El aumento de los desplazamientos masivos en Colombia durante 2025 alcanzó niveles sin precedentes, con un incremento del 94% respecto al año anterior, con base en datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha).
Entre enero y agosto, más de 79.500 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, superando en un 53% el total anual registrado en 2024. Este fenómeno, impulsado principalmente por combates, enfrentamientos armados, restricciones a la movilidad y el uso de artefactos explosivos, impactó de manera directa a comunidades en departamentos como Bolívar, Chocó y Cauca.
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La persistencia de la violencia en el país se refleja en el elevado número de víctimas. En lo que va de 2025, alrededor de 1,4 millones de personas sufrieron diversas formas de violencia, incluyendo amenazas, homicidios, desapariciones, reclutamiento forzado y otras agresiones, de acuerdo con la Ocha.
Solo en agosto, se documentaron al menos 125 ataques contra civiles. Además, cada día y medio se presentó una emergencia relacionada con confinamientos o restricciones a la movilidad, afectando a más de 122.000 personas y confinando a 137.600, una cifra que prácticamente iguala el total de 2024.
El informe de la Ocha destaca que el 63% de los eventos de confinamiento permanecen activos, con una duración promedio cercana a un mes. Estas situaciones están vinculadas a amenazas, enfrentamientos entre Grupos Armados No Estatales y combates con la fuerza Pública.
En agosto, al menos 3.112 personas fueron desplazadas masivamente, mientras que más de 84.000 experimentaron desplazamientos individuales a lo largo del año.
El impacto del conflicto armado se intensificó en regiones como el Catatumbo, en el noreste del país y fronteriza con Venezuela. Entre enero y marzo, la ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc provocó cerca de un centenar de muertes, incluidos civiles, y forzó el desplazamiento de aproximadamente 60.000 personas.
Según declaraciones de Claudia Rodríguez, entonces representante de la Ocha en Colombia, recogidas por EFE, la violencia guerrillera en el Catatumbo alcanzó su punto más grave desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc en 2016.
La niñez figura entre los grupos más vulnerables ante la crisis humanitaria. El informe de la Ocha señala que, entre enero y agosto de 2025, al menos 11.000 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de desplazamiento masivo, confinamiento y restricciones a la movilidad.
No obstante, se estima que más de 291.000 menores podrían estar expuestos a riesgos como el reclutamiento forzado o la vulneración de otros derechos fundamentales. Además, durante el primer semestre del año, se registraron 52 incidentes contra la educación, que incluyeron enfrentamientos armados en presencia de menores y docentes, uso de explosivos y ataques a escuelas y personal educativo.
El uso de artefactos explosivos continúa siendo una de las principales amenazas para la población civil. Hasta agosto de 2025, la Ocha contabilizó 544 civiles afectados por estos dispositivos, lo que representa un aumento del 145% respecto al mismo periodo de 2024.
La persistencia en el empleo de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario, al vulnerar los principios de distinción, proporcionalidad y humanidad.
En cuanto a los ataques a objetivos ilícitos de guerra, la Ocha registró 31.593 personas afectadas, principalmente por la ocupación, uso y ataques contra infraestructuras y bienes civiles protegidos, como escuelas y centros de salud. Esta cifra supone un incremento superior al 5.600% en comparación con 2024.
La Ocha también advirtió sobre la insuficiencia de recursos para atender a las comunidades afectadas, lo que agrava la situación de quienes han sido víctimas de desplazamientos, confinamientos y otras formas de violencia.
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