En la sección El Reporte Coronell, de La W Radio, se informó sobre las presuntas irregularidades detectadas por la representante a la Cámara por Bogotá, María José Pizarro, en la concesión del agua del municipio de La Calera a Coca-Cola.
El informe elaborado por la CAR — Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca — revela que, desde 1983, año en que comenzó la concesión, la cantidad de agua ha disminuido debido a la sobreexplotación generada por esta empresa, lo que ha provocado desabastecimiento en el municipio.
Además, la compañía cubrió los manantiales de agua con concreto y sus informes de consumo no son confiables con respecto a los consumos. Mientras tanto, la CAR a pesar del informe, estudia renovar la concesión.
La situación se agravó en febrero de 2024, cuando el municipio de La Calera implementó un racionamiento de agua debido a la disminución alarmante del caudal de la quebrada San Lorenzo.
Según María del Mar Pizarro, la propia CAR elaboró en 2023 un informe técnico que documenta la intervención de Coca-Cola en los manantiales, incluyendo el recubrimiento con concreto y láminas de metal.
El mismo informe señala que la intervención física de los manantiales incumple obligaciones ambientales, al alterar la dinámica hidrológica y afectar la cobertura boscosa en un área de especial importancia ecosistémica, próxima al Parque Natural Chingaza.
Además, la CAR recomienda la implementación de un plan de “conservación, restauración y recuperación” de los siete manantiales afectados. No obstante, la historia de la relación entre la autoridad ambiental y la multinacional está marcada por episodios de permisividad.
En 2010, la CAR detectó que la empresa había explotado el recurso durante cuatro años sin licencia. El informe oficial de la entidad señala: “La Industria Nacional de Gaseosas S.A. - Sucursal Manantial, no dispone de concesión de aguas, desde el 7 de febrero de 2006 a la fecha y, en consecuencia, la derivación de caudales que se ha efectuado de los nacederos localizados en los predios El Nogal, Buenavista y El Manantial, durante este periodo, ha sido ilegal”, según consta en el documento de la CAR citado por El Reporte Coronell.
El alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, confirmó en diálogo con La W que durante una visita a los siete nacederos se constató la existencia de estructuras de concreto utilizadas para captar y conducir el agua hacia la planta de embotellamiento.
Hernández detalló que, aunque actualmente la temporada invernal ha incrementado la disponibilidad de agua, el suministro al casco urbano no está garantizado al 100 %. “Todas las noches sobre las 23:00 nos toca cerrar las llaves aproximadamente unas tres horas, los sábados tipo 14:00 o 15:00 también debemos suspender el servicio”.
Además, mandatario local diferenció entre los pagos que la empresa realiza al municipio por concepto de impuestos y las compensaciones por la captación de agua. Según Hernández, en el último año Coca-Cola pagó aproximadamente 1.300 millones de pesos en impuestos locales, pero las compensaciones por el uso del recurso hídrico no llegan directamente al municipio y resultan irrisorias frente al volumen explotado.
“No es posible que una multinacional pueda pagar 11 millones de pesos al año por extraer millones de litros de agua y las veredas cada vez ven su afluente hídrico más disminuido”, afirmó María del Mar Pizarro en El Reporte Coronell.
La representante también cuestionó la legalidad de la prórroga de la concesión, señalando que el artículo 55 del Código Nacional de Recursos Naturales establece que ninguna concesión puede extenderse más allá de diez años.
Sin embargo, la multinacional ha operado durante más de cuarenta años, con periodos en los que captó agua sin título habilitante, según los registros de la CAR.
El debate se intensifica por la falta de transparencia y la aparente negligencia de la autoridad ambiental. “La CAR está siendo negligente y sí está favoreciendo a la industria. Cuando les pedimos que respondan de fondo, las respuestas suelen ser cientos de archivos que no están digitalizados correctamente o no nos dan la respuesta concreta”, denunció Pizarro.
La congresista también subrayó que la fórmula legal para calcular el pago por concesión de agua es insuficiente y requiere una reforma para reflejar el verdadero valor del recurso. Mientras tanto, la decisión sobre la renovación o no de la concesión sigue pendiente.
La comunidad de La Calera y defensores de derechos humanos insisten en que la prioridad debe ser el acceso al agua para la población local, especialmente en épocas de sequía, y exigen que la CAR actúe en defensa del interés público y los ecosistemas estratégicos.
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