
Salomón Majbub, director del Observatorio de Drogas y Economías Ilícitas de Indepaz, analizó el impacto de la descertificación de Estados Unidos a Colombia y el balance de la política contra el narcotráfico de los últimos años.
Majbub advirtió en una entrevista con El Colombiano que desde 2017 la cifra de cultivos de hoja de coca ha seguido en aumento y que esto no se debe únicamente a una administración específica, ya que los gobiernos anteriores también comparten responsabilidad.
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El funcionario subrayó que durante el mandato de Gustavo Petro las incautaciones de cocaína reportaron cifras históricas: “Según el Ministerio de Defensa, desde el 7 de agosto del 2022 al 30 de junio del 2025 se han incautado 2.345 toneladas de cocaína, un 65% más de lo que se venía incautando”, señaló Maljub.
No obstante, para el director del instituto, la incautación es una especie de “estratagema”, pues el incremento en los decomisos responde a una mayor producción de cocaína, convirtiéndose en un mecanismo funcional para regular el precio en los mercados ilícitos.

“Es una realidad que durante el Gobierno de Gustavo Petro las incautaciones han tenido cifras que otros gobiernos no. (...) No obstante, la incautación es una estrategia engañosa, ya que hay más incautación porque hay mayor producción de cocaína que antes, y terminan las incautaciones siendo funcionales a la regulación del precio de estas sustancias“, expuso Salomón Maljub en diálogo con el citado medio
El director del Observatorio remarcó que los gobiernos recientes han mantenido el mismo “libreto” en materia de lucha contra las drogas: “Todos han seguido apostando a erradicar de manera forzosa, utilizar la fumigación terrestre con glifosato y reclamar a la Corte que permita la aspersión aérea”, sostuvo.
Maljub también criticó que, aunque se han ofertado programas de sustitución de cultivos, estos carecen de integralidad con la reforma rural o sostenibilidad financiera real y no han transformado las condiciones territoriales donde operan los grupos armados ilegales. Al evaluar las acciones gubernamentales recientes, el representante de Indepaz expresó que el actual gobierno repite enfoques prohibicionistas que priorizan la erradicación y las incautaciones.
“El gobierno con motivo de orgullo anuncia que es el gobierno que más ha incautado drogas y el que más ha impedido que llegue más droga a Estados Unidos, pero, como dijimos anteriormente, las estrategias de incautación son un espejismo”, matizó.
Uno de los señalamientos más fuertes de Maljub lo focalizó en la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) con más de 99.000 familias campesinas que firmaron acuerdos en 2016 y 2017. “Los funcionarios de este gobierno se distrajeron tratando de reformular el Pnis, en vez de enfocar sus recursos y energías en cumplirlo para así ganar legitimidad y lograr sumar más poblaciones a nuevas apuestas de sustitución”.
La posibilidad de retornar a las aspersiones aéreas con glifosato, según Maljub
Respecto al reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de un presunto retorno a la aspersión aérea con glifosato, Majbub aclaró que esa no es una solución viable: “Ni la fumigación ni terrestre ni aérea con herbicidas debería ser implementada. Las afectaciones a la salud humana, a los ecosistemas y animales por cuenta de esas estrategias son irreparables”. Mencionó el caso de Yaneth Valderrama, campesina que perdió a su bebé y su vida tras ser fumigada durante el embarazo.
Sobre la reacción oficial ante la presión estadounidense, afirmó: “Este anuncio del presidente Petro lo entendimos en un contexto de presión e incertidumbre que tenía el gobierno colombiano por la decisión del gobierno Trump de certificar o descertificar a Colombia; lo entendimos como una reacción, como último esfuerzo por llamar la atención del Gobierno estadounidense”.

El director del Observatorio de Drogas de Indepaz consideró que si la decisión de reactivar la aspersión aérea se hubiera tomado antes, probablemente habría influido en la certificación de Estados Unidos. Además, el funcionario señaló que la certificación es vista como un mecanismo para forzar las estrategias de la “guerra contra las drogas” impuestas desde fuera.
Por último, Majbub sostuvo que el impacto de la descertificación no recae en los programas sociales, ya que estos “eran por medio de Usaid, agencia que Trump acabó en sus primeros meses de gobierno”. La recomendación, según su análisis, es que Colombia aproveche la coyuntura para buscar alternativas soberanas, como la regulación de mercados de marihuana y cocaína, incorporando activamente a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
“El país debe aprovechar la ventana de oportunidad que se abrió, ya que Estados Unidos no impuso sanciones económicas ni recortes militares, para ensayar otras formas de hacer de estos mercados menos violentos y más justos y reparadores.”, concluyó Maljub.
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