El reciente anuncio sobre un posible incremento del salario mínimo en Colombia para 2026 generó una profunda fractura entre el Gobierno y el sector empresarial, especialmente tras la decisión de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) de no participar en la mesa de concertación.
La controversia se intensificó luego de que el presidente Gustavo Petro sugiriera que el ajuste podría establecerse por decreto y alcanzar un 11%, cifra que, según el gremio, duplicaría la inflación proyectada y pondría en jaque la viabilidad de la negociación tripartita.
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La postura de Fenalco fue expuesta por su presidente, Jaime Alberto Cabal, que sostuvo que la discusión sobre el salario mínimo “parece quedarse sin fundamentos” tras el anuncio del mandatario.
Cabal afirmó: “Ante eso quiere decir que está desconociendo y dinamitando la mesa de concertación laboral, prácticamente no tiene sentido ir a sentarse a hacer el trámite sabiendo que el Gobierno tiene en sus intenciones hacer un decreto populista”, según dijo el dirigente gremial a Caracol Radio.
El dirigente gremial insistió en que el proceso de concertación perdió sentido, ya que el Ejecutivo habría anticipado su decisión sin considerar los argumentos técnicos y económicos de los empresarios.
El gremio empresarial manifestó su preocupación por el impacto que tendría un aumento del 11% en el salario mínimo, especialmente en un contexto en el que la inflación estimada para el cierre de 2025 sería del 5,1%.
Jaime Alberto Cabal advirtió que un ajuste de esa magnitud, sumado a la reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas y a los efectos de la reciente reforma laboral, elevaría los costos laborales a niveles insostenibles para muchas empresas, en particular para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
En una entrevista con El Tiempo, el presidente de Fenalco señaló: “El hecho de que lo haya anunciado envía la señal de que quiere, de alguna manera, tomar otra medida populista de cara a las elecciones (presidenciales del 2026). Entonces, prácticamente dinamitó la Mesa con ese anuncio y ya no tiene sentido ni siquiera que se convoque porque mostró la intención del Gobierno”.
La organización gremial también alertó sobre el deterioro de la seguridad y el clima de negocios en el país, así como sobre el riesgo de que nuevas reformas tributarias y un presupuesto desfinanciado en más de 26 billones de pesos agraven la situación del sector productivo.
Según Cabal, los primeros efectos de la reforma laboral ya se reflejan en el cierre de cientos de empresas, fenómeno que podría intensificarse si se concreta el alza salarial propuesta.
“Incrementar un 11% un salario mínimo, cuando la inflación es el doble, estamos padeciendo las consecuencias de una reforma laboral que incrementó los costos y además, el próximo año se reduce la jornada laboral, pues los costos laborales estarían por las nubes y no nos vamos a prestar para esa burla”, declaró Cabal.
En cuanto al mercado laboral, el presidente de Fenalco reconoció que la tasa de desempleo ha disminuido, pero atribuyó este fenómeno al crecimiento del empleo informal.
En sus palabras: “Está bajando porque está creciendo tremendamente el empleo informal. Colombia no necesita solo que baje el desempleo sino también que se generen nuevas opciones de trabajo”.
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó de “cobardía” la decisión de Fenalco de no sentarse en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
En entrevista con Caracol Radio, Sanguino invitó a los gremios a participar en el debate y defendió la legitimidad del proceso: “El incremento del salario mínimo no puede definirse con miedo, sino con argumentos técnicos y de justicia social”.
El ministro desmintió que exista un pronunciamiento oficial sobre el porcentaje de aumento para 2026 y aseguró que la cifra se definirá en la mesa de concertación, considerando variables como la inflación, el crecimiento económico y los indicadores de empleo.
Sanguino subrayó que el objetivo del Gobierno es que el incremento supere la inflación para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
Además, destacó que desde el inicio de la actual administración, el salario mínimo ha experimentado un aumento acumulado del 37,6% nominal, sin que ello haya generado un impacto negativo en la economía.
Citó datos del Dane que muestran un crecimiento económico cercano al 3%, una inflación ligeramente superior al 5% y una tasa de desempleo del 8,8%, la más baja en varios años.
El titular de la cartera laboral también criticó la sugerencia de Fenalco de eliminar la Comisión de Concertación, recordando que cualquier cambio en ese sentido requeriría una reforma constitucional.
Sanguino afirmó que: “Los gremios no pueden comportarse como opositores políticos; su deber es representar a los empresarios en un espacio democrático y legalmente establecido. Cuando los gobiernos anteriores decretaban aumentos cercanos a lo que pedían los gremios, no había quejas. Ahora que el incremento favorece más a los trabajadores, sí quieren acabar con la comisión”.
Finalmente, el ministro reiteró su llamado al diálogo y a la participación activa de todos los actores en la concertación salarial, enfatizando que el salario mínimo es un derecho que impacta a toda la economía nacional y debe ser objeto de un acuerdo justo y responsable.
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