Abusador sexual de animales fue enviado a la cárcel: “La norma ha sido clave para endurecer sanciones”

La reciente orden de privación de la libertad en establecimiento carcelario impuesta a un hombre señalado de hurtar y abusar sexualmente de mascotas en el sur de Bogotá representa un hito en la lucha contra el maltrato y abuso sexual animal en Colombia.

Esta medida fue adoptada tras la captura en flagrancia del implicado, un hombre de 66 años, a quien testigos identificaron después de que vecinos alertaran a las autoridades y lo siguieran hasta su domicilio en la localidad de Ciudad Bolívar.

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Los agentes, al ingresar a la vivienda, encontraron varios animales que, de acuerdo con las denuncias, habían sido previamente sustraídos.

Entre los animales rescatados se encuentra Keila, una perra que sigue bajo observación veterinaria debido a las lesiones sufridas por el ataque, según relataron residentes y se informó en diferentes publicaciones de redes sociales.

Según el material entregado al juez, la Fiscalía incorporó como pruebas imágenes que documentan al acusado persiguiendo y llevándose a las mascotas, así como reportes veterinarios y testimonios clave para la investigación.

El caso generó gran impacto público al conocerse que, en una instancia previa ocurrida a comienzos de septiembre, el mismo individuo recuperó la libertad menos de 48 horas tras una detención inicial, lo que motivó protestas de la comunidad y activistas por los derechos animales.

Estos colectivos han denunciado que la legislación colombiana aún presenta vacíos en la tipificación del abuso sexual contra animales, ya que este comportamiento constituye apenas una agravante dentro del delito de maltrato animal y no un delito autónomo.

Las deficiencias legales en torno a la protección animal adquirieron una nueva dimensión tras la actuación de la senadora Andrea Padilla, que celebró públicamente la decisión del juez y destacó el aporte de la denominada “Ley Ángel” para aumentar las penas en casos de maltrato con agravantes de abuso sexual.

“La norma ha sido clave para endurecer sanciones”, manifestó Padilla al agradecer el desempeño de la Fiscalía, el despacho judicial y la participación activa de la ciudadanía.

En cuanto a la medida dictada, esta consiste en una restricción cautelar de libertad que se mantendrá mientras el proceso penal avanza, sin que ello implique una condena en firme.

En este periodo la Fiscalía continuará recolectando pruebas, tales como exámenes veterinarios, fotografías y nuevas declaraciones, antes de decidir si formula una acusación formal. La defensa, en tanto, podrá controvertir los cargos presentando sus propios argumentos y evidencia.

Finalmente, el proceso se mantiene en fase investigativa y queda en manos de la justicia establecer si las pruebas allegadas permitirán avanzar hacia una acusación formal y, eventualmente, una condena.

En Colombia los casos de maltrato animal se han incrementado, y la Fiscalía ha reportado cifras alarmantes. Por ejemplo, en 2023 se registraron 1.002 casos investigados por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA).

De esos, se han imputado cargos a más de 600 personas, y se han dictado más de 200 condenas en los últimos cuatro años. Las ciudades con más reportes incluyen Bogotá, Pasto, Cali, Santa Marta, Ibagué y Villavicencio.

Uno de los más sonados fue el de los chimpancés “Chita” y “Pancho”, del Bioparque Ukumari (Pereira), quienes fueron sacrificados luego de escapar, en circunstancias que las autoridades califican de maltrato animal agravado.

Otro caso grave ocurrió en un refugio en Santa Marta, donde más de 50 gatitos fueron quemados vivos tras un incendio provocado. También resalta el episodio reciente en Anapoima (Cundinamarca), donde tres perros rottweiler fueron abandonados en un vehículo en condiciones extremas de calor, sin agua y sin ventilación; uno de ellos murió y los otros quedaron gravemente afectados.