Un informe reciente de la Contraloría General reveló un daño fiscal superior a $5.670 millones en la Aeronáutica Civil.
El hallazgo se relaciona con contratos para la operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas en varios aeropuertos de la regional centro sur, suscritos sin las licencias ambientales y permisos requeridos por la normativa vigente.
Además, el organismo de control advirtió sobre el bajo avance en el programa de modernización de aeropuertos en regiones apartadas, lo que podría afectar la conectividad y el bienestar de las comunidades involucradas.
El daño fiscal fue identificado tras una auditoría financiera, en la que la Contraloría General detectó que la Aeronáutica Civil contrató el mantenimiento y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, potables e industriales en los aeropuertos bajo su administración, sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones ambientales exigidas.
Esta situación constituye una irregularidad administrativa de alto impacto económico.
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La legislación colombiana exige que, para operar y tratar agua potable en una terminal aérea que disponga de este sistema, es indispensable obtener la autorización de Concesión de Aguas por parte de la Corporación Autónoma Regional correspondiente.
Así lo detalló la Contraloría General, que también precisó que, en el caso de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), el propietario o concesionario debe gestionar el Permiso de Vertimientos ante la misma autoridad ambiental.
La ausencia de estos documentos no solo infringe la ley, sino que, según el órgano de control, “contratar la operación y mantenimiento de estos sistemas sin tener vigentes las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes es, además de violar las leyes y normas vigentes, poner en severo riesgo de afectación a la salud de las personas que utilizan o visitan tales aeropuertos, así como a las personas que habitan en cercanías a éstos, para el caso de las aguas residuales”.
El informe detalla que en los aeropuertos de Villagarzón, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Leticia no existen permisos vigentes para las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) ni concesión de aguas. Por otra parte, en Villagarzón, San Vicente del Caguán, Puerto Asís, Pitalito, Neiva, Mariquita, Guaymaral y Florencia se identificó la ausencia de permisos para los vertimientos de las Ptar. Esta situación afecta tanto a los usuarios de las terminales aéreas como a los habitantes de las zonas aledañas, quienes podrían verse expuestos a riesgos sanitarios derivados de la gestión inadecuada de las aguas residuales.
La Contraloría General también alertó sobre la baja ejecución del Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales, una iniciativa destinada a mejorar la conectividad de las regiones más apartadas del país mediante la modernización de la infraestructura aeroportuaria. El programa, que ya comprometió recursos por más de $377.000 millones, contempla la intervención y mejoramiento de pistas, calles de rodaje, plataformas, franjas y cerramientos en 14 aeródromos priorizados, entre los que se encuentran Bahía Solano, Bajo Baudó, Barrancominas, Cumaribo, La Primavera y Magüí Payán.
“Con el fin de adelantar una primera etapa del programa, la AEROCIVIL comprometió recursos por más de$377.000millones, mediante el Convenio Interadministrativo 23001315 H3 de 2023 ($ 13.256 millones) y el Contrato Interadministrativo 23001314 H3 de 2023 ($363.763 millones), con el Ejército Nacional y ENTerritorio, respectivamente, con plazo de ejecución desde2022 hasta mayo de 2025,para realizar obras en seis (6) aeródromos, los de Bahía Solano, Bajo Baudó, Barrancominas, Cumaribo, La Primavera y Magüí Payán, aunque solo se reporta avances físicos en los aeródromos de Cumaribo (8,47%) y La Primavera (6,28%), se lee en el texto de la Contraloría.
A pesar de la magnitud de la inversión y la importancia estratégica del programa, la Contraloría advirtió que, al cierre del 31 de diciembre de 2024, el avance físico ponderado de las obras apenas alcanzaba el 2,31%, aunque el plazo de ejecución está previsto hasta mayo de 2025. Esta demora pone en entredicho la capacidad de respuesta institucional y amenaza con prolongar las dificultades de acceso y desarrollo en las comunidades beneficiarias.
Si la situación persiste, las comunidades de las regiones apartadas enfrentarán mayores dificultades para acceder a servicios aéreos y verán incrementados los costos y tiempos de espera, alejándose de las expectativas y compromisos asumidos por las autoridades.
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