“El discurso no. Los hechos. La radicalización del gobierno es cumplir su programa de gobierno al máximo, porque es el programa del cambio”, afirmó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, en respuesta a las críticas sobre la presunta reunión que convocó con los jefes de comunicación de las entidades públicas.
La frase sintetiza la intención del mandatario de intensificar la estrategia de comunicación de su gobierno y la utilización de recursos estatales para apoyar lo que él denominó “medios digitales”.
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El encuentro, que tuvo lugar el sábado en la Casa de Nariño, fue de carácter obligatorio y contó con la presencia de los jefes de comunicación de todas las entidades públicas, la mayoría de los ministros, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, el gerente del sistema de medios públicos, Hollman Morris, y el secretario de información y prensa, Augusto Cubides.
Según la investigación de Daniel Coronell, la citación, enviada el viernes, no admitía excusas y estaba programada para las 10:00 a. m., aunque la reunión comenzó con un retraso de una hora y quince minutos.
Desde el inicio, Petro habría expresado su descontento con el desempeño de los departamentos de comunicación estatales.
Recordó que semanas atrás había dado la instrucción de destinar el presupuesto de comunicación a la promoción de los “medios digitales”, algo que, según él, no se había cumplido.
Insistió en la necesidad de fortalecer la imagen del gobierno en redes sociales y contrarrestar la influencia de los “medios hegemónicos”, argumentando que esto era esencial para asegurar que su partido mantuviera el poder en 2026.
En ese contexto, advirtió a los jefes de comunicación: “si no se ponen las pilas, el fascismo llegará al poder”.
Como ejemplo de lo que consideró oportunidades desaprovechadas, Petro mencionó la conmemoración de los 500 años de Santa Marta.
Comparó la transmisión de ese evento con la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, una producción que costó 100 millones de euros, requirió dos años de preparación, 85 cámaras en 15 unidades móviles y la movilización de 1.500 personas.
En contraste, calificó la cobertura de Santa Marta como “chimba” y de baja calidad.
Durante la reunión, Hollman Morris intervino para señalar que había advertido sobre la necesidad de producir con otros estándares y atribuyó la responsabilidad final a la ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona, quien no estaba presente.
La reacción del presidente fue inmediata: elevó la voz y cuestionó si la ministra debía encargarse de la ubicación de las cámaras, insistiendo en que actitudes como esa ponían en riesgo la permanencia del gobierno frente a la derecha.
Petro reiteró en varias ocasiones la orden de “radicalizar el lenguaje” y destinar los presupuestos públicos al patrocinio de los “medios digitales”, especialmente de cara al 8 de noviembre.
Lamentó la falta de respaldo de ministros y altos funcionarios en la red social X, señalando que a menudo debía enfrentar solo los debates públicos.
Citó el caso del excanciller Álvaro Leyva, quien, según Petro, difundió falsamente que había sido retirado tambaleante de una reunión por embriaguez, y cuestionó que los demás asistentes no lo desmintieran.
En este sentido, pidió a Angie Rodríguez identificar a los funcionarios presentes que no se habían solidarizado.
El mandatario recordó además un episodio en la feria de Osaka, Japón, donde afirmó que se habían consumido 10.000 toneladas de lechona.
Criticó que los equipos de comunicación no supieran cómo apoyarlo, pues las cámaras oficiales se centraban en él durante las giras en lugar de mostrar a los visitantes disfrutando del evento.
Durante el encuentro, Petro lanzó advertencias directas a sus ministros. Aclaró que los viceministros eran designados por él y anticipó un posible deterioro en la relación con el Congreso.
Además, se dirigió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con el mensaje: “usted sabe que no va a pasar la reforma a la salud. Tiene que aplicar el plan B”, sin aclarar el significado de este plan a los presentes.
El presidente estableció un ultimátum: si para el miércoles 10 de septiembre los recursos de difusión no se habían transferido a los “medios alternativos”, comenzaría a reemplazar a los jefes de comunicación de las entidades públicas.
El asesor presidencial para comunicaciones digitales, Andrés López, reforzó la advertencia al señalar que los equipos de comunicación trabajaban poco y desconocían el entorno digital.
Entre los asistentes estuvo como observador el asesor político Germán Trejo, consultor estadounidense de origen mexicano y titular de la firma Battleground Solutions, con experiencia en campañas de candidatos demócratas, incluidas las de Barack Obama y Hillary Clinton.
No obstante, la función específica de Trejo dentro de la estrategia de “radicalización del discurso” no se aclaró durante la reunión, que concluyó tras tres horas dejando un ambiente de tensión y descontento.
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