El presupuesto nacional para 2026 tiene un hueco difícil de tapar y la estrategia del Gobierno para cerrarlo ya encendió las alarmas. Entre las propuestas está aumentar los impuestos al licor, la cerveza y el tabaco, pero los expertos advierten que esa fórmula no resolverá el problema central, esos recursos no entrarían a la caja de la Nación, sino a las arcas de gobernaciones y al Distrito Capital.
El punto de partida es la cifra que el Ejecutivo presentó para el próximo Presupuesto General de la Nación (PGN) de $556,7 billones. La meta, sin embargo, choca con un déficit de $26,3 billones, equivalente al 1,4% del PIB. Para cubrirlo, la Casa de Nariño radicó la llamada Ley de Financiamiento 2025, que busca generar nuevos ingresos tributarios. Según los cálculos oficiales, el 28% de ese recaudo adicional vendría del rediseño de los gravámenes al consumo de alcohol y cigarrillos.
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En ese contexto aparece la advertencia del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. “Que el Gobierno los presente como ingresos nacionales solo desconoce la dependencia territorial, sino que también genera tensiones con las autoridades regionales”. El análisis recordó que estos tributos fueron cedidos de forma permanente a los departamentos desde 1995, por lo que contabilizarlos como parte del PGN desborda el mandato constitucional.
Las cifras muestran la magnitud de esta renta para las regiones. Solo en 2024, los impuestos al consumo de licores, cerveza y tabaco representaron la mayor fuente tributaria departamental con $5,4 billones, equivalentes al 43% de sus ingresos propios. Bogotá sumó otros $700.000 millones, llevando el total nacional a $6,1 billones.
El destino de esos recursos tampoco es menor, salud, educación y deporte. En departamentos con bajo recaudo propio, como Chocó, Vichada o La Guajira, esta renta sostiene buena parte de su presupuesto anual.
Por eso el observatorio insiste en que la discusión debe darse en otro escenario como por ejemplo una reforma tributaria territorial, acordada con los mandatarios locales y con reglas claras sobre quién recauda y en qué se invierte.
Así funcionan hoy los tributos
La Ley 223 de 1995 definió la estructura de estos impuestos:
- Cigarrillos y tabaco elaborado: tarifa mixta. En 2024 la cajetilla de 20 unidades pagó $3.725, más un 10% del precio final de venta. También hay un componente específico para tabaco en picadura. El destino es salud y atención a población vulnerable.
- Cervezas y sifones: gravamen del 48% (incluido un 8% de IVA) sobre la base del precio de venta o del valor en aduana. En refajos y mezclas, la tarifa es del 20%. De este recaudo, un 8% se destina directamente al aseguramiento en salud y a la red hospitalaria.
- Licores, vinos y aperitivos: se cobra un componente específico por grado alcohólico y un ad valorem del 25% para licores y 20% para vinos. Un 37% de esos recursos va a salud y un 3 % a deporte.
Lo que cambiaría con la nueva ley
El Gobierno defiende que los ajustes cumplen un doble objetivo, aumentar el recaudo y desincentivar el consumo de productos nocivos. El proyecto plantea:
- Alcohol: impuesto unificado para todas las bebidas, con base en el precio certificado por el Dane. El ad valorem subirá al 30%, se creará un componente específico de $1.000 por grado alcohólico por litro y el IVA pasará de 5% a 19%.
- Cerveza: incluirá a las sin alcohol en el tributo. Tarifa específica de $330 por grado alcohólico en unidad de 330 cc y ad valorem de 30%.
- Cigarrillos: mantiene el 10 % ad valorem, pero la cajetilla pasará de $4.068 a $11.200. El tabaco suelto irá de $324 a $891 por gramo. Además, los vapeadores líquidos pagarán $2.000 por mililitro y se creará un ad valorem de 30% para estos productos.
Riesgos y cuestionamientos
El Observatorio Fiscal fue enfático, ni los $7,8 billones que se esperan recaudar en 2026, ni los $10 billones proyectados para 2030 llegarán al Gobierno central. “Aunque los cambios persiguen fines loables de salud pública, el canal adecuado sería una reforma tributaria territorial. Esta debería discutirse de forma explícita entre Nación y territorios, reconociendo la titularidad de la renta y su destinación”, señaló el análisis.
A esto se suma una advertencia adicional y es que, cambios abruptos en estos gravámenes pueden incentivar el contrabando, especialmente en las fronteras donde el ingreso de licor y cigarrillos ilegales ya es un problema creciente.
Finalmente, el llamado es a la transparencia. El observatorio pide claridad en las cifras y en la forma de presentarlas, pues de lo contrario se corre el riesgo de inflar los ingresos proyectados y minimizar la magnitud del déficit.
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