Colegio donde estudiaba Valeria Afanador enfrenta otro proceso legal desde 2023: los documentos que envió la institución un día antes del hallazgo del cuerpo

El penalista Julián Quintana, representante legal de la familia de Valeria Afanador, solicitó a las autoridades el cierre inmediato del Gimnasio Campestre Los Laureles, colegio donde estudiaba la menor, argumentando que el establecimiento no garantiza la seguridad de los estudiantes.

La petición se fundamenta en la preocupación de la familia, que ha insistido en la necesidad de investigar la posible responsabilidad del colegio en los hechos, más allá de que las causas de la muerte de la menor de 10 años aún no han sido esclarecidas.

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En paralelo, la Gobernación de Cundinamarca inició un proceso administrativo sancionatorio contra el centro educativo para determinar si existieron omisiones en el deber de cuidado hacia los alumnos. Mientras tanto, las autoridades analizan los movimientos recientes del colegio, sin descartar la hipótesis de un accidente, pero con la exigencia de esclarecer todos los aspectos relacionados con el caso.

La atención sobre el Gimnasio Campestre Los Laureles se intensificó tras revelarse que la institución enfrenta un proceso de reorganización financiera, con pasivos que superan los 4.465 millones de pesos y cuentas por pagar por 1.125 millones de pesos, mientras que sus ingresos recientes alcanzan los 787 millones de pesos, según reveló El Tiempo en una investigación.

El citado medio accedió a un informe que ya está en poder de las autoridades, el cual detalla que el mismo día en que se encontró el cuerpo de la menor, se radicó ante la Superintendencia de Sociedades un documento relevante para el proceso de reorganización del colegio.

En ese escrito, Sonia Inés Ochoa, rectora y accionista de la institución, solicitó la revocatoria del poder a la abogada que representaba al colegio y el reconocimiento de otra profesional en su lugar. El documento lleva fecha del miércoles 27 de agosto, cuando Valeria Afanador llevaba 15 días desaparecida.

Ese mismo día, el colegio difundió un comunicado rechazando las afirmaciones del abogado de la familia, que había señalado que se alteró la escena de la desaparición. El correo electrónico dirigido a la Superintendencia fue enviado el jueves 28 de agosto a las 3:55 p. m., y la radicación oficial por parte de la entidad se registró el viernes 29 (día del hallazgo del cuerpo de Valeria) a las 8:53 a. m., según El Tiempo.

En el expediente figuran también solicitudes para que la Superintendencia ordene el desembargo de más de 44 millones de pesos a favor del colegio.

El Gimnasio Campestre Los Laureles fue admitido en el proceso de reorganización en octubre de 2023. La situación financiera y los movimientos administrativos recientes se han convertido en elementos clave dentro de la investigación que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de Valeria Afanador y determinar si existieron responsabilidades institucionales.

El abogado Quintana solicitó a las autoridades judiciales que se aceleren las investigaciones y se profundice en las posibles responsabilidades del Colegio Gimnasio Los Laureles, institución educativa a la que asistía la menor y que, según sus palabras, podría haber incurrido en una omisión grave.

Durante una entrevista concedida a Noticias Caracol, Quintana detalló que la Fiscalía debe considerar dos líneas de investigación principales en torno al caso. Por un lado, planteó la hipótesis de que una omisión significativa por parte del colegio habría desencadenado el trágico desenlace. Por otra parte, el jurista sugirió que un tercero pudo haber aprovechado esa falta de diligencia para sustraer o raptar a Valeria Afanador y posteriormente quitarle la vida.

“Esta representación de víctimas le ha pedido a la Fiscalía que la tesis sea el homicidio de la menor en dos hipótesis delictivas. La primera, la grave omisión provocada por el colegio, en el cual, desenlazó y terminó el homicidio. Y la segunda, que alguien, aprovechando esta grave omisión, haya sustraído o raptado a nuestra querida Valeria y la haya asesinado”, expresó el jurista al noticiero.

En este contexto, Quintana también reclamó que se haga público el dictamen oficial que determine las causas exactas del fallecimiento de la menor al subrayar la importancia de que Medicina Legal establezca una hora aproximada de la muerte y que el informe pericial o de necropsia aporte claridad sobre el motivo del deceso.

“Medicina Legal tiene que dar una hora aproximada de la muerte y en ese informe de análisis pericial o necropsia, como resultado nos dirán la causa de muerte. Sin duda alguna, hay muchos exámenes de laboratorio que se tendrán que analizar con detenimiento y profundidad y allí nos dará más luces de la muerte”, agregó el abogado de la familia de la pequeña Valeria.