Petro anunció que contrato del Canal 1 llegó a su fin y que abrirá una “licitación”, pese a que vínculo actual iría hasta 2037: “Es la ley”

Con un corto, pero contundente mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre lo que -según él- pasará con la concesión aún vigente con la unión Plural Comunicaciones, en relación con la utilización del espectro electromagnético en el que opera el conocido Canal 1. Y, pese a que existen diferentes conceptos jurídicos que indican que hay un contrato a largo plazo, anunció que sacará una licitación para ser adjudicado.

“Llegó al final el contrato de canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”, indicó el jefe de Estado en su perfil de X, en el que le salió al paso al duro pronunciamiento de los concesionados, que señalaron a su administración, específicamente a la superintendenta de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, de incurrir en una “persecución sistemática contra la libertad de prensa”. Lo anterior, por investigaciones por una integración empresarial no autorizada.

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Las directivas del canal, que ahora transmite los contenidos de Caracol Radio, propiedad de Prisa Radio, expresaron su preocupación con lo que estaría sucediendo con el contrato licitado: que inicialmente se firmó en 2017 por 10 años, pero con la promulgación de la Ley 1978 de 2019, durante el gobierno de Iván Duque Márquez, se prorrogó automáticamente -según han expresado- por 10 años más. Interpretación jurídica que ha sido rechazada por el Ministerio TIC.

“Esta actuación no solo desconoce los hechos, sino que además se inscribe en un patrón de hostigamiento reiterativo de diferentes autoridades como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros, que continúan la presión política, con el propósito de debilitar a un medio de comunicación libre y democrático”, se precisó en la misiva con la que expusieron su situación.

No es la primera vez que Petro se refiere al Canal 1. De hecho, el 28 de octubre de 2024, cuando al conocerse el final de varios programas, entre ellos el noticiero CM&, invitó a los trabajadores a unirse en cooperativas. “Colombia debe tener experiencia en el cooperativismo periodístico independiente. La operación hecha por el grupo Prisa sin consulta del Gobierno no puede ser una masacre laboral ni un paso más hacia el periodismo de los grandes grupos económicos”.

Pese a que los anuncios hechos por el Gobierno han sido entendidos como un intento de expropiación de un medio de comunicación, la superintendenta Rusinque salió en defensa de las investigaciones que se adelantan contra la concesión: que apuntan a la integración que hicieron Canal 1 y Caracol Radio, que no fue, al parecer, comunicada a las dependencias respectivas. Es decir, sin informar a la SIC sobre la intención de llevar a cabo esta fusión.

“La delegatura de competencia determinó de manera preliminar que estas compañías se habrían integrado sin haber informado en debida forma a la Superintendencia. Esto, al evidenciar que se celebraron y ejecutaron una serie de contratos orientados a trasladar a Caracol Radio la gestión de los dos ejes esenciales para la operación de Canal 1, los programas presentados en el canal y la gestión de los espacios publicitarios”, expresó la funcionaria del Gobierno.

De acuerdo con Rusinque, por lo menos desde agosto de 2024 se adelantó este proceso que estaría inmerso en irregularidades. “Como se estableció preliminarmente, los programas de Caracol Radio habrían ocupado entre el 70% y el 90% de la parrilla de Canal Uno, es decir, al menos 16 horas diarias de su programación, lo que daría cuenta del control de Caracol Radio sobre Canal Uno", destacó la superintendenta de Industria y comercio sobre este caso.

En respuesta, el Canal 1 afirmó que el documento firmado en la fecha mencionada (agosto 2024) corresponde a una carta de intención sin fuerza legal. Es decir: plasmaron las partes el interés de ambas partes por iniciar negociaciones o analizar una posible transacción, pero no es un documento que haya generado compromisos jurídicos ni obligaciones contractuales para los que lo suscribieron, por lo que rechazaron las actuaciones de la SIC.