La reciente directiva emitida por la Fiscalía General de la Nación generó una profunda preocupación entre los fiscales de la Dirección de Crimen Organizado, que advierten que las nuevas disposiciones no solo limitan su capacidad de acción, sino que podrían facilitar escenarios de impunidad para integrantes de grupos criminales involucrados en procesos de paz. Según documentos, la instrucción de “libertad inmediata” para ciertos detenidos causó alarma al interior de la entidad.
La directiva 003 del 10 de julio de 2025, firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo, establece la suspensión de órdenes de captura para miembros de organizaciones criminales designados como representantes en diálogos de paz. Esta medida, considerada por los fiscales como un “despropósito” en la lucha contra el crimen organizado, impide solicitar nuevas detenciones incluso cuando se detectan actividades delictivas recientes.
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El documento, revelado por Semana, específica: “Los fiscales se abstendrán de solicitar nuevas órdenes de captura en contra de las personas, respecto a las cuales existan suspensión vigente de las órdenes de captura, ya que dicha medida cobija tanto las emitidas, como las que debieran expedirse. Para el efecto, los fiscales tendrán acceso a las bases de datos en las que constan las suspensiones emitidas”.
Esta disposición implica que, aunque los fiscales identifiquen nuevos delitos cometidos por individuos beneficiados con la suspensión de órdenes de captura, no podrán solicitar su detención.
Incluso en casos de flagrancia, la instrucción es proceder a la liberación inmediata de los capturados. La directiva advierte que los llamados “delegados de paz” quedan exentos de la acción judicial si la aprehensión ocurre en el contexto de delitos como concierto para delinquir, hurto, secuestro, terrorismo, extorsión o homicidios colectivos.
“Si la persona, teniendo suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra, fuere aprehendida en situación de flagrancia respecto de los delitos que se enlistan, será dejada en libertad inmediata, de conformidad con el inciso cuarto, en tanto la captura deviene ilegal, toda vez que la suspensión no supone la cesación de las actividades ilegales relacionadas con la pertenencia al grupo armado”, detalla la directiva.
De este modo, los procesos de diálogo o simples acercamientos con el Gobierno bastan para que los integrantes de grupos armados sean incluidos en el inventario de protegidos de la Fiscalía, sin que se especifique el tipo de organización, su nivel o el alcance de las conversaciones. La norma señala: “Negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley, con los que se adelante en diálogos de carácter político, en los que se pacten acuerdos de paz, así como también acercamientos y conversaciones con grupos armados, organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”.
Desde la perspectiva de los fiscales, consultados por el medio citado, la falta de claridad en los alcances de la regla y la ausencia de detalles sobre las organizaciones involucradas generaron confusión y desorden en la entidad. Además de esto, la amenaza de traslados y la entrega de procesos, sumada a la incorporación de contratistas sin experiencia, afectó la operatividad de la Dirección de Crimen Organizado. Un fiscal expresó: “No hay detalles, ni planes de trabajo. Los procesos que avanzan son los que teníamos, la carga de casos relacionados con estructuras como ELN bajó de forma extraña, a pesar de que son los responsables de casos tan graves como ataques terroristas y el asesinato de miembros de la fuerza pública”.
Los funcionarios también denunciaron que los casos vinculados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados no se están investigando de manera efectiva. Los repartos de casos se realizan de forma selectiva y no automática, en consecuencia, muchos expedientes queden archivados en despachos sin experiencia o capacidad de gestión. “En dos años no llega a Bogotá un reparto de noticias criminales con el ELN”, afirmó una fuente a Semana.
Otra preocupación señalada es la restricción para abrir nuevas iniciativas investigativas a partir de información de fuentes, lo que centralizó el manejo de los casos en las directivas de la entidad. Según los fiscales, “no se está investigando y cada vez el porcentaje de capturas se reduce exponencialmente”, de acuerdo con lo informado al medio.
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