Estas son las pruebas que tiene la Fiscalía contra algunos directivos de la Nueva EPS: habrían ocultado más de 5 billones

Aunque el país ha venido conociendo detalles de los presuntos malos manejos que habría tenido la Nueva EPS y que, según el presidente Gustavo Petro, fue responsabilidad de su expresidente José Fernando Cardona Uribe, finalmente se conocen las pruebas que tiene la Fiscalía General de la Nación sobre el presunto desfalco al sistema de salud desde la promotora de salud más grande del país.

El expediente judicial conocido por la revista Cambio dejó ver el presunto entramado de ocultamiento de información financiera que, según la Fiscalía, permitió a la Nueva EPS simular utilidades y encubrir un déficit superior a cinco billones de pesos entre 2019 y 2023.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La investigación señala a la cúpula directiva de la entidad como responsable de una política sistemática de manipulación de cuentas, lo que derivó en el desvío y mal manejo de recursos públicos en una de las aseguradoras de salud más grandes de Colombia.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por Cambio, la estrategia de ocultamiento se habría diseñado desde la presidencia de José Fernando Cardona Uribe, quien lideró la Nueva EPS desde 2012 hasta comienzos de 2024. Junto a Cardona, la Fiscalía ha llamado a juicio a Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabio Antonio Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas).

El expediente detalla que estos directivos firmaron estados financieros que no reflejaban las pérdidas reales de la empresa, sino utilidades ficticias, lo que permitió mantener la habilitación de la EPS ante la Superintendencia Nacional de Salud y seguir recibiendo billones de pesos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

El mecanismo, según la Fiscalía, consistía en no procesar la totalidad de la facturación presentada por clínicas y hospitales, ocultando así la verdadera deuda de la EPS. Informes de intervención citados por el ente acusador indican que, para 2023, la deuda real superaba los cinco billones de pesos.

El presidente Gustavo Petro, en una alocución sobre el sistema de salud, afirmó: “En 2023, el informe de la empresa no intervenida era de tres billones y cuando llegamos nosotros resultó que eran ocho. Habían escondido cinco billones de pesos, para no ponerlos en la contabilidad en más o menos 12 millones de facturas que este gobierno descubrió cuando intervino la Nueva EPS”.

La política de ocultamiento se habría aplicado principalmente en el área de cuentas médicas, donde, según correos internos y tableros de control contables, se fijaban límites mensuales para el procesamiento de facturas, dejando fuera de la contabilidad miles de millones en cuentas por pagar.

Daniela Rueda, funcionaria de la gerencia de cuentas médicas, relató ante la Fiscalía que estos topes eran inamovibles y que quienes intentaban sobrepasarlos recibían llamados de atención. El gerente de cuentas médicas, Fabián Peralta, transmitía mensualmente la orden de procesar solo una parte de las facturas, mientras el resto quedaba oculto, según su testimonio ante el ente acusador y recogido por Cambio.

El expediente judicial también señala que, entre 2019 y 2022, el ocultamiento de facturación permitió declarar utilidades ficticias por 91.490 millones de pesos, de los cuales al menos 70.563 millones se destinaron a cubrir pasivos y absorber pérdidas de años anteriores. Para la Fiscalía, esta cifra constituye el monto del peculado, es decir, el dinero del erario público que se desvió mediante este esquema.

La maniobra, aunque no implicó un reparto directo de recursos entre los socios, permitió a la Nueva EPS mantener su operación, conservar la confianza de la Superintendencia y seguir gestionando recursos públicos. El fiscal del caso calificó los hechos como fraude procesal y administración desleal, ya que los estados financieros falsos sostuvieron un espejismo de solvencia mientras la empresa enfrentaba una quiebra monumental.

El impacto de este esquema benefició a varios actores internos. La EPS pudo seguir habilitada y recibiendo recursos de la Adres, los accionistas evitaron registrar pérdidas en sus balances y los directivos conservaron estabilidad y prestigio.

El exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, explicó a Cambio que el verdadero problema no eran solo las deudas ocultas, sino la forma en que se usaban los recursos públicos y la concentración de contratos en ciertas clínicas y gestores farmacéuticos.

Leal denunció que existían quejas de la red hospitalaria sobre cobros indebidos y la exigencia de devolver un porcentaje de los pagos como condición para recibirlos, una práctica que describió como “coima disfrazada”.

Julio Rincón, primer interventor designado por el gobierno de Gustavo Petro y testigo clave en el proceso, declaró ante la Fiscalía que al asumir el cargo encontró una EPS con un represamiento total de la facturación y estados financieros poco confiables.

Rincón identificó cuentas por pagar no contabilizadas por 5,7 billones de pesos, lo que, tras un ejercicio de saneamiento de balances, llevó a la empresa a registrar automáticamente pérdidas por ese monto.

Rincón también denunció ante Cambio que la EPS concentró la contratación en grupos específicos como Bienestar, Grupo Uros, Viva 1A, Dime, Audifarma y Difarma, y que la discrecionalidad en la asignación de contratos facilitó el desvío de recursos.

Entre las pruebas que la Fiscalía presentará en juicio se encuentran testimonios de funcionarios y exinterventores, documentos internos y correos electrónicos, así como interceptaciones telefónicas.

Una de las declaraciones clave es la de Carolina Malagón, asesora del interventor, que relató que, durante los empalmes de enero de 2024, el expresidente Cardona aseguró que las cuentas estaban en orden, aunque ella encontró un represamiento de facturas que evidenciaba lo contrario.

El exviceministro de Hacienda y miembro de la junta directiva, Cicerón Fernando Jiménez, sostuvo ante la Fiscalía que la junta nunca conoció el alcance real del ocultamiento, pero que los directivos procesados sí sabían exactamente lo que ocurría. Según Jiménez, Edgar Pedraza, como contador, no solo firmaba los estados financieros, sino que los presentaba a la junta, dando fe pública de su veracidad.

Las interceptaciones telefónicas, según fuentes consultadas por Cambio, muestran conversaciones en las que Cardona y Pedraza habrían intentado acordar una estrategia para inculpar a uno de los coimputados, Juan Carlos Isaza Correa, lo que, para la Fiscalía, evidencia que el ocultamiento fue intencional y no un simple error administrativo.

La estructura corporativa de la Nueva EPS, con participación accionaria del Estado (a través del Ministerio de Hacienda) y de cinco cajas de compensación (Cafam, Colsubsidio, Compensar, Comfenalco Valle y Comfandi), permitió que la empresa mantuviera su posición como la EPS más grande del país, con más de 12 millones de afiliados y 20 billones de pesos en ingresos en 2023, según datos de la Supersociedades.

La junta directiva, integrada por representantes de estos accionistas y delegados del Ministerio de Hacienda, se habrían beneficiado de la falsa solvencia registrada por la compañía, aunque no hay pruebas concluyentes de que conocieran el esquema de ocultamiento.

El contralor señaló que la Nueva EPS destinó 40.000 millones de pesos de créditos bancarios a honorarios de la junta, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos y otros gastos, financiados con recursos de la UPC.

La investigación de la Fiscalía se encuentra en una primera fase centrada en los directivos ejecutivos. Una segunda etapa podría involucrar a miembros de la junta directiva y al exrevisor fiscal, Gleidson Macgyver González Sarmiento, que, según fuentes citadas por Cambio, sería clave para conectar las decisiones de la presidencia con la junta.

La denuncia que dio origen a esta línea de investigación fue presentada por Rodolfo Salas, director jurídico del Ministerio de Salud, que acusó a los miembros de la junta de estafa, administración desleal y peculado.

En respuesta a las acusaciones, Javier Tamayo, abogado de José Fernando Cardona, declaró a Cambio que no podía pronunciarse sobre el proceso por desconocer las pruebas que la Fiscalía llevará a juicio, y reiteró que “ni un solo peso o cheque salió de la Nueva EPS para enriquecer el patrimonio de un tercero”.