El retiro de la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia por parte de Estados Unidos puso en evidencia el deterioro de la cooperación bilateral y reavivó el debate sobre la efectividad de las estrategias antinarcóticos en la región.
Esta decisión, adoptada por el Gobierno de Donald Trump, implica la inclusión de Colombia en la lista de países considerados no cooperantes en la lucha contra el narcotráfico, lo que marca un punto de inflexión en la relación entre ambos países y afecta directamente la asignación de recursos, que hasta ahora ascendía a unos 380 millones de dólares anuales.
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De acuerdo con un oficial de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), la preocupación principal radica en que alrededor del 90 % de la cocaína identificada en Estados Unidos proviene de Colombia, según cifras de las Naciones Unidas correspondientes a 2023.
El funcionario subrayó que estos niveles de producción y tráfico no han experimentado una reducción durante la administración de Gustavo Petro, lo que refuerza la percepción de estancamiento en los esfuerzos antinarcóticos, explicó a Semana.
El análisis de la DEA revela que una parte sustancial de la cocaína producida en Colombia transita por Ecuador antes de dirigirse hacia el norte, pasando por México y Centroamérica, hasta llegar finalmente a Estados Unidos. Este flujo regional convierte a la lucha contra el narcotráfico en una prioridad absoluta para la nueva administración estadounidense, que busca frenar el ingreso de drogas al país.
La agencia antidrogas mantiene una red de información activa, obtenida a través de fuentes colaboradoras, informantes y otros mecanismos, lo que le permite identificar personas, lugares y organizaciones de interés. Según información obtenida por el medio citado, la DEA colabora estrechamente con su oficina en Colombia y con socios extranjeros, intercambiando inteligencia y coordinando acciones para combatir la delincuencia organizada. El oficial consultado confirmó la existencia de acuerdos comerciales entre organizaciones criminales colombianas y dominicanas, así como con otros grupos dispuestos a adquirir droga, lo que amplía el alcance y la complejidad de las redes de tráfico.
El análisis de la DEA sobre la producción de drogas, basado en datos de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas, indica que la abundancia de cocaína disponible en la región convirtió el control de su flujo hacia Estados Unidos en la máxima prioridad de la agencia. El funcionario explicó que las organizaciones criminales suelen activar la producción y distribución de cocaína hacia las islas del Caribe, donde la droga es revendida, en ocasiones a narcotraficantes dominicanos, lo que incrementa el riesgo y la peligrosidad de estas redes.
Durante una visita de Semana a uno de los laboratorios más relevantes de la DEA en Estados Unidos, se constató el proceso exhaustivo de análisis de las drogas incautadas provenientes de Sudamérica y otras regiones. Este trabajo permite rastrear la procedencia de las sustancias y avanzar en la identificación de los responsables, gracias a la comunicación directa entre las distintas dependencias de la agencia.
La certificación que Estados Unidos otorga desde 1986 a una veintena de países productores y distribuidores de drogas constituye una evaluación anual de los esfuerzos antinarcóticos, condicionando la entrega de recursos a los resultados obtenidos. En el caso de Colombia, la pérdida de este estatus confirma el estancamiento diplomático y plantea nuevos desafíos para la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.
Ante la descertificación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que la maniobra trasciende los aspectos técnicos y responde a intereses políticos.
En ese sentido, sostuvo que la postura de la Casa Blanca busca influir en la política interna colombiana, afirmando que “Estados Unidos participa en la política interna de Colombia; quiere un presidente títere. El pueblo colombiano responderá si desea un presidente títere, como aquel que vendió a Panamá, o si quiere una nación libre y soberana”. De este modo, el mandatario vinculó la decisión estadounidense con una intención de condicionar la autonomía nacional.
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