Luego de conocerse que la Fiscalía General de la Nación llevará a juicio al exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero Calle, y a otras 12 personas de su administración por el escándalo de Aguas Vivas, se revelaron en la tarde del martes 16 de septiembre apartes del documento con el que el ente acusador soportó el caso, que representa un nuevo avance en el caso que podría poner en jaque al político.
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La entidad acusó formalmente a los procesados por su presunta participación en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que habría permitido la entrega y valorización indebida del referido predio. El caso, en el que está inmerso el exmandatario distrital, involucra cargos por los punibles de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
Los fragmentos del documento, dados a conocer por la abogada Gloria Patricia Jaramillo, más conocida como Tyche, señala que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, los acusados promovieron un proceso de conciliación prejudicial que habría tenido como fin favorecer económicamente a tres particulares: Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez.
Estos personajes, según las investigaciones, figuran como tenedores del lote objeto del litigio; y, de acuerdo con la Fiscalía, el trámite impulsado por el grupo de exfuncionarios pretendió cambiar la figura de cesión gratuita por la de compraventa, con lo que se buscaba autorizar el pago de más de 40.500 millones de pesos a los tenedores. Al fracasar la conciliación, se habrían expedido actos administrativos para facilitar el asunto.
En efecto, Quintero y el entonces secretario General, Fabio Andrés García Trujillo, expidieron actos administrativos para subir el avalúo del terreno y autorizar a los particulares su desarrollo, pese a la prohibición expresa del POT para actividades urbanísticas en esa zona.
En el escrito de acusación, detalla la imputación contra el exalcalde Quintero Calle y miembros clave de su administración:
- Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
- Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria Legal de Movilidad
- Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial
- Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios y secretaria General encargada
- Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación
- Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución de Contratación
- Alethia Carolina Arango Gil, exsubsecretaria de Defensa de lo Público
- Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Selección de Proveedores
- Fabio Andrés Trujillo García, exsecretario General
Adicionalmente, figuran los particulares Moreno Barón, Rueda Salazar y Villegas Márquez, en un documento que aportó la identificación completa, cargos y vínculos de cada una de las personas, en cumplimiento de los parámetros procesales. “De los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, se puede afirmar con probabilidad de verdad que, las conductas delictivas señaladas, tienen la calidad de propios del acusado en forma de dolo“, indicó la Fiscalía.
“DANIEL QUINTERO CALLE, identificado con cédula de ciudadanía No. XXX, es presuntamente responsable del delito de prevaricato por acción (art. 413 C.P.), en calidad de coautor (art. 29 C.P.), por la emisión del Decreto 412 del 12 de mayo de 2023, ‘por medio del cual se reglamenta el Valle del Software como un programa de Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones’”, se leyó en el documento.
Lo anterior, debido a que, según la Fiscalía en el escrito, “desconoció de manera directa y arbitraria las competencias establecidas en los numerales 2 y 7 del artículo 313 de la Constitución Política de 1991, el artículo 12 de la Ley 810 de 2003, los artículos 5, 6, 7 y 8 del Decreto 4002 de 2004″. Los argumentos del organismo judicial contrastan con los del acusado, que alegó que se trata de una persecución.
Adicionalmente, habría actuado en contra de lo establecido en los artículos 81 y 82 del Acuerdo 048 de 2014 y el artículo 264 del Decreto 471 de 2018, a través de los cuales se regula el uso, ocupaciones y densidad del terreno.
El caso Aguas Vivas: de la conciliación al juicio
La investigación de la Fiscalía puso el foco en un predio del sector Aguas Vivas, que era bien fiscal sujeto a cesión gratuita para fines de uso público por parte del distrito. El documento de la Fiscalía indica que los acusados intentaron revertir esa figura, y vulneraron lo estipulado en el decreto 1077 de 2015 y la ley 388 de 1997, con el propósito de ceder la propiedad mediante compraventa a los particulares ya citados.
“Los contratos de cesión gratuita, en tanto, modifican el régimen general de los bienes fiscales, su destinación, uso y administración, no se puede de forma unilateral y sin autorización judicial que deje sin efectos los actos administrativos que los rigen”, se acotó en el escrito oficial, en el que se mencionan las empresas IDC Inversiones S.A.S. y Técnicas Constructivas S.A.S., y a Villegas Márquez.
Al verse imposibilitada la compraventa, Quintero y Trujillo habrían dictado nuevas resoluciones para incrementar el avalúo y facilitar la eventual transferencia del lote, al otorgar de facto derechos urbanísticos que el POT no permitía. La acusación hace énfasis en el intento de pago por una suma superior a los $42.700 millones, sobre la base de una modificación administrativa que desconocía el principio de destinación pública.
El expediente tiene más de 40 testimonios y 500 pruebas documentales, entre informes periciales, oficios y correspondencia. “No estamos ante conjeturas, sino ante un trabajo investigativo que pretende darle soporte fáctico y jurídico al proceso“, remarcó la Fiscalía, en relación con la presunta comisión de peculado por apropiación agravado, prevaricato por acción, e interés indebido en la celebración de contratos.
Cada uno “es presuntamente responsable del delito de peculado por apropiación agravado (...) en concurso propio por la suma de $42.719.344.657, en calidad de coautor interviniente”, según constó en el documento de la Fiscalía. A su vez, el escrito solicitó la convocatoria de audiencia de formulación de acusación y detalla la individualización de los investigados, las fechas de los hechos y su papel en el caso.
La acusación de la Fiscalía General de la Nación pasará ahora a control judicial ante la Sala Penal de Conocimiento con función de garantías en Medellín. El avance de este proceso dependerá de la valoración que haga el juez de control sobre la suficiencia del acervo probatorio y las argumentaciones de las defensas y, en caso de avalarse, se procedería a las audiencias preparatorias de un juicio esperado en suelo antioqueño.
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