El debate sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia volvió a cobrar fuerza tras las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el proceso avanza y que se proyecta para el próximo Congreso y Gobierno.
“Sí o sí va la constituyente”, afirmó el funcionario durante una intervención pública, dejando claro que la iniciativa no está pensada para el actual periodo legislativo ni presidencial, sino para el siguiente.
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Según Benedetti, ya se conformaron los primeros comités encargados de elaborar las preguntas que orientarán la consulta popular.
El paso siguiente será la recolección de firmas, donde la meta es superar los diez millones para dotar de mayor fuerza política y legitimidad a la propuesta.
El ministro explicó que, aunque la cifra exigida por la ley es de alrededor de dos millones de apoyos ciudadanos, el objetivo del Gobierno es multiplicar ese número. “La idea es llegar o pasar los diez millones de firmas para que tenga una contundencia muy fuerte en el Congreso de la República”, señaló.
En línea con esta idea, Benedetti recalcó que la constituyente será un proyecto para el próximo periodo: “Sí o sí va a la constituyente, pero que la gente sepa que es para el próximo Congreso y para el próximo, eh, gobierno. Aquí lo que se trata de buscar es si hay voluntad popular o no de querer una nueva constituyente”.
La propuesta cuenta con el respaldo del presidente Gustavo Petro, quien en varias intervenciones ha reiterado la necesidad de abrir este camino.
Aunque en campaña prometió no convocar a una constituyente, en actos recientes —como en La Dorada, Caldas— ha defendido que este mecanismo podría garantizar la materialización de los derechos que consagra la actual Constitución de 1991, especialmente en temas como la reforma agraria y la organización campesina.
El mandatario ha insistido en que la carta magna vigente contiene avances valiosos, pero considera que requiere modificaciones para impedir que, según él, el Estado de derecho se convierta en un “Estado mafioso”.
Petro incluso calificó de “trampa” algunos aspectos de la Asamblea Constituyente de 1991, al considerar que favorecieron una “gobernanza paramilitar”.
La Constitución de 1991 establece un procedimiento estricto para convocar a una constituyente: debe aprobarse primero una ley en el Congreso, luego pasar a revisión de la Corte Constitucional y, finalmente, someterse a una consulta ciudadana en la que al menos un tercio del censo electoral respalde la iniciativa.
Aunque el proceso es complejo, la apuesta del Gobierno de Petro y del ministro Benedetti apunta a abrir el debate en la opinión pública y a medir la voluntad ciudadana en torno a una nueva Asamblea Nacional Constituyente.
La insistencia oficialista ya ha empezado a generar controversia en el escenario político, en medio de un ambiente marcado por las reformas y la búsqueda de mayor participación social en la redefinición del marco legal del país.
El pronunciamiento del procurador Eljach
El mismo día, el procurador general, Gregorio Eljach, se refirió a la discusión nacional sobre la posibilidad de una constituyente. En su intervención, hizo un llamado a dimensionar el alcance de este mecanismo en el contexto colombiano actual.
“Cada quien tiene libertad de proponer cosas y eso es legítimo venga de donde venga. Particularmente, me parece que hay que dimensionar qué es una Asamblea Constituyente: es para constituir, para hacer una nueva Constitución. No es el caso colombiano. Nosotros, si acaso, tendremos necesidad de hacer ajustes y modificaciones a la Constitución de 91, que ya se han hecho setenta y dos, y ahí está la Constitución de 91 vigente y cumpliéndose en todo el territorio nacional”, afirmó Eljach.
El procurador destacó que “cualquier anuncio de constituyente no debe alarmar a nadie”, y señaló que este es un tema natural en la academia, en los partidos políticos y entre los dirigentes nacionales. Sin embargo, recordó que toda reforma de la Constitución debe pasar primero por el Congreso de la República.
“De manera que si hacemos una medición de tiempos, de aquí a junio del año entrante no alcanza a hacerse ningún tipo de modificación. Pero además, si vamos al tema ya concreto de las mayorías, no creo que haya una mayoría dispuesta en Senado y en Cámara para proceder a meternos en este momento en un asunto que no es de urgencia para el país, que estratégicamente podría ser conveniente, pero que en el momento no lo necesitamos”, subrayó.
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