
La descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos puso nuevamente en el tintero el debate sobre el futuro de la relación bilateral, marcada durante cinco décadas por el narcotráfico y la presión política.
Aunque la amenaza de una descertificación genera inquietud en los ámbitos político y económico, expertos consultados por Infobae Colombia advierten que su impacto sería, en gran medida, simbólico, y que la incertidumbre sobre sus efectos reales domina el escenario actual.
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Francisco Thoumi, representante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, describió el narcotráfico como “la piedra en el zapato de las relaciones” entre ambos países. Según explicó el experto en entrevista con Infobae Colombia, desde los años 70, la agenda bilateral entre ambos países ha estado condicionada por el tráfico de drogas que ha evolucionado, además de la cocaína, a la marihuana, la amapola, el opio y la heroína.
“Hay un consenso en el país de que eso es un problema. La pregunta sobre las relaciones con Estados Unidos también tiene mucho que ver con quién sea el presidente de Estados Unidos. Es decir, cuando se tiene un presidente como el actual (Donald Trump) que tiene una política muy transaccional, que busca básicamente siempre ganarle a otros países. (...) Para él, el comercio internacional es una competencia, y entonces respuesta es poner aranceles a todas las importaciones.”, explicó Thoumi, una de las autoridades académicas más importantes de Colombia en materia de política de drogas.

Aranceles y el sector empresarial colombiano ¿Cómo podrían verse perjudicados con la medida?
En este contexto, la descertificación estadounidense aparece como una herramienta política más que como una sanción efectiva: Marcela Anzola, abogada y doctora en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, afirmó a Infobae Colombia que “esta descertificación tiene nombre propio, que no es Colombia. Podría decirse, se descertifica a Petro”.
Para Anzola, la medida busca enviar un mensaje al Gobierno de Gustavo Petro, sin querer afectar directamente al sector empresarial colombiano, que considera “completamente desconectado de Petro”. La experta recordó que el empresariado ha mantenido una relación cercana con la administración Trump y ha realizado un intenso trabajo de lobby en Washington, por lo que la descertificación actual se percibe como un gesto simbólico más que como una amenaza real.
El análisis de Anzola coincide con el de Thoumi en que las sanciones prácticas derivadas de una descertificación serían limitadas: la ayuda militar y humanitaria estadounidense, que en el pasado representó un instrumento de presión, ha disminuido considerablemente tras recortes presupuestarios y la desaparición de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en Colombia.

“Puede haber sanciones en ayuda militar, o en ayuda humanitaria, que ya se quitó porque, entre otras cosas, ayuda humanitaria no había, porque el recorte que se hizo en el presupuesto de Estados Unidos fue grandísimo para ese sector, y porque ya desapareció Usaid... Entonces, la única sanción que quedaría sería aranceles. Y los aranceles no son para Petro, los aranceles son para el sector empresarial... un castigo a un sector que ha sido muy amigo del Gobierno Trump.”, expuso Anzola, que aseguró que un castigo de este tipo recaería sobre un empresariado que ha sido tradicionalmente aliado de Washington.
En el plano económico, la principal preocupación gira en torno a la posible imposición de aranceles a productos colombianos. Thoumi advirtió que, si bien la administración estadounidense podría recurrir a esta medida para ejercer presión, el efecto paradójico sería fortalecer al narcotráfico. “Lo que hace es fortalecer el narcotráfico, porque básicamente el sector del narcotráfico ganaría importancia con relación a la economía y ganaría poder”, explicó el experto a Infobae Colombia.
Las diferencias de las consecuencias entre la descertificación con Samper y la del Gobierno Petro
La incertidumbre sobre el rumbo de la relación bilateral se ve acentuada por el contexto internacional: Anzola destacó que una de las diferencias de la primera descertificación de Colombia con el expresidente Ernesto Samper (durante el gobierno de Bill Clinton) y la reciente al Gobierno Petro por parte de la administración de Trump, tiene que ver con el hecho de que los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, han perdido peso relativo frente a nuevas fuentes de financiamiento, especialmente China.
“Vetar a Colombia en créditos, el BID, Banco Mundial, hoy en día también son menos importantes... hoy tenemos el gran enemigo que se ve: China. Entonces, son coyunturas diferentes, pero aun así la desertificación que se hizo en el año 96, 97 (con Samper) fue, digámoslo así, muy, muy débil frente, frente a lo que se pensó, porque realmente pudo haber tenido consecuencias en ayuda militar o en ayuda humanitaria, pero no fue más”, señaló la experta.

La reducción de la ayuda estadounidense y la diversificación de alianzas internacionales refuerzan la percepción de que la descertificación tendría un alcance limitado. Anzola insistió en que la desaparición de la ayuda humanitaria y la menor relevancia de los organismos multilaterales hacen que la medida sea, en esencia, un acto de señalamiento político.
A pesar de los cambios en la arquitectura internacional, el trasfondo del conflicto bilateral sigue siendo el narcotráfico. Tanto Thoumi como Anzola coincidieron en que la incertidumbre es la nota dominante y que cualquier movimiento brusco podría acarrear riesgos imprevistos. En este sentido, la estrategia nacional se orienta hacia la cautela y la adaptación, evitando apuestas arriesgadas mientras persista la volatilidad en el tablero internacional.
En este escenario, la política de discreción y prudencia se mantiene como la opción preferida para Colombia, a la espera de que el contexto global ofrezca señales más claras sobre el futuro de la relación con Estados Unidos y el impacto real de la descertificación.
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