Federico Gutiérrez solicitará la extradición a Estados Unidos para los responsables del atentado en Amalfi, Antioquia

La masacre que cobró la vida de 13 agentes de la Policía Nacional en la vereda Los Toros, municipio de Amalfi, no solo mantiene la atención de las autoridades judiciales nacionales, sino que toma un giro internacional a partir de la gestión impulsada por Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

El mandatario ha anunciado que, durante un viaje próximo a Estados Unidos acompañado de otros cuatro alcaldes de grandes capitales colombianas, solicitará a las autoridades estadounidenses que consideren emitir solicitudes de extradición contra los responsables directos e intelectuales del atentado registrado en el Nordeste antioqueño.

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Gutiérrez argumenta que existe un motivo adicional para escalar la petición al ámbito internacional, la aeronave atacada formaba parte de los recursos provenientes de Estados Unidos, lo cual, a su juicio, refuerza la necesidad de una postura más firme por parte del gobierno norteamericano en la persecución de quienes perpetraron el crimen.

Según el alcalde, el helicóptero siniestrado hacía parte de una dotación directamente entregada por el gobierno estadounidense y, por tanto, la acción criminal que dejó 13 uniformados muertos amerita la colaboración judicial internacional en la búsqueda de justicia.

De acuerdo con Blu Radio, Gutiérrez señaló la intención de pedir oficialmente a Estados Unidos que proceda con la extradición de quienes participaron en la planificación y ejecución de la emboscada, resaltando el carácter atroz del asesinato colectivo y la urgencia de una respuesta contundente. El mandatario insistió en que la severidad en las medidas tomadas debe corresponder a la gravedad de los hechos y al origen de los recursos empleados por la fuerza pública nacional.

No obstante, el proceso judicial se enfrenta a la complejidad de identificar con claridad a los autores del atentado, ya que el escenario se ha ensombrecido por versiones contradictorias sobre la responsabilidad del crimen. Inicialmente, se manejó la hipótesis de que integrantes de las disidencias bajo el mando de alias Calarcá serían los responsables de la matanza, lo que orientó los primeros pasos investigativos hacia esa línea. Sin embargo, en las horas más recientes, el ELN asumió la autoría del ataque, generando confusión y abriendo nuevos interrogantes en medio del clima de violencia e incertidumbre en la región.

Frente a este panorama, tanto el general Carlos Triana, que lidera la Policía Nacional, como el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señalaron que los equipos investigativos se encuentran concentrados en esclarecer de manera definitiva cuál de los actores armados organizados ejecutó el ataque. Ambos funcionarios subrayaron la importancia de obtener certezas, dado el contexto de múltiples grupos criminales que operan en la zona, cuyas disputas y alianzas ocasionales pueden entorpecer la identificación de responsabilidades.

Mientras se avanza en la indagación para determinar si la emboscada fue perpetrada por las disidencias anunciadas o por el ELN, la iniciativa del alcalde de Medellín focaliza la discusión sobre la cooperación internacional y el endurecimiento de las medidas judiciales frente a crímenes de alto impacto contra la fuerza pública.

Además, la presión creciente por parte del Gobierno local agrega un componente político y diplomático al ya complejo panorama de seguridad en el nordeste de Antioquia. El anuncio de la búsqueda de extradiciones introduce nuevas expectativas respecto al apoyo externo en la persecución contra organizaciones armadas, al tiempo que pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación, intercambio de información y sanción de cualquier estructura ilegal que atente contra las instituciones y la ciudadanía colombiana.

En tanto se esclarece la identidad de los autores materiales e intelectuales, la exigencia de extradición marca un precedente que podría redefinir la colaboración bilateral y el alcance internacional de la justicia en hechos de violencia extrema contra cuerpos oficiales en Colombia.