A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica designación de 16 exjefes paramilitares como gestores de paz.
El mandatario colombiano defendió la decisión, afirmando que ser gestor de paz no significa que los exparamilitares salgan de prisión.
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Asimismo, aseguró que él no extraditará a paramilitares, comparando lo sucedido en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Según el mandatario colombiano, supuestos amigos de Paloma Valencia, Álvaro Uribe e Iván Duque, se apropiaron de tierras.
“Los 16 gestores de las AUC ya eran gestores antes y ninguno por esto saldrá de la cárcel. El objeto de esta mesa de paz es terminar el proceso que Uribe dejó inconcluso; nunca los puso presos, sino que los extraditó y no les dejó decir la verdad. Al contrario, se apropiaron de las tierras que ellos se habían apropiado, algunos amigos suyos Paloma y de Uribe y de Duque”, indicó Gustavo Petro.
Y agregó: “Yo no los extradito como Uribe, pero quiero que digan toda la verdad y la JEP los reciba”.
El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se dio luego de la crítica de le senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia.
Desde su cuenta X, Paloma Valencia afirmó que “a quienes pensamos distinto nos trata de fascistas, mientras eleva a ‘gestores de paz’ a algunos de los tipos más violentos en la historia del país”.
Qué dice la resolución
El Gobierno de Colombia reactivó la figura de gestores de paz para 16 exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”) y Diego Fernando Murillo Bejarano (“Don Berna”), en una medida que despertó amplia polémica nacional.
Mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro, la administración designó a estos antiguos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como intermediarios en procesos de paz, con funciones hasta agosto de 2026.
La decisión oficial plantea que estos excomandantes contribuyan con su experiencia en procesos de construcción de paz y estrategias de acercamiento con actores armados ilegales.
El Gobierno justificó la medida al señalar la necesidad de consolidar los resultados derivados de la Ley 975 de 2005, normativa central en la reincorporación de desmovilizados y en la garantía de los derechos de las víctimas.
Junto con los mencionados Mancuso, “Jorge 40” y “Don Berna”, la resolución incluyó a otros exlíderes paramilitares como Héctor José Buitrago Rodríguez, Carlos Mario Jiménez Naranjo (“Macaco”), Ramiro Vanoy Murillo, Hernán Giraldo Serna, entre otros diez antiguos comandantes.
Todos habían sido condenados previamente bajo la Ley de Justicia y Paz, la cual les permitió acceder a beneficios judiciales a cambio de confesiones, reparación y colaboración con la justicia.
La participación de estos exjefes será temporal y no alterará su situación jurídica. Deberán firmar planes de trabajo específicos y un acta que los compromete a comparecer ante la justicia si son requeridos, asistir a las reuniones del Comité Técnico creado para el cierre del proceso de diálogo con las AUC y reportar periódicamente sobre las gestiones realizadas.
La medida responde también a un entendimiento alcanzado después de que estos exparamilitares renunciaron a su papel de gestores por diferencias con el alto comisionado para la paz. El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la iniciativa argumentando su potencial para reconstruir el tejido social, promover la reparación y contribuir al esclarecimiento judicial.
La resolución aclara que el Gobierno garantizará la movilidad y seguridad de los designados, en función de sus labores y dentro de los límites establecidos. La decisión reabrió el debate público sobre el papel de exparamilitares en la vida cívica y el equilibrio entre justicia, reparación y búsqueda de paz, mientras el presidente Petro insistió en que la figura de gestor de paz no implica indulto, sino la utilización de su influencia para avanzar hacia la Paz Total.
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