La Procuraduría General de la Nación decidió vincular formalmente a dos miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol dentro de la investigación disciplinaria que se adelanta por la firma de un contrato con la firma estadounidense Covington & Burling LLC.
Esta medida se suma a las actuaciones previas contra otros directivos y funcionarios de la petrolera estatal y se produce en medio de cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos y la toma de decisiones al interior de la compañía.
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El contrato objeto de la investigación fue aprobado inicialmente por un valor de 875.000 dólares, pero su monto se incrementó hasta alcanzar los 5,8 millones de dólares tras la ampliación de los temas que debía revisar la firma internacional.
Según reveló el periódico El Tiempo en mayo de 2025, el acuerdo buscaba evaluar los efectos de investigaciones en Estados Unidos relacionadas con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Alcance del contrato
El contrato fue aprobado inicialmente para revisar aspectos relacionados con la compra del apartamento 901 por parte de Roa, transacción que ocurrió cuatro meses antes de su llegada a Ecopetrol.
El Tiempo informó que dicho inmueble fue negociado con una empresa vinculada al inversionista en petróleo y gas Serafino Iacono. En el seguimiento posterior a esta operación comenzaron a aparecer nombres como el del expolicía Juan Guillermo Mancera y Julián Caicedo, pareja de Roa, lo que llevó a que el contrato se ampliara para abarcar nuevas líneas de investigación.
De manera paralela, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para esclarecer no solo la compra del apartamento 901, también presuntos vínculos de Roa con la campaña presidencial de Gustavo Petro (2022-2026), incluyendo una posible violación de topes de financiación y la existencia de un anónimo que denunció presuntos sobornos y contratos con empresas relacionadas con Mancera, señalamientos que tanto Roa como Mancera han negado.
Nuevos vinculados a la investigación
La Procuraduría, bajo la dirección de Gregorio Eljach, había vinculado previamente a la investigación a tres funcionarios de Ecopetrol: Alberto Vergara Monterrosa, oficial de cumplimiento; Felipe Rivera, vicepresidente de ciencia y tecnología; y Ludwig Wilson Mejía, gerente de abastecimiento.
Sin embargo, el 9 de septiembre, la entidad decidió extender la investigación a Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, que hacían parte de la Junta Directiva en el momento de la aprobación y posterior ejecución del contrato con Covington & Burling LLC.
En la decisión oficial, la Procuraduría señaló: “Notificar personalmente la presente decisión a los investigados Álvaro Torres Macías y a Guillermo García Realpe, con la advertencia de que no procede recurso alguno y que tienen derecho a nombrar un defensor y a ejercer los demás derechos y facultades señalados en los artículos 110 y 112 del Código General Disciplinario”.
Ambos directivos ya habían rendido declaración durante la etapa preliminar, pero la diligencia testimonial fue suspendida debido a que se encontraron elementos probatorios suficientes para iniciar una investigación disciplinaria en su contra.
La Procuraduría explicó que la decisión de vincularlos responde a la necesidad de determinar si existieron irregularidades en la decisión de suspender el contrato en febrero de 2025. “De acuerdo con los elementos probatorios allegados, surge la necesidad de investigar si se incurrió en alguna irregularidad de carácter disciplinario con ocasión de la decisión adoptada por los miembros Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe de suspender el contrato en el mes de febrero de 2025”, indica el documento oficial.
En el mismo pronunciamiento se añade que ambos habrían tenido un papel activo en la supervisión de la ejecución del contrato. “Además, al parecer, tendrían dentro de sus responsabilidades, como miembros de la Comisión Especial, la supervisión de las actividades del estudio y la participación en las discusiones estratégicas para su ejecución”, señala el texto, destacando que estas funciones estaban relacionadas tanto con el contrato inicial, firmado el 29 de agosto de 2024, como con el otrosí firmado el 31 de diciembre del mismo año.
Guillermo García Realpe presentó su renuncia a la Junta Directiva de Ecopetrol el 19 de agosto, mientras avanza el proceso disciplinario en su contra.
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