El historial médico de Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como “Don Berna”, se convirtió en el eje de la más reciente estrategia legal para obtener su libertad condicional en Estados Unidos.
Los abogados del exjefe paramilitar presentaron ante el juez Richard Berman un informe que detalla su delicado estado de salud, con el objetivo de lograr su excarcelación tras 17 años de reclusión por una condena de 31 años por narcotráfico.
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El Espectador reveló que la defensa argumentó que Murillo Bejarano padece amputación por encima de la rodilla, prediabetes, próstata aumentada con infecciones urinarias crónicas, colesterol alto, dolor lumbar y atrofia muscular.
La solicitud, presentada como una petición de “libertad por motivos humanitarios”, fue rechazada de manera categórica por el juez Berman, quien consideró que el cuadro clínico del interno no cumple con las condiciones “extraordinarias y convincentes” que exige la legislación estadounidense para conceder este beneficio.
En la decisión judicial se señala que “Don Berna deambula en la prisión de manera independiente con un andador de cuatro ruedas” y que recibe la atención médica necesaria para sobrellevar sus enfermedades.
El juez también destacó que desde diciembre de 2023 el recluso cuenta con una nueva prótesis que, según un médico de la prisión, “funciona muy bien”. Además, el interno, de 64 años, dispone de acomodaciones de vivienda adecuadas y ha recibido 41 sesiones de fisioterapia en 2024.
La defensa de Murillo Bejarano intentó en varias ocasiones obtener la libertad por razones humanitarias. El 28 de octubre de 2024, presentó una solicitud ante las autoridades penitenciarias de Nueva York, que fue rechazada el 7 de noviembre de ese año.
Posteriormente, el 24 de diciembre de 2024, elevó la petición al Departamento de Estado de Estados Unidos, que también la negó en enero de 2025. Finalmente, el 19 de febrero de 2025, los abogados reiteraron la solicitud ante el despacho del juez Berman, quien volvió a rechazarla.
El prontuario criminal de “Don Berna” ha sido un factor determinante en la negativa de las autoridades estadounidenses. Desde su extradición en 2008, la justicia colombiana ha documentado su papel como uno de los principales líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización responsable de más de 205.000 víctimas en los años noventa, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Exparamilitares han señalado que, tras la caída del clan Castaño, Murillo Bejarano y alias Macaco asumieron el control del grupo armado ilegal, perpetrando asesinatos, desapariciones forzadas, despojo de tierras, abusos sexuales y desplazamientos forzados.
El ascenso de “Don Berna” en el mundo criminal lo llevó a ser considerado el sucesor de Pablo Escobar tras la muerte de este en 1993. Durante los últimos años del cartel de Medellín, Murillo Bejarano proporcionó información clave que permitió a las autoridades cercar a Escobar, que murió en un operativo policial el 2 de diciembre de ese año.
Entre quienes contribuyeron a consolidar su poder en Antioquia figuran Gustavo Upegui, Carlos Mario Aguilar (alias “Rogelio”) y el general retirado de la Policía Mauricio Santoyo.
Entre los crímenes confesados por Murillo Bejarano destaca su participación en la Operación Orión de octubre de 2002, cuando fuerzas estatales desplegaron un operativo en la Comuna 13 de Medellín.
Según sus declaraciones ante fiscales de Justicia y Paz, integrantes del Bloque Cacique Nutivara, bajo su mando, proporcionaron información que derivó en violaciones masivas de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) responsabilizó al Estado colombiano por la desaparición forzada de 88 personas durante esa operación.
Las víctimas de “Don Berna” denunciaron desde 2014 que su colaboración en el proceso de Justicia y Paz ha sido insuficiente, limitándose a aceptar cargos sin aportar información relevante sobre la participación de militares y policías en graves violaciones de derechos humanos.
Entre los casos más emblemáticos figuran los asesinatos de Elsa Alvarado y Mario Calderón (mayo de 1997), Jesús María Valle (febrero de 1998), Jaime Garzón (agosto de 1999) y Eduardo Umaña Mendoza (abril de 1998). También se le atribuyen los homicidios de Carlos Castaño (abril de 2004) y del exjefe paramilitar alias Doble Cero (mayo de 2004).
En marzo de 2025, familiares de las víctimas solicitaron a la Corte Suprema de Justicia la exclusión de “Don Berna” del sistema de Justicia y Paz, argumentando su falta de colaboración en el esclarecimiento de los hechos.
Interceptaciones publicadas por El Espectador el 1 de septiembre revelaron que Murillo Bejarano y su equipo legal evaluaron la posibilidad de presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque finalmente descartaron esa vía por considerarla inviable.
En junio de 2025, Murillo Bejarano renunció a su papel como gestor de paz, función que había asumido en noviembre de 2024 tras ser designado por el presidente Gustavo Petro junto a otros exjefes paramilitares como “Jorge 40”, “Macaco”, Ramón Isaza, “El Águila”, “Jorge Pirata” y “Cuco Vanoy”. Uno de sus abogados en Colombia explicó que la renuncia se debió a “los incumplimientos y enfrentamientos con el comisionado de paz, Otty Patiño”.
Por su parte, Michel Pineda, integrante de la defensa, afirmó que “Don Berna” habría entregado más información sobre los desaparecidos en La Escombrera de Medellín si se hubiera logrado un cambio de prisión en Estados Unidos.
El expediente judicial de Murillo Bejarano también recoge detalles sobre las secuelas físicas que arrastra desde 1989, cuando la guerrilla del EPL intentó asesinarlo en Medellín mientras actuaba como sicario para Pablo Escobar y otros narcotraficantes.
Una persona que gestionó sus asuntos judiciales relató que, tras ese atentado, una bala quedó alojada en su columna, otras le causaron la reconstrucción de la mandíbula y la amputación de una pierna. “Se salvó de milagro”, declaró esta fuente al medio citado.
Antes de su extradición en mayo de 2008, “Don Berna” permanecía en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, tras haberse desmovilizado en 2003 junto con el Bloque Cacique Nutibara. En Colombia, enfrenta acusaciones por homicidio, desplazamiento, reclutamiento y desaparición forzada. Parte de la justificación para su extradición fue que, incluso desde prisión, continuaba impartiendo órdenes para asesinar a líderes políticos.
En el contexto de sus intentos por obtener la libertad en Estados Unidos, Murillo Bejarano también solicitó al gobierno de Gustavo Petro su repatriación como gestor de paz.
No obstante, el 5 de junio de 2025, junto a otros 16 exjefes paramilitares, suspendió su colaboración con el Gobierno nacional tras desacuerdos con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, dirigida por Otty Patiño.
La decisión del juez Richard Berman subraya la gravedad de los delitos cometidos por Murillo Bejarano: “lideró una organización terrorista, traficaba toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, tráfico de armas, amenazas a testigos y lavado de activos. Esos factores hacen que no se contemple ningún tipo de reducción a su pena a Diego Fernando Murillo Bejarano”. Actualmente, el exjefe paramilitar ha cumplido 17 de los 31 años de condena impuestos por narcotráfico en Estados Unidos.
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