No cesan las dudas sobre la gestión de Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía, mientras estuvo a cargo de una de las comercializadoras de energía que, tras media década de su creación, no ha logrado ofrecer un servicio eficaz a los habitantes de la costa Caribe.
De hecho, con el paso de los días se siguen conociendo los presuntos movimientos irregulares que se habrían adelantado desde las altas esferas de Air-e, a pesar de que el Gobierno nacional ordenó su intervención, justamente, para controlar el ‘desorden’ financiero.
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Bajo la gestión de Edwin Palma, exinterventor de la compañía, se habría implementado un esquema de tercerización que permitió la adquisición de insumos a precios muy superiores a los del mercado, beneficiando a un consorcio vinculado a funcionarios internos. El monto de los sobrecostos ascendería a miles de millones de pesos, en un proceso que se desarrolló mientras la empresa estaba bajo control estatal.
Según una reciente investigación realizada por la revista Cambio, se conoció que, tras la intervención de Air-e por parte del Gobierno de Gustavo Petro en octubre de 2024, la administración de Palma modificó el modelo de compras.
Antes de la intervención, la empresa adquiría directamente a los fabricantes los materiales necesarios para su operación, lo que permitía obtener mejores precios. Sin embargo, con la llegada de Palma, se habría instaurado un sistema de tercerización: un contrato marco de “valor indefinido” —en la práctica, una chequera abierta— que delegó la adquisición de 590 tipos de materiales a un consorcio externo.
Este mecanismo, según los documentos obtenidos por Cambio, habría facilitado la fragmentación y el desorden administrativo, condiciones que favorecen la opacidad y dificultan el rastreo de los recursos públicos.
El proceso de selección del Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC) se habría dado en medio de varias irregularidades. El jefe de Compras de Air-e, Hernán Alberto Silva, fue el encargado de buscar los proponentes.
El 6 de febrero de 2025, Silva ordenó invitar a tres empresas: Macro Integral Soluciones S.A.S. —constituida apenas un día antes—, Consultoría e Ingeniería Eléctrica CIE S.A.S. e Innova SG S.A.S. Los registros mercantiles muestran que estas compañías estaban entrelazadas. Croma, una empresa cuyos accionistas eran el propio Silva y su esposa, financió la creación de Macro Integral. Además, Innova, antes llamada Presalud S.A.S., había realizado operaciones comerciales con Croma y la compañía de la esposa de Silva. La revisora fiscal de Croma, María Amparo David, terminó como representante legal de Innova, lo que evidenciaría la conexión entre las firmas.
El 10 de febrero de 2025, Consultoría e Ingeniería Eléctrica y Macro Integral se unieron para conformar el consorcio SEC, que dos semanas después resultó adjudicatario del contrato, firmado por Edwin Palma. Así, una empresa recién creada con capital proveniente de la sociedad de Silva y su esposa obtuvo un contrato millonario para suministrar materiales a Air-e.
El esquema permitía al consorcio SEC comprar materiales directamente a los fabricantes, pagarlos de contado y luego revenderlos a Air-e a precios considerablemente más altos.
Según órdenes de compra y facturas obtenidas por la revista Cambio, en solo tres meses (abril, mayo y junio de 2025), Air-e transfirió al consorcio 23.000 millones de pesos para la adquisición de materiales. En el caso de los transformadores monofásicos de 50 KVA y 75 KVA, la empresa pagó 3.326 millones de pesos por 259 unidades de 50 KVA y 7.232 millones por 457 unidades de 75 KVA. El precio por cada transformador de 50 KVA fue de 12.844.000 pesos y por cada uno de 75 KVA, 15.827.000 pesos.
La comparación de precios revela la magnitud de los sobrecostos. Antes de la intervención, en abril de 2024, Air-e compraba los transformadores de 50 KVA al fabricante Rymel Ingeniería Eléctrica S.A.S. por 8.400.000 pesos la unidad.
Tras la tercerización, el consorcio SEC adquirió los mismos equipos al fabricante por 7.800.000 pesos cada uno y los revendió a Air-e por 12.844.000 pesos, lo que representa un sobrecosto superior al 60%.
Para los transformadores de 75 KVA, el fabricante vendió cada unidad al consorcio por 9.800.000 pesos, mientras que Air-e pagó 15.645.000 pesos por cada uno. En total, la diferencia entre comprar directamente al fabricante y hacerlo a través del consorcio superó los 4.000 millones de pesos en solo dos referencias de transformadores.
El contrato firmado por Palma fijaba incluso precios más altos que los que finalmente se pagaron: 14.936.055 pesos por cada transformador de 50 KVA y 17.642.106 pesos por los de 73 KVA, según consta en el documento revisado por Cambio. La Fiscalía investiga actualmente el contrato por presuntos sobrecostos, mientras que la documentación entregada por Air-e a las autoridades respalda los hallazgos del medio.
Consultado por el diario nacional, Edwin Palma rechazó cualquier responsabilidad en la compra de los transformadores, argumentando que abandonó la empresa el 4 de marzo de 2025 y que las adquisiciones se realizaron después, bajo la gestión de su sucesora, Diana Bustamante.
“Usted no tiene el propósito de informar con la verdad, sino de manipular la opinión pública. Su perfil de X dice que usted es ‘sólo hechos’ y el hecho concreto es que yo me fui de Air-e el 4 de marzo de 2025. Hasta ahí no hubo una sola compra que yo haya autorizado. Lo demás que usted construya es su verdad, pero no es la verdad objetiva. Espero que ponga exactamente este aparte como lo he escrito, porque así no fue la vez pasada, y pues no quiero tener que pedir rectificar”, respondió el ministro a Cambio.
No obstante, el contrato marco que habilitó el esquema de tercerización y fijó los precios fue firmado por Palma antes de su salida, y Bustamante, al asumir, realizó un otrosí para reducir los valores pactados.
Sin embargo, se conoció que Nelson Vásquez, actual interventor de Air-e, suspendió el modelo de compras tercerizado y restableció la adquisición directa con los fabricantes, revirtiendo la política implementada durante la gestión anterior.
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