El Gobierno de Gustavo Petro devuelve Sanitas a sus dueños tras intervención: radiografía de una EPS debilitada

La entrega formal de Sanitas a sus propietarios, tras más de 15 meses de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, ha dejado en evidencia un panorama complejo para la EPS.

El documento oficial de empalme, revelado por Semana, da señas de que la entidad promotora de salud perteneciente al Grupo Keralty, vuelve a manos privadas en condiciones financieras y operativas aparentemente deterioradas respecto al estado en que se encontraba al momento de la toma de control estatal.

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La devolución de la EPS se produjo después de un proceso judicial extendido. Aunque la Corte Constitucional había ordenado entregar el control de Sanitas el 26 de junio de 2025, la Superintendencia tardó casi dos meses en cumplir la sentencia. Durante ese lapso, surgieron interrogantes por la demora y por los movimientos administrativos internos, una situación que, según Semana, ha alimentado suspicacias en el sector salud.

Según detalló el medio de comunicación citado, la intervención a Sanitas se desarrolló en un contexto de “arremetidas verbales” por parte del presidente Gustavo Petro y de cuestionamientos sobre la actuación empresarial de su dueño, el español Joseba Grajales. El Gobierno justificó su decisión señalando dificultades financieras severas dentro de la EPS, mientras la compañía denunció asfixia económica deliberada.

El acta de empalme, de 38 páginas, recoge que la reunión de entrega se realizó durante tres días, que iniciaron a las 8:41 a. m. y concluyeron a las 4:00 p. m. Entre los asistentes figuraron el agente especial interventor saliente Kemer Ramírez Cárdenas; Óscar Enrique Anzola García, vicepresidente financiero y de operaciones de Sanitas; delegados de la Superintendencia Nacional de Salud, representantes de áreas jurídicas y de planificación de la entidad, el expresidente de la EPS Juan Pablo Rueda, así como funcionarios de la Auditoría y la Contraloría.

El objetivo central fue desarrollar el procedimiento de empalme. En la apertura, Ramírez Cárdenas advirtió que los datos financieros más recientes aún se estaban procesando, correspondiente a junio, y precisó: “dado el incumplimiento de los indicadores y, conforme a la norma, la EPS debe continuar con el proceso de postulación del giro directo”.

A nivel financiero, el acta admite: “Se explican las principales variaciones en el estado de situación financiera, así como la pérdida del ejercicio generada principalmente por el mayor crecimiento del costo frente al crecimiento de los ingresos operacionales. Lo anterior se refleja en los indicadores de habilitación financiera: incumplimiento del patrimonio técnico, incumplimiento en la reserva técnica e incumplimiento en el patrimonio mínimo”.

De acuerdo con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la situación era insostenible: “No tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado, no tiene inversión de reservas técnicas, pone en riesgo a sus usuarios”.

Además, criticó la orden judicial que obligaba a la devolución: “Entréguelo ya o, si no, entre en desacato. O sea, para la cárcel, ¿no? ¿Cómo la Superintendencia entrega, devuelve, un hospital público si no cumple técnicamente? ¿O cómo entrega una EPS si no cumple? Quisiera que la Corte me explicara a mí cómo entonces se logra eso”.

La Contraloría General estableció que las EPS intervenidas adeudan 32,9 billones de pesos a instituciones prestadoras de servicios de salud, de los cuales Sanitas responde por 2,8 billones y la Nueva EPS por 9,2 billones.

En materia de conciliación financiera, el documento señala: “Sobre la conciliación de glosas, durante la intervención se adelantaron 5.421 acuerdos de conciliación por $620.000 millones, con un porcentaje de aprobación promedio del 83,6%”.

En cuanto a pagos médicos, se informó: “Los pagos de costo médico registran un total en el periodo de intervención de $13,7 billones (sin incluir planes adicionales) en donde el 83% se postula a través del giro directo Adres. Las cuentas por pagar de servicios y tecnologías en salud presentan un valor a 15 de agosto de $2,2 billones, en donde el 60% es corriente y menor a 30 días. El 96% de los ingresos de la EPS se han destinado al pago de la red prestadora”.

Durante el empalme, el expresidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, exigió un informe financiero más completo sobre la situación recibida. El interventor respondió que el informe estaba listo y se previó entregarlo al concluir el empalme; no obstante, y por insistencia, se acordó una entrega preliminar.

El vicepresidente Anzola sostuvo que las estrategias diseñadas dependían de las áreas de riesgo y red, confirmando la ausencia de soluciones concretas en ese momento.

Sobre la financiación del sector, uno de los puntos críticos fue la controversia por la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según el acta, “el Dr. Kemer responde que de manera interna no se hizo dicho estudio como tal de insuficiencia de UPC, se realizaba análisis y seguimiento a la siniestralidad, ya que esto no es competencia de la EPS, sino de las autoridades e instituciones pertinentes”.

En la segunda jornada, el equipo trató temas corporativos, riesgos en salud y comunicaciones internas. Se alertó sobre el crecimiento del cáncer como una de las patologías de mayor prevalencia. En la última sesión, se presentaron informes de recursos humanos –Sanitas cuenta con 3.783 empleados–, planeación organizacional y gestión regional.

El cierre de la entrega quedó plasmado así: "Durante el periodo de intervención se procuró trabajar en favor de la EPS y de su bienestar, así como en la búsqueda de mejoras en los indicadores y resultados existentes. Si bien es cierto que no todos los resultados son positivos, se hizo una gestión importante en varios aspectos, producto de las decisiones estratégicas, y que permitieron mejorar y fortalecer algunos procesos. Sin embargo, se debe trabajar en todo aquello que aún persiste con resultados bajos o con inconvenientes, es un desafío para la EPS”.