El Gobierno de Gustavo Petro presentó ante el Congreso de la República una nueva reforma tributaria que busca recaudar $26,3 billones, una cifra que refleja la magnitud del ajuste fiscal propuesto. El proyecto, que generó inquietud en diversos sectores, introduce cambios que afectarían a pensionados, consumidores y empresas, y plantea una nueva tabla de retención en la fuente para quienes reciben pensiones.
La iniciativa, con la que se financiaría una parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, cuyo monto inicial es de $556,9 billones, de ser aprobada, modificaría el panorama de los impuestos en Colombia a partir de 2026, con implicaciones directas en la economía cotidiana.
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La reforma tiene como objetivo principal aumentar los ingresos del Estado mediante ajustes en varios frentes. Así las cosas, el Gobierno aspira a obtener los $26,3 billones por medio de modificaciones en la retención en la fuente, incrementos en el IVA para ciertos productos y cambios en los impuestos a las ganancias ocasionales. El documento oficial detalla que los pensionados enfrentarán una nueva tabla de retención en la fuente, con tarifas marginales que van desde el 0% hasta el 41%, dependiendo del monto recibido.
Cambios para pensionados: nueva retención en la fuente y exenciones
En el caso de los pensionados, la propuesta no implica un aumento inmediato de la carga fiscal para la mayoría, pero sí introduce novedades relevantes. Por ejemplo, el artículo 23 del documento busca modificar el artículo 383 del Estatuto Tributario al establecer una nueva estructura de rangos y tarifas para la retención en la fuente sobre pagos gravables, incluidos los de pensiones. Dicha medida entraría en vigor el 1 de julio de 2026, lo que otorga un margen de tiempo para que los afectados se adapten a las nuevas condiciones.
Hasta esa fecha, continuará vigente el sistema actual, salvo que un pensionado solicite la aplicación anticipada de la nueva tabla.
Un aspecto clave es la exención del impuesto sobre la renta para las pensiones que no superen el límite de 1.000 unidades de valor tributario (UVT) mensuales ($49.799.000). Solo los montos que excedan el umbral estarán sujetos a tributación bajo la nueva normativa. De este modo, la mayoría de los pensionados mantendría su situación fiscal, mientras que quienes perciban pensiones más altas verían un cambio en su retención a partir de la fecha señalada.
Otros sectores afectados: IVA en licores, combustibles y ganancias ocasionales
La reforma no se limita a los pensionados. El proyecto de ley contempla un aumento importante en el IVA aplicado a licores. El aguardiente y el ron pasarán de un 5% a un 19% de IVA, mientras que el whisky, el brandy y el vodka también quedarán gravados con el 19%. En cuanto a los combustibles, la gasolina y el ACPM tendrán un incremento progresivo del IVA: del 5% al 10% en 2026 y hasta el 19% en 2027.
Aunque los productos de la canasta familiar no se verán afectados, estos cambios impactarán en el costo de vida y en el consumo de bienes específicos.
Otro punto relevante es la modificación de la tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares. El artículo 22 de la reforma fija este impuesto en un 33%, lo que representa un ajuste importante para quienes obtienen ingresos por este tipo de actividades.
Por qué otra reforma tributaria
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la iniciativa y remarcó la importancia de un debate amplio y responsable en el Congreso de la República. Afirmó: “Esperamos que haya un debate serio, responsable, que sea un debate en el cual se escuche las opiniones de los diferentes actores sociales, políticos, gremiales y económicos del país y en ese sentido creemos que garantizar la estabilidad económica y fiscal del país es una prioridad”.
Ávila insiste en que la reforma busca fortalecer la estabilidad fiscal y responder a las necesidades de financiamiento del Estado.
Por su parte, el socio de Impuestos en Baker McKenzie Colombia, Juan David Velasco, señaló que la frecuencia de las reformas tributarias en Colombia responde a una presión fiscal estructural, derivada del crecimiento sostenido del gasto corriente respecto al PIB y a la falta de una política tributaria de largo plazo.
Velasco advirtió que la práctica de introducir ajustes coyunturales para recaudo inmediato fragmentó el Estatuto Tributario, lo que generó inseguridad jurídica y reduciendo la eficiencia recaudatoria. Además, recordó que, pese al récord de recaudo alcanzado con la Ley 2277 de 2022, el déficit fiscal no se ha reducido, lo que afectó la confianza de los inversionistas.
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