CAR suspende fábrica de acrílicos en Soacha por uso ilegal de químicos peligrosos

El hallazgo de residuos químicos peligrosos en una fábrica de plásticos y acrílicos de Soacha llevó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) a ordenar la suspensión inmediata de sus operaciones.

Técnicos de la entidad detectaron, durante un operativo de control, la presencia de peróxido orgánico, una sustancia utilizada como catalizador en la fabricación de láminas de acrílico, que implica riesgos graves tanto para la salud humana como para el medio ambiente.

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La investigación de la CAR reveló que la empresa, ubicada en zona urbana del municipio, producía mensualmente cerca de 1.500 láminas de acrílico, lo que equivale a un volumen aproximado de 3,6 toneladas.

Este nivel de producción, según los cálculos de los técnicos, exige la obtención de un permiso de emisiones atmosféricas previo al inicio de actividades, debido al riesgo asociado con las sustancias químicas empleadas en los procesos de fundición, destilación y moldura.

Sin embargo, la compañía no contaba con dicha autorización ni estaba registrada como generadora de residuos peligrosos.

El director regional de la CAR en Soacha, César Augusto Rico Mayorga, explicó que la medida de suspensión se adoptó tras constatar que la empresa reutilizaba retales de acrílico e incorporaba sustancias químicas especiales en su proceso productivo, sin cumplir los requisitos ambientales establecidos.

Rico Mayorga detalló: “Esta actividad productiva estaba generando además desechos peligrosos, pues en la diligencia observamos un recipiente con peróxido orgánico el cual es utilizado como catalizador para solidificar el acrílico y moldear en forma de lámina”.

La autoridad ambiental subrayó que la imposición de la medida resultó necesaria ante la ausencia de permisos y registros obligatorios.

“Nuestra obligación como autoridad ambiental es aplicar la normatividad vigente y exigir a los sectores industriales los permisos que correspondan según los riesgos asociados a sus actividades”, afirmó el director regional.

Además, Rico Mayorga precisó que, durante el operativo, el personal de la CAR no recibió autorización para ingresar plenamente a las instalaciones de la empresa, lo que dificultó la verificación completa de las condiciones internas: “Se materializa la medida preventiva con la suspensión inmediata de las actividades generadoras de emisiones atmosféricas, adelantadas con ocasión de la industria de fundición y molduras de láminas de acrílico. Cabe resaltar que no nos permitieron el ingreso a la empresa para poderla realizar”.

La CAR reiteró su llamado a los fabricantes y productores del sector industrial para que se acojan a los permisos y autorizaciones definidos en la legislación ambiental vigente, especialmente cuando sus actividades puedan representar riesgos para las comunidades y el entorno natural.

La reciente intensificación de los operativos contra la producción ilegal de carbón vegetal en la vereda Chacua, ubicada en el municipio de Soacha, ha resultado en la captura de 30 personas por parte de las autoridades, según informó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Esta cifra refleja el saldo acumulado de las intervenciones realizadas en lo que va del año, en una zona donde la quema abierta de madera para obtener carbón vegetal ha generado preocupación tanto por el impacto ambiental como por los riesgos para la salud de las comunidades cercanas.

Durante el más reciente procedimiento, funcionarios de la CAR y efectivos del Grupo de Carabineros de la Policía Nacional sorprendieron a cuatro individuos en el acto de realizar quemas a cielo abierto con el propósito de producir carbón vegetal.

En el lugar, los agentes identificaron nueve pilas en combustión, cuyas dimensiones alcanzaban los 4 metros de largo por 2 metros de ancho y aproximadamente 2 metros de altura. Además, hallaron siete pilas adicionales en proceso de armado y 27 bultos de carbón listos para su comercialización en la zona.

Las personas involucradas no pudieron presentar documentación que acreditara el uso de infraestructura adecuada, sistemas de control de emisiones ni metodologías autorizadas para la ejecución de estas actividades.

Ante esta situación, las autoridades concluyeron que se produjo una afectación directa a los recursos naturales, incluyendo el suelo, el aire y el agua, como consecuencia de la quema abierta de retales de madera.

El proceso de producción ilegal detectado consiste en la conformación de pilas de trozos de madera, conocidas como “camas”, que se encienden para obtener carbón vegetal mediante una combustión incompleta.

Esta técnica, al emplear material de desecho sin clasificar ni manejo previo, genera la emisión de agentes contaminantes que deterioran la calidad del aire y ponen en riesgo la salud de los habitantes de las áreas circundantes.