El proceso de retorno de la comunidad emberá asentada en el Parque Nacional de Bogotá vivió momentos de tensión, luego de que la Alcaldía de Bogotá denunciara ante la Fiscalía General de la Nación presuntas solicitudes de dinero por parte de Fernando Manugama Sintua, identificado como líder de la comunidad.
Según las acusaciones de la administración distrital, Manugama Sintua habría exigido $25 millones para facilitar la salida del Parque Nacional y el regreso de su grupo a los territorios de origen.
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En la mañana del miércoles 10 de septiembre, se conoció el documento presentado ante el ente investigador.
La denuncia conocida por Caracol Radio sostiene que “el señor Fernando Manugama expresó únicamente accedería a retornar si se le entregaban $25.000.000 en dinero a su nombre, con el fin de gestionar e impulsar el retorno de la comunidad que representa, o de lo contrario seguirían ocupando el parque”.
El documento señala que el día 5 de septiembre de 2025, en el costado nororiental del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, se plantea el acercamiento con comunidades de la localidad de Bogotá D.C. que desde hace varios días se vienen movilizando en este espacio público.
Durante la jornada de diálogo, entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m., “se contactó a cada una de las voceras de lo comunicado con el objetivo de explicar las garantías ofrecidas para el proceso de retorno, así como las alternativas previstas para quienes no quieran decidieron no retornar”.
En este sentido, se informa que a mesa de diálogo sostenida no fue aceptada por las comunidades indígenas movilizadas en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, quienes decidieron permanecer en el espacio público y no aceptar las rutas de atención propuestas por la Administración Distrital.
Durante la mañana, la Administración Distrital expresa su preocupación por la permanencia de población indígena (mayoritariamente mujeres y niños) en escenarios de espacio público, sin condiciones adecuadas de habitabilidad y atención. Ninguna entidad distrital dio la orden de intervención de la fuerza pública, ni tampoco la Secretaría Distrital de Integración Social.
Impedimento de acceso a servicios a 60 niñas y niños
La relación entre líderes comunitarios y autoridades en el proceso de retorno de la comunidad Embera asentada en el Parque Nacional de Bogotá ha escalado en tensión, luego de que funcionarios del Distrito denunciaran impedimentos en las acciones orientadas a garantizar los derechos de las familias y, en especial, de los menores de edad.
De acuerdo con información divulgada por la Secretaría Distrital de Integración Social (Sdis), Fernando Queragama, integrante de la comunidad, habría restringido el acceso de equipos distritales a las familias para informarles de la oferta institucional y la posibilidad de traslado al Centro de Alojamiento Temporal La Florida.
En este contexto, la SDIS manifestó abiertamente su rechazo a estos actos, señalando que “al llevar a las niñas y niños de su comunidad a una situación altamente vulnerable, obstruye la garantía de sus derechos y lesiona sus condiciones de vida. Actuaremos en consecuencia desde el Gobierno Distrital”, afirmó Roberto Angulo, secretario distrital de Integración Social, según declaraciones recogidas por fuente institucional.
El desencuentro se agudizó tras la decisión del vocero Queragama de no permitir que las 60 niñas, niños y adolescentes que permanecen en el parque accedan a los servicios educativos y de integración social ofrecidos por el Distrito, como los cupos en los Centros Amar y en colegios donde recibirían alimentación y atención integral.
Frente a esta situación, Isabel Segovia, secretaria de Educación del Distrito, fue enfática: “El derecho a la educación de las niñas y los niños de la comunidad Emberá bajo ninguna circunstancia puede ser objeto de chantaje. Es inaceptable que los derechos de los estudiantes se vean vulnerados en función de intereses particulares”.
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