Marta Lucía Ramírez arremetió contra Gustavo Petro por lo que sería el fracaso en la lucha antidrogas del Gobierno: “Hoy el país navega en coca”

Con un contundente mensaje en sus redes sociales, la exvicepresidenta, exministra de Defensa y excanciller Marta Lucía Ramírez cuestionó la política antidrogas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al que acusó de haber retrocedido en los avances en transparencia y lucha contra la corrupción logrados en las administraciones previas a su mandato, como la de Iván Duque Márquez: de la que la mujer hizo parte en su calidad de segunda al mando entre 2018 y 2022.

Ramírez, en su perfil de X, remarcó que durante el cuatrienio anterior, se adelantaron importantes reformas para prevenir la corrupción. “Sacamos adelante una ley que introdujo el compliance en el sector público y fortaleció la transparencia en la contratación estatal y en las obras de infraestructura; sin embargo, el actual Gobierno desconoció esos avances y hoy el país navega en coca, en la peor corrupción y en un aumento de gastos inútiles jamás visto”, indicó.

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Todo esto, según la exvicepresidenta, “mientras la gente muere en los hospitales por un sistema de salud moribundo”. Estas afirmaciones se conocieron en la antesala del informe que, este 15 de septiembre, presentarán el Departamento de Estado y la DEA de Estados Unidos sobre el desempeño de Colombia en el combate al narcotráfico, y que podría traer una eventual descertificación del país en combatir este flagelo, ante lo que serían los retrocesos en ese sentido.

Con este pronunciamiento, la exfuncionaria remarcó en las cifras que ya habían sido compartidas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en las que se detalló que el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia durante el último año, en un fenómeno que elevó la presión de EE. UU. Entre 2022 y 2023, la superficie sembrada con coca aumentó el 10%, alcanzando las 253.000 hectáreas, en un registro que causó fuertes reacciones.

En este balance, al menos el 48% de las plantaciones están en zonas de manejo especial como parques nacionales, reservas forestales y territorios colectivos. Es por ello que las afirmaciones de la política, antes de conocerse el informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, con el que la DEA y otros organismos federales revisan el compromiso y efectividad de países aliados frente a las drogas ilegales, fue entendida como una señal de alarma.

Es preciso destacar que una posible descertificación de Colombia –es decir, el castigo por incumplimientos en cooperación antidrogas– supondría un golpe a la relación bilateral y el acceso a recursos y apoyo logístico desde Washington, que son cruciales para el desarrollo de diferentes iniciativas. Es por tal razón que el presidente Gustavo Petro, el lunes 8 de septiembre, hizo un anuncio que fue entendido como un ‘guiño’ a las autoridades americanas.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado propuso a la Corte Constitucional reactivar la fumigación aérea con glifosato, pese a los señalamientos sobre riesgos ambientales y sanitarios, que el propio Petro había criticado durante su campaña. “Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea”, escribió el mandatario en su perfil.

Este cambio de postura del primer mandatario sorprendió tanto a aliados como a detractores y, en efecto, fue interpretado como un intento por demostrar voluntad política ante los organismos bilaterales y contener las críticas internas por el avance del narcotráfico. En síntesis, un intento desesperado para evitar una eventual medida regresiva, mientras aumenta la cifra de hectáreas cultivadas ilegalmente en zonas como Nariño, Putumayo y Norte de Santander.

La discusión no se limita al terreno del narcotráfico, pues Ramírez señaló que el Gobierno también ha fallado en atraer y potenciar la inversión privada como motor de desarrollo regional y cierre de brechas sociales. “La verdadera importancia de la inversión privada en Colombia no radica en la cantidad de millones de dólares, sino en su capacidad real de transferir recursos y tecnología al país, para innovar y diversificar nuestra producción y exportaciones”, afirmó.