El Gobierno colombiano ha dado un giro en su equipo negociador al nombrar oficialmente a Gloria Quiceno Acevedo como jefa de la delegación encargada de los diálogos de paz con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf), una disidencia de la extinta guerrilla de las Farc, liderada por Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá.
Así lo establece la resolución 320 de 2025, en la que confirma la llegada de la funcionaria como líder del Gobierno en el espacio socio jurídico con el grupo armado, tras la salida de Camilo González Posso de ese cargo en el mes de junio.
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“La jefa de delegación designada está facultada para realizar todos los actos necesarios y tendientes a desarrollar diálogos de paz con los respectivos Bloques y Frente”, se lee en el documento oficial.
En otro apartado, la resolución determina que el Consejero Comisionado de Paz, en coordinación con los responsables del Gobierno nacional, será el encargado de seleccionar a los integrantes del equipo de apoyo que acompañará a la delegación oficial.
“El Consejero Comisionado de Paz, previa articulación con los coordinadores del Gobierno nacional, designará a las personas que integrarán el equipo de apoyo de la delegación del Gobierno nacional”, menciona la resolución.
Aunque la resolución oficializa el liderazgo de Quiceno, lo cierto es que ella ya venía ejerciendo funciones de dirección dentro de la delegación, en la que también participa Fabio Valencia Cossio, Feliciano Valencia, entre otros.
La llegada de Quiceno a la jefatura de la delegación coincide con la reciente celebración del séptimo ciclo de negociación entre el Gobierno y la estructura armada, y se produce en un contexto marcado por rumores de una posible ruptura entre el frente 36 y el bloque Magdalena Medio.
Voluntad condicionada de las disidencias de las Farc para retomar diálogos con el Gobierno Petro
El frente 33 de las disidencias de las Farc ha puesto de manifiesto la complejidad de los diálogos de paz en el Catatumbo, al advertir que la entrega de armas no será una opción mientras no se logren avances sustanciales en los objetivos que, según la organización, justifiquen abandonar la lucha armada.
En una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro, el líder de la facción, Andrey Avendaño, reiteró la disposición de su grupo a participar en la implementación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), pero estableció condiciones que consideran innegociables.
En el texto, la organización aseguró: “No renunciaremos ni claudicaremos en los nobles esfuerzos por construir un Catatumbo próspero y en paz con justicia social”.
En la carta, también se reconoció el papel de Petro como impulsor de reformas en áreas como salud, pensiones, educación y jurisdicción agraria, señalando que estas iniciativas han tenido un “alto índice de favorabilidad para las mayorías olvidadas y excluidas de la vida política y pública del país”. Para las disidencias, este contexto coloca al presidente “en el camino de los luchadores” y justifica su participación en el proceso de paz, al que, según sus palabras, han apostado todo para “contribuir en el anhelo de la mayoría de colombianos”.
La organización también hizo una fuerte crítica a los sectores políticos tradicionales, a quienes acusó de haber despojado de tierras a los campesinos y de legislar únicamente en beneficio propio. Según la carta, estos sectores “ocupan puestos en el Congreso de la República y solo legislan para sus propios intereses”, lo que consideran un obstáculo para la consecución de la paz.
En cuanto a la situación de la región, los representantes del Frente 33 describieron al Catatumbo como sumido en “la más dura crisis a la que se haya enfrentado en los últimos años, comparada solamente con el flagelo paramilitar”.
Por este motivo, afirmaron que su accionar se ha limitado a la defensa, con el propósito de evitar mayores problemas sociales como el desplazamiento y la muerte. “No porque no tengamos la capacidad de lograr avances en el ámbito militar, sino porque hemos dado la palabra de no ser parte del problema”, indicaron en el documento.
Finalmente, la misiva planteó dudas sobre la coherencia y coordinación del equipo de Gobierno de Petro en la implementación de las directrices presidenciales.
El grupo cuestionó si todos los funcionarios están alineados con las instrucciones del presidente, señalando que “empezando por algunos funcionarios de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, que observamos, se enredan en trámites burocráticos o, sencillamente, se oponen a que las cosas avancen, y terminan dos o tres personas asumiendo el trabajo que debería ser de un equipo”, situación que, según la organización, genera preocupación.
Esto dice la resolución:
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