Defensa de Nicolás Petro solicitó investigar a la fiscal Lucy Laborde por presuntas filtraciones y delitos procesales

La defensa de Nicolás Petro Burgos, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, envió una comunicación formal a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y a la directora Especializada Contra el Lavado de Activos, Sandra Liliana Mesa Agudelo, en la que pide que se investigue a la fiscal Lucy Marcela Laborde.

En el documento, se señalan posibles conductas constitutivas de prevaricato por acción y omisión, revelación de secreto, fraude procesal y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

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El escrito tiene una extensión de 15 páginas en las que se detallan presuntas irregularidades que, según la defensa, afectan directamente el proceso contra Nicolás Petro. En el texto se afirma que Laborde habría incurrido en “serias transgresiones a los principios de imparcialidad, reserva procesal y lealtad institucional”.

Uno de los puntos centrales de la denuncia hace referencia a la presunta filtración de información reservada a la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, lo que, según Carranza, habría generado presión mediática sobre el caso.

“La denuncia es muy clara y es práctica porque la Fiscalía General de la Nación tiene un deber. Todas las investigaciones, indagaciones preliminares son reservadas. Toda la información que se viene dando a los medios de comunicación es reservada. (…) A pesar de las peticiones que le he hecho al Centro de Servicios Judiciales para que me digan quién fue el que filtró, la única persona que pudo haber filtrado eso es la señora Lucy Laborde”, manifestó Carranza en declaraciones a ASB Noticias.

Carranza señaló que, el 6 de septiembre, Dávila habría publicado en la red social X detalles sobre una supuesta medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, así como documentos que, según la defensa, no habían sido entregados oficialmente a las partes procesales. Esto, afirmó, vulneraría la reserva procesal contemplada en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal.

De acuerdo con Carranza, la filtración se habría dado luego de que la fiscal Laborde no lograra sustentar ante el juez por qué ciertas pruebas debían mantenerse en el proceso. Según la denuncia, esta situación derivó en una estrategia para “intervenir e interferir en la jurisdicción judicial de Barranquilla”.

En su carta, el abogado incluyó una solicitud dirigida a la fiscal General para que se adelante una investigación formal de carácter penal y disciplinario contra la fiscal Laborde, argumentando que la autonomía funcional de los fiscales no puede usarse como justificación para violar la ley.

“La autonomía de la fiscal Laborde no es una licencia para violar la ley, señora Fiscal General”, expresó Carranza en la misiva, señalando que la Corte Constitucional ha establecido que la independencia de los fiscales se ejerce dentro de los límites de la Constitución y la ley. El defensor también afirmó que existen copias disciplinarias enviadas por la Procuraduría General de la Nación a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, relacionadas con la labor de Laborde.

Según explicó, estas investigaciones estarían vinculadas a presuntas omisiones y filtraciones en el caso que involucra a Nicolás Petro y a la víctima Laura Ojeda.

Carranza informó además que la defensa presentó una solicitud ante la fiscal Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que el presidente Gustavo Petro sea reconocido como “víctima especial con enfoque diferencial” en el proceso contra el fiscal Mario Burgos, que es investigado por presunto prevaricato.

El abogado detalló que, a la fecha, no han recibido respuesta de la fiscal General de la Nación sobre la apertura de la investigación solicitada. Sin embargo, insistió en que las filtraciones de información constituyen una forma de revictimización para Laura Ojeda y su hijo menor, situación que, según la denuncia, ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares.

Carranza finalizó su intervención reiterando su petición a la Fiscalía General para que garantice un proceso transparente y regido por los principios de imparcialidad y legalidad. “La justicia exige transparencia, imparcialidad y respeto a las víctimas, por ello, señora fiscal General, se impone que se investigue disciplinariamente a la fiscal Laborde”, afirmó.