Nicolás Petro ya tiene fecha y hora para ser imputado por dos nuevos delitos: hijo del presidente podría perder la libertad

El proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, avanza a una nueva etapa, luego de confirmarse el jueves 18 de septiembre de 2025 la fecha y hora para que se lleve a cabo una nueva diligencia judicial: que podría determinar, incluso, si el joven político, que se desempeñó como diputado del Atlántico, perderá o no su libertad.

Se confirmó que el 1 de octubre, a las 9:00 a. m., se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario, debido a que tendrá que responder por dos nuevos punibles: interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Según el ente, Petro Burgos habría firmado cinco contratos irregulares a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

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Durante esta diligencia, la Fiscalía presentará las pruebas que sustentan la solicitud de medida de aseguramiento en contra del joven político, que sigue estando en el centro de la atención pública desde el inicio del proceso en su contra. En esta ocasión, debido a que esos documentos se habrían establecido con la Gobernación del Atlántico con el fin, al parecer, de involucrar recursos por más de $3.000 millones.

En esa misma jornada se espera que sea asignado el juzgado de garantías encargado de evaluar la legalidad de la imputación y decidir si procede la medida de reclusión contra uno de los herederos del primer mandatario; que, tras las informaciones que dio a conocer su exesposa, Daysuris del Carmen Vásquez, pasó a estar en la mira de la justicia, que en primer lugar halló un incremento patrimonial en cerca de $1.053 millones.

El expediente judicial señala que Petro Burgos habría incurrido en la gestión de contratos estatales favoreciendo intereses particulares, una acusación que toma relevancia por la cercanía política y familiar con el presidente Gustavo Petro. En ese sentido, los investigadores han recopilado documentos y testimonios que servirían como soporte para avanzar en la fase acusatoria y sustentar la gravedad de los cargos.

Es válido recordar que el sábado 6 de septiembre, la precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila, exdirectora de un medio de comunicación impreso y digital, fue la primera en dar a conocer la nueva imputación al primogénito del primer mandatario. Y no solo eso: la intención del ente acusador de que se fije medida de aseguramiento contra Petro Burgos, que ya había sido imputado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

“Fiscal del caso contra Nicolás Petro hará nueva imputación, y ojo, solicitará medida de aseguramiento. Hoy anda libre y amenazando, desde el poder de su papá, a opositores”, indicó Dávila, que publicó, además, el documento con el que el organismo pedirá que se determine la captura. Una publicación a la que respondió el apoderado del exasambleísta del Atlántico, el abogado Alejandro Carranza, que apuntó hacia la aspirante.

“Señora Victoria Eugenia, y en este caso también manipula evidencias o acá nos enfrentaremos a una construcción suya. Me muero de ganas por saber quién es el fiscal que concerta con usted las imputaciones”, afirmó Carranza, que con ello recalcó su inconformidad por la manera en la que se estarían filtrando a la periodista y hoy política una serie de determinaciones clave sobre el caso de su apoderado.

Es por ello que, desde esa misma tarde, la defensa de Petro Burgos ha preparado una minuciosa estrategia para responder a las acusaciones, que, si se validan en la audiencia, marcarían un hito en la lucha contra la corrupción administrativa en Colombia, ya que involucra a familiares directos del Ejecutivo; en este caso, ni más ni menos, que al hijo mayor del presidente en ejercicio, que se ha visto sin duda salpicado.