La Procuraduría General de la Nación confirmó, en segunda instancia, la destitución e inhabilidad por 10 años del excanciller Álvaro Leyva por su participación en el caso de los pasaportes.
La entidad afirmó que la decisión que tomó el entonces canciller sobre la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes careció de fundamento legal.
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La medida fue adoptada después de que la investigación interna concluyera que el exministro incurrió en una falta gravísima con dolo al declarar desierta la licitación pública 001 de 2023, aún cuando la Unión Temporal Pasaportes 2023 cumplía los requisitos y registraba el puntaje máximo.
El Ministerio Público insistió en que la decisión de Leyva desconoció principios esenciales de la contratación pública colombiana.
Por lo anterior, la Procuraduría sostuvo que se vulneraron los principios de transparencia, economía y responsabilidad, elementos básicos para evitar irregularidades en la adjudicación de contratos estatales.
La sanción fue impuesta en primera instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, que absolvió a Leyva del cargo sobre la declaratoria de urgencia manifiesta, pero halló responsable al exfuncionario por la declaratoria injustificada de desierta en el proceso licitatorio.
Ante esta determinación, la defensa apeló argumentando falta de imparcialidad y supuestas deficiencias procesales, pero el despacho de segunda instancia rechazó los argumentos tras revisarlos.
“Se descartaron los alegatos de violaciones al debido proceso y falta de imparcialidad del procurador delegado”, aclaró la Procuraduría, señalando que no existían causales jurídicas para declarar desierto el proceso ni para justificar la urgencia manifiesta, punto que incluso fue descartado desde el fallo inicial.
De acuerdo con la decisión suscrita por el procurador Gregorio Eljach, la sanción de destitución e inhabilidad quedó en firme y será efectiva durante los próximos diez años, impidiendo que Álvaro Leyva ostente cualquier cargo público durante ese periodo.
El fallo remarcó que la compañía oferente contaba con habilitación y recomendación de adjudicación por parte del comité evaluador, lo cual hacía injustificable la declaratoria tomada por el exministro.
El desenlace del proceso implica que Leyva queda excluido de la administración estatal por una década, en un caso que se convierte en referente sobre el alcance de la responsabilidad disciplinaria en la contratación pública en Colombia.
Procuraduría amplió investigación en contra de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio por convenio en los pasaportes
La Procuraduría General de la Nación decidió ampliar la investigación disciplinaria contra la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy y varios altos funcionarios del Gobierno, en relación con el convenio interadministrativo firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la expedición de pasaportes.
Esta determinación responde a la identificación de presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del acuerdo.
El órgano de control detectó que el convenio, suscrito el 18 de julio y valorado en 1,3 billones de pesos con vigencia de diez años, establece que la expedición de pasaportes quedará en manos estatales a partir del 1 de abril de 2026.
Según registros de contratación pública, la Imprenta Nacional asumiría el servicio, respaldada por asistencia tecnológica de la Casa de la Moneda de Portugal.
No obstante, la Procuraduría advirtió que dicha entidad aún no cuenta con la infraestructura necesaria para operar el proceso y que tampoco se ha formalizado plenamente la alianza internacional.
La medida presupone un gasto de 161.000 millones de pesos y fue adoptada debido a la imposibilidad de que la Imprenta Nacional asuma la producción de pasaportes desde septiembre, debido a los retrasos en la consecución de los acuerdos y la falta de capacidad técnica.
Para la Procuraduría, el convenio presenta “presuntas fallas en la planeación, ausencia de estudios previos y un posible desconocimiento de la normativa aplicable a contratos con organismos internacionales”.
Además, el aporte de la entidad portuguesa sería inferior al 50% del valor total, lo cual podría contravenir las reglas para este tipo de alianzas.
La investigación iniciada el 29 de julio de 2025 también abarca a exministros Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, a Alba Viviana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional, y a Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, secretaria general encargada de la Cancillería.
El proceso disciplinario ahora incluye a seis funcionarios adicionales, entre ellos asesores jurídicos, directivos financieros y representantes de distintas carteras en la junta directiva de la Imprenta Nacional.
Parte del análisis de la Procuraduría se concentra en la posible utilización de vigencias futuras excepcionales para cubrir los compromisos financieros del convenio, situación que podría extender los efectos del acuerdo más allá del periodo del actual Gobierno.
El organismo investiga también si existió la debida disponibilidad presupuestal y si la aprobación de proposiciones en la junta directiva de la Imprenta Nacional fue válida, ya que, hay dudas sobre la documentación y las actas respaldatorias.
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