La tarde del domingo 7 de septiembre, El Tambo, en el departamento del Cauca, se convirtió en escenario de una de las asonadas más graves de los últimos años contra la fuerza pública.
Un total de 72 militares —entre ellos tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados— fueron secuestrados en la vereda Los Tigres, corregimiento de Honduras, mientras adelantaban operaciones contra estructuras ilegales ligadas al narcotráfico y la criminalidad en la zona.
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De acuerdo con el reporte oficial del Ejército Nacional, la retención fue ejecutada por miembros de la población civil, bajo la influencia e instrumentalización de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, comandadas por alias Iván Mordisco.
Según la información preliminar, cerca de 600 personas rodearon al contingente de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, lo que impidió la continuación de la Operación Perseo II y el bloqueo de los movimientos de los uniformados en el estratégico Cañón del Micay, eje de disputas territoriales y rutas de narcotráfico.
Las autoridades determinaron que este tipo de acciones —donde la comunidad actúa bajo constreñimiento y presión de grupos armados ilegales— constituye un patrón creciente en regiones afectadas por el conflicto.
Tan pronto se conoció el secuestro, se estableció comunicación directa con Edward Rubiano, presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Tigres, y con la Defensoría del Pueblo, como parte de los esfuerzos para buscar una mediación que lleve a la pronta liberación de los militares.
El Ejército dispuso medidas de seguridad y exigió que no se dividieran ni se dejara quitar el material de intendencia, mientras se aguardaba una resolución.
La senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial por el Centro Democrático, instó a reforzar la protección jurídica de los uniformados y a perseguir sin tregua a quienes los atacan y secuestran, al señalar que los hechos constituyen una flagrante violación de los derechos humanos.
El nuevo episodio en el Cauca aumenta la alarma de inseguridad a nivel nacional en medio de una escalada de asonadas y secuestros de militares en diferentes rincones del país. En las últimas semanas, otras tres regiones estuvieron en el ojo de la tormenta:
Asonadas recientes en Tumaco Putumayo y Guaviare
En Tumaco, Nariño, el mismo domingo, pero en horas de la mañana, se reportó una asonada cuando tropas de la Fuerza de Tarea Hércules y el Batallón de Selva No. 53., con apoyo aéreo, hallaron un laboratorio de cocaína en la vereda La Mina.
Según información proporcionada por la Tercera División del Ejército, alrededor de 150 civiles —constreñidos y controlados por el grupo Oliver Sinisterra— intentaron impedir la operación y la captura de un cabecilla, lo que generó un clima de violencia y amenaza directa contra la tropa.
En el caso de Villagarzón, Putumayo, el 3 septiembre, dos militares sufrieron graves quemaduras al ser rociados con gasolina y atacados durante la destrucción de un laboratorio ilegal. El incidente, que generó condena nacional e internacional, fue adjudicado a acciones promovidas por el grupo Comandos Frontera y se asoció a presiones directas sobre civiles para instigar asonadas y sabotajes violentos.
Por otra parte, en El Retorno, Guaviare, el 26 de agosto, 33 militares fueron secuestrados en la vereda Nueva York por miembros de la comunidad local, también bajo presión de las disidencias.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, catalogó el hecho como un secuestro y anticipó consecuencias judiciales para los responsables. La acción buscaba obstaculizar un operativo contra estructuras armadas ilegales que continúan manteniendo influencia a través de la instrumentalización de la población.
Mientras continúa la mediación para liberar a los 72 uniformados en el Cauca, el Gobierno y las Fuerzas Militares reafirmaron su rechazo a estas prácticas y mantienen vigilancia militar reforzada en las áreas afectadas, insistiendo en el carácter ilegal y violatorio de los secuestros, e instando a la liberación inmediata de todos los efectivos retenidos.
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