El presidente Gustavo Petro, calificó de asesinato el ataque de Estados Unidos contra una lancha presuntamente cargada con droga, ocurrido cerca de aguas venezolanas y que dejó un saldo de once personas muertas. El mandatario cuestionó la veracidad de la acción y criticó el uso de fuerza letal en operativos antidrogas, abriendo un debate regional sobre los límites de los operativos militares en la lucha contra el narcotráfico.
Donald Trump, presidente norteamericano, anunció que la Armada de Estados Unidos destruyó una embarcación atribuida a Venezuela, interceptada en el Caribe, como parte del despliegue militar en la zona. Según Trump, “acabamos, en los últimos minutos, de destrozar un bote que llevaba drogas y hay más de donde ese vino, vino de Venezuela”. La operación, según su versión, neutralizó a once miembros del Tren de Aragua, grupo señalado como “narcoterrorista” y vinculado al tráfico de drogas.
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La noticia del ataque circuló mediante un video difundido en redes sociales y durante comparecencias públicas, donde se observa la destrucción de la pequeña embarcación y la muerte de los ocupantes. Minutos después, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la embarcación transportaba drogas procedentes de territorio venezolano y actuaba bajo dirección del Tren de Aragua, presunto brazo criminal y terrorista, siguiendo la narrativa presentada.
La reacción de Gustavo Petro llegó en la noche, a través de la red social X, donde escribió que “si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo”. Además, remarcó que “llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos”, refiriéndose a la experiencia colombiana y diferenciando los procedimientos empleados por su país en la lucha contra el narcotráfico.
El presidente Petro añadió que “los que transportan drogas no son grandes narcos, sino jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, haciendo énfasis en el perfil de las personas que suelen asumir el riesgo de trasladar cargamentos ilegales. Petro no se pronunció sobre la presunta pertenencia de los fallecidos a la organización criminal mencionada, limitándose a recalcar el principio de la preservación de la vida en sus críticas.
El ataque también fue objeto de rechazo desde el gobierno venezolano, que puso en duda su veracidad. El ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Ñánez, declaró que el video presentado es un montaje realizado con inteligencia artificial e hizo referencia a una consulta realizada a la IA de Google Gemini, según la cual “varios elementos sugieren que fue generado por estas herramientas”. Para el régimen venezolano, la difusión pública del video respondió a intereses de manipulación mediática.
En contraste, desde el entorno presidencial estadounidense, se defendió la autenticidad del video y la contundencia del operativo. Trump aseguró que “literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos”. El mandatario insistió, además, en que las embarcaciones cargadas con drogas provienen mayoritariamente de territorio venezolano y justificó el uso de la fuerza para impedir la llegada de sustancias ilícitas a suelo estadounidense.
El mensaje fue rematado con una advertencia pública: “Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté pensando en traer drogas a Estados Unidos de América”, agregó Trump en una publicación en su red social Truth Social.
El episodio destapó un nuevo roce diplomático entre países implicados, realzando las diferencias en la estrategia contra el tráfico de drogas. Colombia defiende la captura y judicialización sin force letal directa, mientras que Estados Unidos prioriza acciones militares en el Caribe, respaldándose en la necesidad de detener el flujo de sustancias hacia su territorio, bajo la figura de acción antiterrorista.
La discusión, además, incluye el interrogante sobre la manipulación digital en la comunicación oficial, con la denuncia de Venezuela acerca del posible uso de imágenes producidas por inteligencia artificial, lo que ha dejado abierta la controversia sobre la transparencia en la presentación de pruebas.
Hasta el momento, ni Estados Unidos ni Venezuela han presentado evidencias adicionales que confirmen o desmientan la autenticidad del video, mientras que en la región perdura la inquietud sobre los límites éticos y legales del combate militar contra el narcotráfico y las implicancias humanas de estas operaciones.
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