Alerta por aumento de casos de abandono de adultos mayores: Corte Constitucional exigió una ley integral para su protección

De acuerdo con una investigación de la Universidad Javeriana, en Colombia cada año son abandonados alrededor de 400 adultos mayores; además, expuso que el 24% de esta población vive en pobreza monetaria y el 45% se autoconsidera pobre.

En el estudio se recordó que en 1985 siete de cada 100 colombianos superaba los 60 años, mientras que en la actualidad la cifra se ha duplicado y se espera que en 2070 la edad promedio de vida supere los 75 años.

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“Colombia envejece rápido, pero no estamos creciendo al mismo ritmo en infraestructura social ni en modelos de cuidado para la vejez. Si no nos preparamos, el abandono y la soledad serán el principal problema de salud pública de nuestro país en pocos años”, expuso al respecto Sebastián Jaramillo, líder del Centro de Bienestar del Anciano San José de Marinilla, Antioquia.

En la tarde del 19 de septiembre, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que advirtió que la internación en hospitales o centros psiquiátricos no puede ser considerada una respuesta del Estado ante la problemática que genera el abandono masivo de adultos mayores en el país.

Esta advertencia se emitió debido a dos fallos de tutelas, con los que la corte recordó que internar de manera injustificada a un adulto mayor está prohibido, puesto que se trata de una situación permitida en casos excepcionales, temporales o proporcionales.

Sobre las tutelas mencionadas, una era por un hombre de 86 años que padece de alzhéimer y vivía en abandono; el otro caso es por la repetición de casos en los que ancianos permanecen en hospitales por la ausencia de familiares para tramitar su salida de los centros médicos.

Ante esta situación, el alto tribunal pidió que el Gobierno nacional cree planes de apoyo comunitario, programas de implementación sobre el cuidado de las personas de la tercera edad y la implementación de los mismos a nivel político en el país.

En el documento, la Corte Constitucional enfatizó en que se deben desarrollar proyectos con enfoque de derechos humanos para recordar que el cuidado de los adultos mayores no es un tema privado o familiar, sino en el que también puede incluirse la responsabilidad y la exigencia del Estado.

De esta forma, se fijó un plazo de dos años para que se consolide una ley integral que regule la protección de las personas de la tercera edad en el país. “El cuidado no es un asunto privado, sino un derecho social que obliga a la corresponsabilidad entre familia, Estado y sociedad”.

La falencia del país en torno a temas de cuidado de los adultos mayores también fue resaltado por un informe del centro de estudios económicos Anif, en el que se expuso que representan más del 27% de la población ocupada a nivel laboral.

“El aprovechamiento de la mano de obra de los adultos mayores se muestra como una alternativa interesante no solo por los beneficios económicos que genera, sino también por el bienestar emocional de esta población”, es parte del informe.

En el documento se menciona que la mayoría de personas de la tercera edad trabajan en empleos informales o de baja calidad, principalmente cuando no cuentan con una pensión.

“Esta participación se desarrolla en un contexto marcado por ingresos persistentemente bajos y alta prevalencia de jornadas parciales, lo que limita su capacidad de ahorro y acceso a protección social”.

La Anif mencionó que en el 69% de los casos estas personas se identifican como “jefes de hogar”, es decir, son proveedores de sus familias.