Militar secuestrado por las Farc cuestionó la sentencia de ocho años a exlíderes de la guerrilla: “Una bofetada a las víctimas”

El 16 de septiembre de 2025, se conoció el fallo de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que impone una sentencia restaurativa de ocho años a siete exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc, lo que generó una reacción de profundo rechazo del general (r) Luis Mendieta.

El oficial retirado, que fue víctima de secuestro por parte de esa guerrilla en 1998 durante la toma de la base de Policía de Mitú, en el Guaviare, y liberado en junio de 2010, expresó su inconformidad con la decisión judicial, señalando que los procesados debieron ser excluidos de la JEP y sometidos a la justicia ordinaria.

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Según el general Mendieta, los excabecillas de las Farc no cumplieron con los principios fundamentales de la JEP, que exigen la entrega de verdad, justicia y reparación a las víctimas. Por ello, las víctimas pidieron la exclusión y que recibieran todo el peso de la ley colombiana.

“Ellos no habían contribuido con la verdad, no habían contribuido con la reparación y, mientras no haya reparación, pues no hay justicia. Por lo tanto, se solicitaba la exclusión de ellos de allí y que se sometieran al juicio para ver si los condenaban a 20 años de prisión”, dijo en diálogo con Semana.

El general retirado manifestó que la decisión de la jurisdicción fue recibida con sorpresa y desilusión por parte de las víctimas, al considerar que representa “una bofetada para las víctimas, pero estaba previsto”. Mendieta también expresó su preocupación por el hecho de que, durante las audiencias, representantes de los ministerios y de entidades estatales ofrecieron a las Farc una asignación presupuestaria para que los exguerrilleros pudieran cumplir las penas impuestas, lo que implica que los recursos para el cumplimiento de las sanciones provendrían de los fondos públicos de los colombianos.

En cuanto a la naturaleza de las penas, el general Mendieta explicó que las mismas Farc participaron en el diseño de las sanciones que cumplirán, las cuales se estructuran en torno a cuatro ejes: unidad de búsqueda de personas desaparecidas, memoria histórica, medioambiente y desminado. Expresó su desacuerdo con este enfoque, señalando que no responde a las expectativas de justicia de las víctimas.

La sentencia restaurativa de la JEP recae sobre Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillos, Rodrigo Granda Escobar, Pastor Alape Lascarro, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel Redondo. En el proceso, se destacó que la guerrilla de las Farc utilizó el secuestro durante décadas como mecanismo de financiación de la organización armada en diferentes regiones del país, para presionar un “intercambio humanitario” por guerrilleros presos y para fortalecer su política de control social y territorial.

A pesar de la sanción, los implicados en el proceso no cumplieron su condena en un centro penitenciario. En lugar de encarcelamiento, los exjefes guerrilleros estarán sometidos a un sistema de monitoreo mediante un dispositivo electrónico, aunque la JEP no ha especificado aún el tipo de dispositivo ni los detalles de su implementación. Las obligaciones impuestas se distribuyen en cuatro áreas fundamentales.

En primer lugar, deberán aportar información precisa sobre las zonas del país que continúan afectadas por minas antipersonal, contribuyendo así al desminado humanitario. Además, se les exige colaborar en la localización de más de 4.000 personas reportadas como desaparecidas en el contexto del caso, lo que representa un compromiso directo con la búsqueda de desaparecidos.

El tercer eje de la sanción se orienta a la reparación medioambiental, obligando a los sancionados a asumir responsabilidades por los daños ocasionados en territorios que sufrieron desplazamientos masivos y deterioro ambiental a raíz del conflicto armado. Finalmente, la medida contempla acciones de memoria histórica y reparación simbólica, que incluyen la promoción de monumentos, actividades conmemorativas y espacios de diálogo destinados a fortalecer la verdad y la reivindicación de las víctimas.

Uno de los aspectos más debatidos de la decisión radica en que la sanción no restringe la participación política de los exlíderes de las Farc. Así, Julián Gallo podrá continuar ejerciendo su cargo como senador de la República, mientras que los demás sancionados, una vez cumplido el periodo de condena, tendrán la posibilidad de postularse o mantenerse en escenarios políticos, siempre bajo la condición de no incurrir en conductas que revictimicen.

La medida aún debe superar el proceso de apelación ante el Tribunal de la JEP, instancia que determinará su firmeza. Hasta que esto ocurra, las sanciones no serán definitivas, aunque ya se han establecido las condiciones y alcances de la decisión.