La Procuraduría General de la Nación inició una investigación por el evento conocido como el “tarimazo” que tuvo lugar en Medellín y que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro.
El Ministerio Público busca establecer si en este acto se presentaron irregularidades relacionadas con la participación de funcionarios públicos en actividades políticas.
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Según informó Noticias RCN, la entidad abrió un proceso para determinar si se incumplieron las normas que regulan la intervención de servidores del Estado en escenarios de carácter electoral.
En particular, la Procuraduría puso la lupa sobre el papel de la senadora Isabel Zuleta, a quien le fueron remitidas copias del proceso ante la Corte Suprema de Justicia, dado que por su fuero parlamentario corresponde a ese tribunal evaluar su conducta.
La indagación se centra en un acto político en el que el jefe de Estado compartió tarima con dirigentes de su colectividad en un evento masivo realizado en Medellín. Allí, según el organismo de control, pudieron haberse vulnerado disposiciones legales que prohíben a los servidores públicos utilizar su cargo o su investidura para participar en actividades de carácter electoral.
De acuerdo con lo revelado por Noticias RCN, la Procuraduría busca establecer si el encuentro, que tuvo una alta carga política y electoral, se enmarca dentro de las prohibiciones vigentes para quienes ejercen funciones públicas.
La senadora Zuleta, quien hizo parte del evento, es una de las figuras visibles del Pacto Histórico en Antioquia. La Corte Suprema deberá analizar si su participación en el acto constituye una falta disciplinaria o si se ajusta a las prerrogativas propias de su condición de congresista.
Por otro lado, el presidente Gustavo Petro ha defendido públicamente este tipo de espacios como escenarios de diálogo directo con la ciudadanía. No obstante, desde distintos sectores políticos y de la opinión pública se ha cuestionado si este tipo de actos se ajusta a las normas de neutralidad que deben observar los mandatarios en ejercicio.
El proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría hace parte de una serie de indagaciones que se han abierto en los últimos meses sobre la participación de funcionarios en actos que pueden tener un componente electoral. El organismo de control insiste en que su objetivo es garantizar la transparencia y la imparcialidad en el ejercicio de la función pública.
En este caso específico, la remisión de copias contra la senadora Zuleta obedece a la competencia exclusiva de la Corte Suprema para investigar y juzgar a los congresistas. La decisión del Ministerio Público busca asegurar que los hechos sean evaluados por la autoridad competente en el marco del debido proceso.
El evento en Medellín, conocido mediáticamente como el “tarimazo”, congregó a una gran cantidad de simpatizantes y estuvo acompañado de discursos que fueron interpretados por algunos analistas como de carácter político-electoral. La presencia del presidente y de congresistas generó debate sobre los límites entre las funciones institucionales y las actividades partidistas.
La Procuraduría, al anunciar la apertura de la investigación, señaló que su actuación no prejuzga sobre la responsabilidad de los involucrados, sino que se trata de una etapa preliminar para verificar si se cometieron faltas disciplinarias.
Este proceso se suma a otros en los que la entidad ha examinado la actuación de funcionarios en el marco de actos públicos. En ocasiones anteriores, el Ministerio Público ha advertido sobre la necesidad de mantener la separación entre la gestión gubernamental y la actividad proselitista, especialmente en periodos preelectorales.
En el caso de la senadora Zuleta, la Corte Suprema de Justicia deberá definir si procede abrir una investigación formal en su contra. En ese escenario, se evaluarán las pruebas remitidas por la Procuraduría y se determinará si existe mérito para avanzar hacia una etapa judicial.
Distintos sectores políticos reaccionaron a la apertura de la investigación. Algunos defendieron el derecho de los funcionarios a participar en espacios con la comunidad, mientras que otros advirtieron que estos actos pueden afectar la confianza en las instituciones si se perciben como campañas anticipadas.
La senadora, que en repetidas ocasiones ha defendido las políticas del Gobierno, no se ha pronunciado de manera detallada sobre la investigación. Sin embargo, allegados a su equipo político han señalado que su participación en el evento se dio en el marco de su actividad como congresista y que no constituyó una violación a la normativa vigente.
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