El Congreso de la República avanzó el miércoles 24 de septiembre en la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2026, un instrumento que define cómo se distribuirán los recursos públicos en sectores como salud, educación, infraestructura y programas sociales durante el próximo año fiscal. La sesión se desarrolló en las Comisiones Económicas Conjuntas, que reúnen a senadores y representantes para evaluar el monto total y la viabilidad financiera de la propuesta.
Dichas comisiones aprobaron una ponencia alternativa al proyecto original del Gobierno, con una reducción significativa en el monto total. La propuesta incluye una reforma tributaria por $16 billones, mientras que se descartan artículos sobre vigencias futuras y administración de recursos territoriales.
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En este primer debate se aprobó la ponencia presentada por la representante Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde, que fija el presupuesto en $546,9 billones, lo que representa una disminución de $10 billones frente al plan inicial del Gobierno nacional, que era de $556,9 billones.
Esta decisión cobra importancia ya que en caso de que ninguna ponencia hubiera sido aprobada, el Gobierno habría tenido la facultad de decretar directamente el presupuesto, aplicando el monto inicialmente radicado, junto con una reforma tributaria mayor, de $26 billones. Pero este escenario fue finalmente descartado con la aprobación en primer debate de la propuesta alternativa.
Ocho artículos eliminados durante el debate
Durante la sesión, se decidió suprimir ocho artículos del texto original que habían generado preocupación en varios sectores políticos. Estos corresponden a los numerales 42, 43, 71, 73, 87, 88, 93 y 94, relacionados con la distribución de vigencias futuras, la solicitud de créditos y la administración de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).
Uno de los apartados eliminados buscaba autorizar la reprogramación de vigencias futuras en el sector transporte, es decir, la asignación de recursos para obras de infraestructura. Algunos congresistas argumentaron que este mecanismo “espanta la inversión”, dado que los recursos se giran incluso cuando los avances en las obras no son significativos.
Otro artículo retirado estaba vinculado con el manejo del Fonpet. Durante la pandemia, el Gobierno nacional asumió temporalmente la administración de este fondo, que tradicionalmente manejan los departamentos. Con la decisión adoptada, se busca que dichos recursos retornen al control territorial.
Reforma tributaria y fuentes de financiación
El Gobierno ha advertido que el presupuesto proyectado presenta un déficit y requiere ajustes para asegurar su financiación. Con la aprobación de la nueva ponencia, el monto de la reforma tributaria se establece en $16 billones, que deberán provenir de nuevos tributos o modificaciones a los existentes.
El proyecto original del Ejecutivo preveía una reforma tributaria de $26 billones, por lo que la reducción aprobada implica cambios en la estrategia fiscal. Estos recursos adicionales serán clave para cumplir con los compromisos de gasto en programas sociales, infraestructura, educación y salud.
La aprobación en primer debate no significa la aprobación definitiva. El proyecto debe pasar por otros debates en el Congreso, donde podría ser modificado nuevamente antes de su sanción. El proceso está diseñado para que tanto Senado como Cámara participen activamente en la construcción final de este instrumento de política pública.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de las Comisiones Económicas Conjuntas y, a través de sus redes sociales, señaló: “Como la solicitud nueva de recursos financieros disminuye e 10 billones de pesos, creo que lo más justo es no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza. Espero que los productores de cerveza compren toda la materia prima de trigo y cebada de Colombia. Sabrá más rica”.
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