 24 de septiembre, el sur de Cali, fue escenario de una nueva ola de disturbios a las afueras de la Universidad del Valle, donde encapuchados detonaron papas bomba y provocaron la evacuación de personal administrativo y estudiantes.
La situación, que se suma a hechos violentos ocurridos hace menos de una semana, específicamente el 18 de septiembre, generó bloqueos viales, pánico en la comunidad y alteraciones significativas en el transporte público, afectando a cientos de ciudadanos y reavivando la preocupación por la seguridad en la zona universitaria.
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De acuerdo con los reportes del caso, los encapuchados se congregaron en los alrededores de la Universidad del Valle y lanzaron artefactos explosivos de fabricación casera, conocidos como papas bomba.
Estas acciones desencadenaron el cierre inmediato de las vías cercanas, especialmente la avenida Pasoancho y la calle 13 entre las carreras 80 y 100, puntos neurálgicos para la movilidad en el sur de la ciudad.
La detonación de los explosivos obligó a evacuar tanto a estudiantes como a trabajadores administrativos del campus, mientras la tensión se apoderaba del sector.
El impacto de los disturbios se sintió de inmediato en la vida cotidiana de la comunidad. Residentes de las zonas aledañas optaron por resguardarse en sus viviendas ante el temor de quedar atrapados en el desorden, mientras que varios comercios cerraron sus puertas para evitar daños o verse involucrados en la situación, principalmente el centro comercial Unicentro, que se ubica justo en frente del complejo universitario.
El ambiente de incertidumbre y temor se extendió rápidamente, afectando tanto a quienes transitaban por el sector como a quienes dependen de los servicios y actividades en la zona universitaria.
Frente a la gravedad de los hechos, las autoridades locales desplegaron un operativo especial. La Policía Metropolitana, apoyada por la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), intervino en el área con el objetivo de contener los desmanes y proteger la infraestructura pública.
El despliegue policial buscó restablecer el orden y prevenir que la situación escalara, mientras la Secretaría de Movilidad implementó un plan de desvíos para evitar que los conductores quedaran atrapados en medio de los disturbios. Agentes de tránsito redirigieron el flujo vehicular hacia rutas alternas, intentando minimizar la congestión en uno de los corredores más transitados de Cali.
El sistema de transporte masivo MIO también resultó afectado por la jornada de disturbios. Las estaciones Univalle y Buitrera fueron cerradas de manera preventiva para salvaguardar la integridad de usuarios y personal operativo.
Las rutas que habitualmente circulan por la carrera 100 sufrieron modificaciones: los buses, partiendo desde la estación Universidades, tomaron vías alternas y retomaron su recorrido habitual en la estación Capri, y viceversa.
Metrocali, la entidad encargada del sistema, recomendó a los usuarios consultar sus canales oficiales para mantenerse informados sobre los cambios operativos y evitar contratiempos.
Las reacciones no se hicieron esperar. El concejal Juan Felipe Murgueitio expresó su preocupación y exigió acciones contundentes: “Vuelve y juega: esto no es protesta, es terrorismo. El rector de Univalle debe actuar para prevenir estos hechos violentos. Alcalde @alejoeder, recupere el orden y evite que se repita lo de la semana pasada (sic)”.
A renglón seguido, el cabildante destacó la recurrencia de los disturbios y el impacto sobre la ciudadanía: “En menos de una semana, encapuchados de Univalle bloquean la Pasoancho y afectan a miles de caleños. La semana pasada quemaron tractomulas y hurtaron una moto oficial; hoy repiten los disturbios”.
Estos hechos se producen pocos días después de una protesta similar en la misma zona, cuando el jueves anterior se registró la quema de dos tractomulas y el hurto de una motocicleta institucional de la Secretaría de Movilidad.
En esa ocasión, los responsables también recurrieron a la violencia y al uso de la vía pública para atacar vehículos antes de refugiarse en las instalaciones de la Universidad del Valle. Como respuesta, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $50 millones a quienes aporten información que permita identificar y capturar a los responsables de estos actos.
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