
El debate sobre las medidas que deberían adoptarse frente a los bloqueos de vías por parte de comunidades indígenas en el Cauca ha cobrado un nuevo matiz tras las recientes declaraciones de Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial.
Durante el congreso anual de Colfecar, llevado a cabo entre el 17 y el 19 de septiembre, la dirigente propuso una estrategia que condiciona el acceso a recursos estatales y servicios básicos, según la postura de los resguardos indígenas frente a acciones consideradas ilegales.
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La propuesta de Valencia plantea que los resguardos que respalden actividades ilícitas, como el robo o la retención de vehículos de carga, enfrenten restricciones en el ingreso de alimentos y agua, así como recortes en las transferencias estatales.
“Esto se hace generándole bloqueos de acceso a la alimentación y al agua, al resguardo, y hasta que no entreguen las tractomulas no vuelve a entrar ni a salir nadie del resguardo. Porque es que esto se puede hacer sin violencia”, explicó la senadora durante su intervención.

Esta medida, según su planteamiento, busca ejercer presión sin recurrir a la fuerza militar, una opción que, recordó, fue descartada durante el gobierno de Álvaro Uribe por el riesgo de víctimas civiles.
“Usted no puede mandar al Ejército porque van a venir con todos los niñitos de primero y entonces, Dios no lo quiera, se dispara un fusil, muere un niño y acaban con la fuerza pública”, afirmó Valencia en el mismo foro.
La senadora subrayó que estas restricciones estarían dirigidas exclusivamente a los resguardos que, en sus palabras, “andan de cómplices con la criminalidad”.
“Los resguardos que andan de cómplices con la criminalidad, les recortamos lo que se les gira. Porque aquí no vamos a estar financiando a quienes están con la criminalidad”, sostuvo Valencia ante los asistentes al evento de Colfecar.
En contraste, la precandidata propuso incentivos para aquellos resguardos que colaboren con el Estado y defiendan la institucionalidad.
“Los resguardos que desean colaborar con el Estado de derecho, defender la institucionalidad… con esos vamos a hacer los proyectos productivos, vamos a sacarlos adelante para que sean indígenas ricos, con ingresos, que puedan vivir decentemente con educación para que puedan pensar en el futuro”, manifestó Valencia en declaraciones recogidas por Cambio.
Consultada por el mismo medio sobre su eventual relación con los pueblos indígenas en caso de llegar a la Presidencia, Valencia aseguró que su enfoque sería de respeto y cooperación, siempre dentro del marco legal.

“A los indígenas que creen en Colombia, que respetan las leyes, la Constitución, todos los beneficios. (…) Pero los indígenas que insistan en los bloqueos vamos a cortarles los recursos del Estado porque no podemos seguir financiando a quienes no creen en el progreso de Colombia”, declaró la senadora.
Finalmente, Valencia argumentó que su propuesta busca modificar los incentivos actuales, que, a su juicio, favorecen la repetición de los bloqueos. “La ciudadanía en este país está acostumbrada a que si usted bloquea a usted le dan beneficios y por eso todo el mundo bloquea. Aquí vamos a hacer al contrario: el que no bloquee, el que respete, el que cuide, a ese le van a llegar todos los beneficios”, concluyó la precandidata.
Minga regional en el Caribe exige diálogo tras agotar vías legales y amenazan con bloqueos

El Convite Étnico, Ecológico y Social anunció el inicio de una protesta indefinida en el Caribe colombiano a partir de las 0:00 del 18 de octubre, con bloqueos en vías clave de los departamentos de Córdoba, Sucre y Cesar.
La movilización, denominada “Minga Regional”, responde a la falta de avances en la instalación de una mesa de concertación para la reglamentación de los cabildos, una promesa pendiente del Gobierno Nacional.
La organización, que agrupa a comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas y cuenta con cerca de 80.000 miembros en la región, responsabilizó al Ministerio del Interior de cualquier consecuencia derivada de la protesta.
El vocero mayor, Leonardo Oviedo, advirtió que la minga será indefinida y que su duración dependerá de la respuesta oficial: “La minga es indefinida en el momento en que se lance. Estaremos el tiempo que sea necesario”.
Entre los puntos de bloqueo confirmados en Montería figuran la vía hacia Planeta Rica a la altura del kilómetro 26 y la carretera que conecta con Arboletes, Antioquia, en el sector Las Cruces.
Oviedo reconoció que estas acciones “hacen afectaciones a la población”, pero defendió el derecho a la protesta tras agotar los canales jurídicos y administrativos: “Ya lo jurídico y las solicitudes pues eso ya se agotó”.
El líder indígena recordó que el compromiso de instalar la mesa de concertación fue asumido el 15 de enero tras una protesta de 14 días y que, pese a las gestiones realizadas desde junio, no han recibido respuesta positiva.
La organización reiteró que la movilización no cuenta con respaldo de actores externos y reiteró su llamado a una “respuesta positiva y afirmativa” que permita evitar la minga.
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