La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está evaluando la posibilidad de citar como testigo a Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, excomandante de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), como parte de las investigaciones por desapariciones forzadas que ocurrieron en los municipios de Recetor y Chameza, en el departamento de Casanare.
Esta decisión emerge luego de los testimonios de campesinos de la región que buscan ser reconocidos oficialmente como víctimas dentro del macrocaso 08, el proceso que estudia crímenes cometidos por agentes de la fuerza pública, guerrillas y grupos armados al margen de la ley, y que abarca el conflicto armado en el oriente del país.
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Según múltiples investigaciones y denuncias de organismos nacionales e internacionales, sobre alias Martín Llanos pesan señalamientos directos de participación en más de 10.000 hechos criminales que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos en los departamentos de Meta, Casanare y Vichada.
Bajo su mando, las ACC consolidaron un control territorial marcado por el uso sistemático de la violencia como herramienta de dominio y represión de la población civil, en medio del conflicto armado colombiano cuando su influencia se extendió en Casanare, Meta y áreas vecinas, convirtiéndose en una figura clave en el control territorial y el enriquecimiento ilícito a través del narcotráfico.
No obstante, la preocupación de los sobrevivientes y familiares de desaparecidos radica en que muchos de estos crímenes permanecen en la impunidad, sin un esclarecimiento efectivo sobre el paradero de las víctimas ni sobre las condiciones en que ocurrieron los hechos.
Por su parte, el magistrado Óscar Javier Parra, responsable en la JEP del caso 08, subrayó que el posible llamado a declarar a alias Martín Llanos depende de criterios estrictos de idoneidad y utilidad en el proceso, así como de que se minimice cualquier riesgo de revictimización.
Las experiencias previas en procesos judiciales, como Justicia y Paz, han demostrado que Llanos ha mantenido una actitud escéptica frente a la verdad, rehusándose a colaborar con la justicia en el esclarecimiento integral de los crímenes bajo su responsabilidad.
A diferencia de otros jefes paramilitares que negociaron en el proceso de desmovilización de las AUC en 2003, Martín Llanos se negó a participar. Se mantuvo prófugo durante varios años hasta ser capturado en Venezuela en 2012, lo que significó la caída de una de las últimas estructuras paramilitares independientes de las AUC.
Dicha negativa ha generado reservas en torno a la utilidad de su testimonio, pues la expectativa de los organismos judiciales y las víctimas es que el ex jefe paramilitar aporte con transparencia información relevante sobre la autoría de los hechos, los mecanismos de desaparición y la localización de fosas o cuerpos.
En este contexto, la JEP enfrenta el reto de equilibrar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, con la necesidad de evitar nuevos daños derivados de la exposición pública, el contacto con victimarios y la posible frustración que implicaría una comparecencia en la que no se aportan elementos nuevos o verificables.
En esta misma línea, los magistrados han insistido en que cualquier citación de exjefes paramilitares debe sustentarse en la posibilidad real de contrastar los datos suministrados con pruebas independientes y testimonios de personas que, como los campesinos de Recetor y Chameza, han vivido en carne propia la violencia de las ACC.
Si bien existen dudas sobre la disposición del exjefe de las ACC a colaborar genuinamente con la justicia, su testimonio podría ser clave para esclarecer crímenes que permanecen en la sombra de la impunidad. La decisión final, por tanto, no solo pondrá a prueba el alcance del macrocaso 08, sino también la capacidad de la JEP para garantizar a las víctimas respuestas reales sobre un pasado de violencia que aún exige ser contado.
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