Alcaldía de Bogotá frenó la entrega de subsidios a indígenas embera que ocupen las UPI La Rioja y La Florida

El cese de las transferencias monetarias para los hogares indígenas embera que permanecen en las Unidades de Protección Integral (UPI) La Rioja y La Florida marca un nuevo capítulo en la política de atención a esta comunidad en Bogotá. La Secretaría de Integración Social anunció que, tras el retorno de más de 1.400 indígenas embera a sus territorios de origen, quienes optaron por quedarse en estos espacios de alojamiento ya no serán beneficiarios de los apoyos económicos del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Según explicó la entidad, estos recursos están destinados exclusivamente a los hogares embera que participan en los procesos de retorno, reubicación o integración local. La medida afecta a quienes, de manera voluntaria, decidieron no regresar a sus territorios ni acogerse a las rutas distritales de integración, prefiriendo continuar en La Rioja o La Florida.

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La disposición del Distrito abarca todas las modalidades de apoyo: desde las transferencias del componente de víctimas con pertenencia étnica para el cabildo Jaidrúa, hasta los recursos asignados por listados de pagadiarios, Sisbén o procesos de retorno. La Secretaría de Integración Social precisó que “el Distrito recopilará la información y realizará las validaciones necesarias para determinar quiénes son las personas que hacen parte de los procesos de retorno, reubicación e integración local que recibirán los apoyos distritales por una única vez excluyendo a aquellas personas que no manifiesten su deseo de hacer parte de estos procesos y que se encuentren en los lugares especiales de alojamiento”.

La Alcaldía de Bogotá fundamentó esta decisión en el hecho de haber garantizado el retorno de 1.464 miembros de la comunidad indígena y de haber sostenido, durante más de un año, el giro de recursos para el mantenimiento de estas familias. Según cifras oficiales, la inversión superó los $25.000 millones mientras la comunidad permaneció en la ciudad. Para facilitar la consolidación de la vida de los embera en sus territorios de origen, se destinaron más de $1.800 millones en transferencias monetarias a más de 780 hogares.

Las autoridades distritales instaron a la comunidad indígena a acatar estos lineamientos y a proteger los recursos colectivos que buscan garantizar el bienestar de la población vulnerable. Además, hicieron un llamado al Gobierno nacional para que mantenga su respaldo, con el objetivo de que los procesos de retorno, reubicación e integración local sean sostenibles y aseguren condiciones de dignidad y seguridad para cada hogar.

El 8 de septiembre de 2025, la primera fase del retorno se desarrolló en el Parque Nacional, donde, según datos de la Secretaría de Integración Social, 500 indígenas aceptaron regresar a sus lugares de origen. No obstante, 113 personas de la comunidad decidieron permanecer en el sitio y no abordar los buses dispuestos para su traslado.

La negativa de este grupo, de acuerdo con la consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación de Bogotá, Isabelita Mercado, no obedeció a una decisión individual, sino a la influencia de Fernando Queragama, quien habría condicionado la salida a la entrega de reconocimientos económicos. Mercado detalló que “a funcionarios del equipo de la Consejería les cobra en un día 25 millones de pesos y al otro día a los del Ministerio Público les pide 30 millones de pesos”.

El proceso de retorno continuó el 10 de septiembre con la salida de los indígenas asentados en la UPI La Rioja. Sin embargo, cerca de 100 personas no viajaron, luego de que un vocero exigiera dinero o contratos al Distrito como condición para el retorno. Ante esta situación, Miguel Silva, secretario general de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, anunció a través de su cuenta de X que se interpuso una denuncia contra Fernando Queragama. Silva explicó que la acción legal se fundamenta en la presunta solicitud de $30 millones para permitir el retorno y en la instrumentalización de menores de edad.

Silva afirmó en redes sociales que “como servidores públicos estamos en la obligación de poner en conocimiento de la justicia este tipo de situaciones. Hemos brindado todas las garantías y acompañamientos a la población Emberá, facilitando el retorno a sus territorios en un trabajo articulado con el Gobierno Nacional”. El funcionario también subrayó que el Distrito dispuso toda la oferta para que quienes no deseen retornar puedan acogerse a procesos de integración local, pero advirtió: “no vamos a permitir que se instrumentalice a los menores de esta manera”.