Una fotografía en poder de la Fiscalía ha situado en el centro del debate público a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín y actual candidato presidencial Daniel Quintero.
La imagen, obtenida por El Colombiano, muestra a Quintero Calle junto a varios funcionarios y un abogado penalista, todos señalados en investigaciones por presunta corrupción en Medellín y manejo irregular de contratos públicos en entidades de la ciudad.
Este material gráfico, junto con testimonios y documentos, refuerza la hipótesis de la existencia de una red de poder que habría operado durante la administración de Daniel Quintero entre 2020 y 2023.
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La fotografía, captada en abril de 2020 en una finca, retrata a Miguel Quintero Calle como figura central, acompañado por Álvaro Alonso Villada García, entonces subdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) e imputado por celebración indebida de contratos; Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, sancionado por la Procuraduría e investigado penalmente; Wilder Echavarría, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), señalado por contratistas de solicitar comisiones y con un proceso pendiente en la Personería Distrital; y Edinson López Cañas, abogado penalista conocido por asesorar a presuntos cabecillas de la organización criminal La Oficina y participar en los diálogos de paz urbana.
Según El Colombiano, la imagen ilustra la cercanía entre estos actores, quienes, de acuerdo con testigos, mantenían vínculos desde su juventud en el barrio Tricentenario y compartían intereses en la gestión pública.
Las investigaciones en curso, priorizadas por la Fiscalía, apuntan a la triangulación de contratos entre el Amva, Metroparques, el Inder y la EDU, entidades representadas por los protagonistas de la fotografía.
Testimonios recogidos por El Colombiano sostienen que Miguel Quintero Calle actuaba como “poder detrás del poder” en estas instituciones, coordinando la adjudicación de contratos y, presuntamente, solicitando sobornos a través de intermediarios como Wilder Echavarría.
La Fiscalía ha recopilado material probatorio, incluyendo conversaciones de Whatsapp y fotografías, que respaldan las declaraciones de los testigos.
El presunto modus operandi de la red consistía en modificar los estatutos de las entidades para permitir contrataciones directas de mayor cuantía sin la aprobación de las juntas directivas.
Además, se utilizaban convenios interadministrativos para transferir recursos entre entidades y, posteriormente, subcontratar a empresas seleccionadas sin licitación pública.
Según la Veeduría de Medellín y testimonios citados por El Colombiano, este esquema facilitó la tercerización irregular y el direccionamiento de contratos, generando sobrecostos y favoreciendo a particulares vinculados a la red.
Entre los casos emblemáticos investigados se encuentra el del Parque de las Aguas, donde el AMVA y Metroparques suscribieron un contrato interadministrativo que derivó en la adjudicación de $2.414 millones a la firma Constru Americana para mantenimiento, y $243 millones para la construcción de un hangar que, según la Fiscalía, no cumplió con los requisitos técnicos.
Nueve personas están acusadas en este proceso, incluyendo a Villada y Liévano, ambos presentes en la fotografía. Otro caso relevante es el de los contratos con Cyan Eventos y Logística, donde se detectaron retiros en efectivo por $2.000 millones y un presunto peculado de $3.000 millones, por el cual el representante de la firma, Mauricio Jaramillo Botero, enfrenta una solicitud de condena de 33 años de prisión junto a otros exfuncionarios.
Asimismo, la adjudicación de cinco mil millones a Reforestadora El Líbano para el cuidado de zonas verdes en Medellín involucra a Liévano, Natalia Urrego y Luz Eliana Henao, y se investiga la posible influencia de Asdrúbal Vélez, conocido como “El Montañero”, asesinado en marzo del año pasado.
Los testimonios recogidos por El Colombiano describen un ambiente de intimidación hacia testigos y acusados.
Según investigadores consultados por el medio, las presiones habrían comenzado con acercamientos “amigables” de Miguel Quintero, en los que se aseguraba a los implicados que los fallos judiciales serían favorables gracias a gestiones ante la Fiscalía y los juzgados.
En algunos casos, la intimidación habría escalado con la intervención de personas vinculadas a organizaciones criminales, quienes transmitían mensajes disuasivos. Edinson López Cañas, abogado de varios de los implicados y asesor de la Mesa de Paz Urbana, negó rotundamente cualquier participación en amenazas, calificando las acusaciones de “absolutamente falsas, calumniosas e injuriosas”.
López sostuvo ante El Colombiano que su relación con Miguel Quintero y Liévano es de amistad de larga data, y que su labor profesional se limita a la defensa jurídica y la asesoría en procesos de paz urbana.
El perfil de los principales involucrados revela trayectorias marcadas por cargos públicos y procesos judiciales.
Álvaro Alonso Villada García, con antecedentes en Planeación Departamental y el AMVA, enfrenta cargos por celebración indebida de contratos y peculado.
Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, fue sancionado con destitución e inhabilidad por nueve años y está vinculado a varios procesos penales. Wilder Echavarría, señalado como ficha de Miguel Quintero en la EDU, modificó el manual de la entidad para facilitar contrataciones y enfrenta una investigación por el contrato del Centro Intergeneracional Moscú.
Miguel Quintero Calle, por su parte, ha sido señalado por testigos como el artífice de la red de cobro de comisiones y el verdadero decisor en la adjudicación de contratos durante la administración de su hermano.
En los últimos meses, la Fiscalía y la Policía Judicial han intensificado las diligencias en las entidades implicadas. Según información obtenida por El Colombiano, agentes han realizado visitas al Amva y han incautado correos electrónicos de exfuncionarios como Laura María Mejía Higuita, quien figura entre los acusados en el caso del Parque de las Aguas junto a Villada, Liévano, María Eugenia Domínguez y Viviana del Valle.
Las investigaciones continúan abiertas y se extienden a otros funcionarios, como Juan David Palacio, exdirector del Amva, señalado por algunos testigos como cercano a Miguel Quintero, aunque él ha negado tal vínculo.
En medio de las acusaciones y el avance de los procesos judiciales, los implicados han defendido su inocencia y atribuido las denuncias a motivaciones políticas y mediáticas.
Edinson López Cañas, en declaraciones a El Colombiano, insistió en que las investigaciones han puesto en entredicho su labor en los diálogos de paz urbana y han contribuido a la construcción de relatos que, según él, buscan criminalizar su ejercicio profesional.
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