Un juez especializado de Pasto impuso 58 años y medio de prisión a siete altos mandos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre ellos, miembros del Comando Central (Coce), por su responsabilidad en secuestros, homicidios y desapariciones ocurridos en Nariño.
La decisión, considerada una de las más severas contra esa organización, marca un precedente en la aplicación de la figura de responsabilidad de mando dentro del conflicto armado colombiano.
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De acuerdo con el informe de El Tiempo, entre los condenados se encuentran Eliécer Herlinto Chamorro (alias Antonio García), Israel Ramírez (alias Pablo Beltrán), Gustavo Aníbal Giraldo (alias Pablito), Gabriel Yepes Mejía (alias HH), Rafael Sierra (alias Ramiro Vargas) y Jorge Wilfredo Rosero (alias Fercho), quienes hasta hace poco eran figuras clave en los procesos de paz con el Gobierno Nacional.
La sentencia se fundamenta en hechos ocurridos el 25 de enero de 2018, cuando tres exguerrilleros de las Farc —William Rivera (alias Emilio), Johan Silva (alias Milton) y José Luis Cortés (alias Ahijado)— fueron secuestrados en la vereda Florida de Santa Cruz de Guachavés (Nariño).
Posteriormente, sus familias fueron despojadas de bienes y obligadas a desplazarse.
Testigos señalaron que los secuestradores actuaron bajo órdenes directas del Coce y que las muertes fueron ejecutadas por la compañía Jaime Toño Obando, bajo el mando de alias Fercho.
La Fiscalía General de la Nación argumentó que el secuestro y asesinato de los excombatientes respondía a la intención del ELN de frenar la expansión de las disidencias de las Farc lideradas por alias Guacho.
Durante el proceso, un exintegrante de la guerrilla declaró que “no adelantaban ninguna acción si no era con autorización directa de los miembros del Comando Central”, confirmando la cadena de mando como base de la condena.
La Procuraduría General intervino para que se excluyera el cargo de desplazamiento forzado, al considerar que no existían pruebas plenas para acreditarlo.
El juez aceptó la observación, pero mantuvo las condenas por rebelión, homicidio y desaparición forzada.
El fallo también recoge testimonios que vinculan directamente a los jefes guerrilleros con la decisión de ejecutar los crímenes y con la estrategia territorial de la organización en el sur del país.
Incluso el propio ELN reconoció los hechos, justificándolos como parte de la confrontación con alias Guacho.
Trayectorias de los condenados
- Antonio García es considerado el segundo al mando del ELN y su principal estratega militar. Ha participado en varios intentos de negociación desde los años 90.
- Pablo Beltrán ha sido el jefe negociador de la guerrilla en los diálogos con el Gobierno desde 2016.
- Pablito, originario de Arauca, ha estado detrás de múltiples ataques contra la infraestructura petrolera y secuestros de alto impacto.
- Ramiro Vargas, fallecido en Cuba con circular roja de Interpol, fue uno de los negociadores históricos del ELN y tenía múltiples condenas previas, incluida la masacre de Machuca.
- Gabriel Yepes Mejía (alias HH) lidera el Frente Comuneros del Sur, una facción que actualmente sostiene un proceso de negociación independiente con el Gobierno de Gustavo Petro.
La sentencia, dictada en ausencia, subraya la responsabilidad de mando de los líderes de grupos armados ilegales, quienes deben responder penalmente por los crímenes cometidos bajo su estructura.
El fallo llega en un contexto en el que los diálogos de paz con el ELN están suspendidos, luego de la reciente ola de violencia en el Catatumbo que provocó el desplazamiento de más de 55.000 personas.
La crisis en Catatumbo
Mientras tanto, en Norte de Santander, la confrontación entre el ELN y las disidencias sigue desangrando a la población. Según cifras de organismos humanitarios, en los últimos nueve meses se han registrado más de 80.000 desplazados, 25.000 personas confinadas y al menos 120 muertes.
El más reciente enfrentamiento ocurrió en zona rural, donde hombres armados identificados como del frente 33 atacaron una camioneta en la que viajaban presuntos miembros del ELN. El vehículo fue incinerado y versiones locales hablan de varios muertos, aunque las autoridades aún no han confirmado el número de víctimas.
Algunas fuentes sostienen que los cuerpos habrían sido trasladados hacia Venezuela, lo que ha dificultado las verificaciones.
El ataque habría sido una emboscada en medio de la disputa territorial que ambos grupos mantienen desde enero por el control de rutas del narcotráfico y corredores fronterizos.
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