El Ministerio de Trabajo dio a conocer la apertura de un proceso administrativo sancionatorio contra la empresa de Energía de Pereira (Enerpereira), luego de que una inspección realizada los días 8 y 9 de septiembre arrojara posibles incumplimientos en materia laboral.
El ministro Antonio Sanguino informó sobre estos hallazgos mediante un comunicado en su cuenta de X, en el que señaló que las irregularidades detectadas motivan la investigación inmediata.
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La visita del titular de la cartera laboral estuvo enmarcada en sus funciones constitucionales y legales. En la publicación citada por Semana, el ministro manifestó:
“Apreciado ministro Edwin Palma: El pasado 8 y 9 de septiembre en el marco de nuestras facultades constitucionales y legales hemos hecho una visita de inspección laboral a la empresa de Energía de Pereira, encontramos varios hallazgos de presuntas violaciones a derechos laborales que serán objeto de investigación inmediata en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio”.
El anuncio se produjo en respuesta a una solicitud previa del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien había pedido a la cartera laboral que revisara las condiciones contractuales de Enerpereira. Palma había expresado preocupación por la utilización de mecanismos de tercerización que podrían afectar los derechos de los empleados.
Dentro del balance presentado, el Ministerio de Trabajo expuso que la situación identificada incluye un número considerable de empleados tercerizados. Según la comunicación oficial, esta práctica estaría configurándose “aparentemente de forma ilegal, que además socava el derecho fundamental de Asociación Sindical”.
De acuerdo con lo informado por Sanguino en X, la cartera señaló que los propietarios de Enerpereira, la familia Ríos Velilla, también controlan la compañía Air-e, y se mencionó que “en lo laboral acostumbran a violar Derechos Laborales y Sindicales”.
El pronunciamiento del ministro Antonio Sanguino se convirtió en uno de los principales temas de debate en el sector energético y laboral, dado que se trata de una empresa clave en la prestación del servicio de electricidad en la capital de Risaralda. La inspección a Enerpereira se realizó tras varias semanas de intercambios entre los ministerios de Minas y de Trabajo, en los que se había planteado la necesidad de revisar contratos, procedimientos de contratación y cumplimiento de normativas sindicales.
Por su parte, Edwin Palma respondió también en su cuenta de X agradeciendo la actuación del Ministerio de Trabajo. En su publicación, citada por Semana, escribió: “Los dueños históricos de este país, que además tienen voces y micrófonos en los medios no pueden ser protagonistas de prácticas abusivas contra los trabajadores y seguir impunes”.
Con estas declaraciones, el ministro de Minas reiteró su llamado a garantizar que las condiciones de los empleados del sector eléctrico cumplan con los estándares legales.
El proceso administrativo anunciado por el Ministerio de Trabajo dará inicio a una etapa en la que la entidad revisará los hallazgos encontrados durante la inspección, los testimonios de los trabajadores y la documentación laboral de la compañía. En esta fase se evaluará si las condiciones de tercerización identificadas corresponden a una figura legal o si, por el contrario, constituyen prácticas contrarias a lo dispuesto en la legislación laboral vigente.
Además de la investigación a Enerpereira, el Ministerio de Trabajo indicó que continuará adelantando labores de verificación en otras empresas del sector energético, con el propósito de vigilar el cumplimiento de las normas laborales y sindicales. Este tipo de inspecciones hacen parte de la estrategia de la cartera para detectar posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de los trabajadores, en especial en actividades de servicios públicos donde la estabilidad laboral y la protección sindical resultan determinantes.
La situación en Enerpereira se suma a las revisiones que ya se habían solicitado frente a la empresa Air-e, donde se habían registrado cuestionamientos relacionados con el uso de esquemas de contratación indirecta.
En ambos casos, las autoridades laborales han insistido en la necesidad de garantizar la primacía de la relación laboral directa, tal como lo establece la normatividad en Colombia.
El procedimiento administrativo sancionatorio recién iniciado podría derivar en sanciones económicas si se comprueba la existencia de faltas a la normatividad laboral. Igualmente, la compañía tendría la oportunidad de presentar sus descargos y aportar pruebas que respalden la legalidad de sus contratos y esquemas de contratación.
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