La Fiscalía Seccional Atlántico ha remitido copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, por presuntos sobrecostos en un contrato de suministros eléctricos firmado durante su gestión como agente interventor de la empresa Air-e.
La compulsa de copias, fechada el 4 de septiembre de 2025, solicita que los fiscales delegados ante la Sala Penal de la Corte Suprema asuman la indagación por posibles irregularidades en la contratación, lo que podría tener implicaciones penales para el alto funcionario, según información obtenida por Noticias RCN.
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El documento judicial señala que existen señalamientos de connotación penal contra Palma Egea, quien actualmente lidera el Ministerio de Minas y Energía en el Gobierno de Colombia.
La investigación se centra en hechos ocurridos durante su labor como agente interventor de Air-e, empresa intervenida por el Estado, y destaca que, debido a su condición de aforado según el artículo 235 de la Constitución Política, la competencia para el caso recae en la Corte Suprema de Justicia.
El medio mencionado confirmó que la compulsa busca esclarecer si hubo irregularidades en la gestión de Palma Egea al frente de la compañía.
El contrato bajo investigación fue suscrito el 25 de febrero de 2025 entre Air-e SAS y el Consorcio de Suministros Eléctricos de Colombia (SEC). El acuerdo, de carácter marco, contemplaba la adquisición de 560 artículos destinados a garantizar el suministro de materiales eléctricos para el servicio de energía en la región de la costa atlántica.
Los precios de cada elemento se fijaron de mutuo acuerdo entre las partes, según consta en los documentos revisados por Noticias RCN.
Uno de los puntos críticos de la investigación es la compra de cable desnudo para instalaciones eléctricas. El inventario de Air-e, con corte al 31 de agosto de 2024, registraba un precio unitario de 4.890 pesos por metro antes de IVA.
Sin embargo, el contrato firmado por Palma Egea estableció la adquisición de 150.000 metros de este cable a un precio unitario de 8.350 pesos, con el aval de Juan Pablo Nieto Egea, contador de Air-e. Esta diferencia representa un presunto sobrecosto del 70.76%.
De acuerdo con los cálculos presentados, el valor real de la compra habría sido de 733 millones de pesos, pero la factura final ascendió a 1.252 millones, lo que implica una diferencia de 519 millones de pesos solo en este artículo.
El documento de la Fiscalía enfatiza que, por tratarse de un funcionario aforado, la investigación debe ser asumida por los fiscales delegados ante la Corte Suprema. Además, subraya que los hechos denunciados podrían constituir delitos relacionados con la contratación pública y la administración de recursos estatales.
La magnitud del presunto sobrecosto y la relevancia del cargo que hoy ocupa Palma Egea otorgan a este caso un impacto considerable en el sector energético y en la percepción pública sobre la gestión de los recursos destinados a la infraestructura eléctrica en la costa atlántica.
El proceso judicial en curso podría sentar un precedente en la vigilancia de la contratación estatal y en la rendición de cuentas de los altos funcionarios.
En el centro de la investigación se encuentra la diferencia millonaria detectada en la compra de un solo insumo, lo que pone de relieve la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer el manejo de los fondos públicos en este contrato.
La investigación no es reciente
Las denuncias sobre sobrecostos millonarios en la compra de materiales por parte de Air-e durante la gestión de Edwin Palma han generado inquietud, especialmente tras revelarse que “usted no tiene el propósito de informar con la verdad, sino de manipular la opinión pública.
Su perfil de X dice que usted es ‘sólo hechos’ y el hecho concreto es que yo me fui de Air-e el 4 de marzo de 2025. Hasta ahí no hubo una sola compra que yo haya autorizado. Lo demás que usted construya es su verdad, pero no es la verdad objetiva.
Espero que ponga exactamente este aparte como lo he escrito, porque así no fue la vez pasada, y pues no quiero tener que pedir rectificar”, declaró Palma al ser consultado sobre su responsabilidad en la adquisición de transformadores.
El proceso de selección del Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC), encargado de la compra de materiales, estuvo rodeado de irregularidades. El jefe de Compras, Hernán Alberto Silva, invitó a tres empresas, entre ellas Macro Integral Soluciones S.A.S., creada apenas un día antes, y Innova SG S.A.S., ambas con vínculos directos con Silva y su esposa.
El 10 de febrero de 2025, Consultoría e Ingeniería Eléctrica y Macro Integral conformaron el consorcio SEC, que recibió la adjudicación del contrato firmado por Palma dos semanas después. Antes de la intervención estatal en octubre de 2024, Air-e adquiría los materiales directamente a los fabricantes, lo que permitía obtener mejores precios.
Tras la llegada de Palma como exinterventor, se instauró un sistema de tercerización mediante un contrato marco de “valor indefinido”, delegando la compra de 590 tipos de materiales a un consorcio externo.
Este mecanismo fragmentó la administración y dificultó el rastreo de los recursos públicos. En solo tres meses (abril, mayo y junio de 2025), Air-e transfirió al consorcio 23.000 millones de pesos para la compra de materiales. Por 259 transformadores de 50 KVA, la empresa pagó 3.326 millones de pesos, y por 457 unidades de 75 KVA, 7.232 millones.
El precio por cada transformador de 50 KVA fue de 12.844.000 pesos, mientras que el de 75 KVA alcanzó los 15.827.000 pesos. La Fiscalía investiga el contrato firmado por Palma, que estableció precios incluso superiores a los finalmente pagados: 14.936.055 pesos por cada transformador de 50 KVA y 17.642.106 pesos por los de 73 KVA, según la documentación revisada por la autoridad.
Los documentos entregados por Air-e respaldan estos hallazgos. Antes de la tercerización, en abril de 2024, Air-e compraba los transformadores de 50 KVA al fabricante Rymel Ingeniería Eléctrica S.A.S. por 8.400.000 pesos la unidad. Tras el cambio, el consorcio SEC adquirió los mismos equipos al fabricante por 7.800.000 pesos y los revendió a Air-e por 12.844.000 pesos, lo que representa un sobrecosto superior al 60%.
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