Evalúan llevar la condena contra los exjefes Farc a la Corte Penal Internacional: una víctima de secuestro de la extinta guerrilla detalló las razones

El reciente fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), emitido el 16 de septiembre de 2025, marcó un hito en el proceso de justicia transicional en Colombia al imponer una sanción propia de ocho años a los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por su responsabilidad en 21.000 secuestros.

Esta decisión, que constituye la pena máxima permitida según lo estipulado en el Acuerdo de Paz, redefinió el alcance de la rendición de cuentas para los antiguos líderes guerrilleros y estableció un precedente en la reparación de las víctimas del conflicto armado.

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Pese a la dimensión histórica del fallo, el primero que dictó el tribunal del justicia desde su creación tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, las víctimas lo recibieron con inconformidad. Una de ellas fue Clara Leticia Rojas, que fue secuestrada de la extinta guerrilla en el año 2002.

“Pues la pena o la sanción, digámoslo así, pues no parece proporcional con esta inmensidad de víctimas y el daño causado. Y me preocupa esto, sin duda, el precedente que eventualmente pueda generar, porque si la idea en aras de la discusión es terminar el secuestro, pues no pareciera que fuera una sanción ejemplar, ¿no? Esa es como la preocupación“, puntualizó en principio Rojas, en conversación con La FM.

La abogada señaló que los magistrados de la JEP que leyeron la sentencia deberían tener “un margen de acción para tener un poco unas penas más ejemplarizantes”, y catalogó la sentencia de “exigua”.

“Aquí escuchando al magistrado cuando leyó ayer la sentencia, si bien le pone como primera obligación cumplir esta pena restaurativa o este trabajo que se le impone, pues deja abierta la opción de que puedan participar en política. Entonces, me parece que esa línea gris no es buena, porque nadie está diciendo que se les quiten, ni mucho menos, sus derechos políticos”, expuso Rojas, que sostuvo que los condenados deberían primero cumplir con la pena restaurativa y, después, “si ellos lo consideran, pues sí participar, si es que quieren, en política”.

Clara Rojas abrió la posibilidad de llevar la condena contra el antiguo secretariado de las FARC a instancias judiciales internacionales, al referirse al hecho de que las víctimas aún no han sido notificadas, si la sentencia “tiene lugar a recurso o no, o si ya es la sentencia de cierre y ya no procede ningún recurso”, detalló la víctima.

“Eventualmente, habría que considerar si se podría ir a un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos (...) o la Corte Penal Internacional, que me parece, desde el punto de vista operativo, pues un poco más complicado. Pero, habría que hablar también con las demás personas que fueron víctimas, qué opinan y si les gustaría que se siguiera ese camino”, dijo Rojas.

Entre los condenados por la JEP se encuentran Rodrigo Londoño Echeverri (“Timochenko”), Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo (“Joaquín Gómez”), Jaime Alberto Parra (“el Médico”), Julián Gallo Cubillos (“Carlos Antonio Lozada”) y Rodrigo Granda Escobar (“Ricardo Téllez” o “el Canciller de las Farc”). Todos ellos deberán cumplir la pena bajo las condiciones establecidas por el tribunal transicional, en consonancia con el mandato de la JEP.

“Es cierto que nosotros le apostamos al proceso de paz, digamos, de buena fe, y también al Acuerdo de Paz. Pero digamos que en su momento sí se nos dijo que habría un criterio de evaluación por parte de los magistrados. Entonces, siento yo que más bien lo que se debió hacer, y uno mira en qué cosas se falló, es lo que sí se ha podido lograr un acuerdo entre las Farc y el Estado, y llegar a los acuerdos que ellos quisieran y mantenernos a nosotros al margen de manera de no depender los acuerdos a que ellos llegaran de la reparación a las víctimas”, indicó Clara Rojas.