Fiscalía imputó cargos al almirante (r) Guillermo Barrera por montaje contra Gabriel Arango Bacci

En una audiencia llevada a cabo el 10 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al almirante (r) Guillermo Enrique Barrera Hurtado por su presunta participación en un montaje que se adelantó contra el almirante de la Armada Nacional, Gabriel Ernesto Arango Bacci, relacionado con un caso de narcotráfico. Por estos hechos, el uniformado fue privado de la libertad injustamente.

En la diligencia, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia puso en conocimiento los hechos jurídicamente relevantes según los delitos “que se imputan en este acto”, que son falsedad ideológica en documento público agravado y fraude procesal en calidad de coautor y a título de dolo.

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La funcionaria sustentó la imputación en un documento suscrito el 8 de noviembre de 2007, que fue utilizado para efectuar el montaje en contra del almirante. “Este documento, el acabado de referir, fue utilizado como prueba dentro del proceso penal que se siguiera a su turno contra el almirante de la Armada Nacional, Gabriel Ernesto Arango Bacci. En este documento se consagró información que se tildó de falsa”, detalló.

Las falsedades que en su momento se endilgaron fueron tenidas en cuenta en decisiones que adoptó la Fiscalía Sexta delegada ante la Corte Suprema de Justicia en contra del almirante, que fue privado de la libertad por una medida de aseguramiento ordenada el 19 de junio de 2008. Para entonces, estaba siendo investigado erróneamente por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, debido a, supuestamente, había favorecido a organizaciones narcotraficantes para que pudieran evadir controles oficiales.

No obstante, el 3 de diciembre de 2009, el uniformado fue absuelto de los delitos imputados y dejado en libertad por orden de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Así las cosas, la fiscal delegada imputó cargos al almirante (r) Barrera Hurtado por haber buscado direccionar las decisiones de la justicia anexando un documento “bajo el rótulo de análisis operacional” para perjudicar a Bacci. “Al momento de la comisión de la conducta, contaba el señor almirante Barrera con la capacidad de comprender y de comprender sus actos, la ilicitud de sus actos y determinarse conforme a esa comprensión. Además, tenía la competencia, el conocimiento para poder dar una respuesta ajustada a derecho a la Fiscalía. Sin embargo, optó por hacerlo en sentido contrario”, detalló la funcionaria del ente acusador.

Asimismo, aseguró que el uniformado retirado actuó sin estar supeditado a alguna coacción o temor que pueda eximirlo de su presunta culpabilidad. “Por lo tanto, la Fiscalía le formula esta imputación”, dijo.

En octubre de 2020, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado condenó a la Nación por la privación “injusta” de la libertad del almirante (r), y ordenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar más de $539 millones por estos hechos. Esto, luego de que la familia de la víctima interpusiera una demanda de reparación directa por los daños ocasionados en el proceso judicial que se adelantó en contra del uniformado.

De acuerdo con los demandantes, su buen nombre y su honra se vieron seriamente afectados por las acciones del ente acusador. “Además de sufrir un daño que no estaba en el deber de soportar, cual fue el haber perdido su libertad sin que se demostrara su responsabilidad penal en los hechos que se le imputaron, el almirante (r) sufrió la afectación de su derecho a la honra y buen nombre, en la medida en que fue señalado ante la sociedad de haber cometido delitos en los cuales no tenía responsabilidad alguna”, indicó el Consejo de Estado.