La Comisión Segunda de Gobierno del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate los Proyectos de Acuerdo 559 y 692 de 2025, iniciativas que buscan crear, implementar y fortalecer las llamadas zonas seguras (anteriormente conocidas como frentes de seguridad) en los puntos más críticos de la capital.
El concejal Jesús David Araque, representante del partido Nuevo Liberalismo y autor principal del proyecto, explicó que esta reforma permitirá que la comunidad colabore de manera más activa con las autoridades distritales y policiales, especialmente en sectores con alta incidencia de delitos de impacto como la extorsión y la violencia intrafamiliar.
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De acuerdo con Araque, la selección y ubicación de las zonas seguras se definirá a partir de “estadísticas, reportes ciudadanos y observación territorial”. El concejal indicó que la administración distrital, a través de la convocatoria de mesas de trabajo con alcaldías locales, comunidades y entidades competentes, determinará las áreas prioritarias para la intervención y el fortalecimiento de estos espacios.
“La idea es que el distrito convoque mesas de trabajo con alcaldías locales, comunidades y entidades competentes para definir aquellas zonas en las que se debería implementar o fortalecer una zona segura”, señaló Araque.
Uno de los componentes centrales de la propuesta es la formación y capacitación de las comunidades. Según el proyecto, la Secretaría de Seguridad organizará jornadas educativas para los integrantes de las zonas seguras, abordando la prevención de delitos y violencias, la mediación comunitaria, la resolución pacífica de conflictos y la promoción de cultura ciudadana y autorregulación. Además, los participantes recibirán instrucción práctica sobre tecnologías de seguridad comunitaria y manejo de rutas y líneas de emergencia.
El plan impulsa la integración de un componente tecnológico robusto. Araque resaltó que se logró incluir la dotación y capacitación tecnológica como eje de la estrategia: “La Secretaría de Seguridad incentivará, brindará y fortalecerá el uso de herramientas tecnológicas en estas zonas seguras a través de la dotación, capacitación y acompañamiento técnico a las comunidades. Estas herramientas podrán incluir cámaras de videovigilancia integradas al C4 y al CAD, alarmas comunitarias, radios de comunicación, aplicaciones digitales, entre otros”.
Los proyectos establecen que la identificación y atención de los puntos críticos de inseguridad se efectuará mediante un trabajo articulado entre la ciudadanía y la administración, utilizando datos estadísticos y reportes ciudadanos, mientras se preserva la confidencialidad de la información sensible.
La Policía Metropolitana de Bogotá se encargará de coordinar la estrategia en frentes de seguridad y zonas seguras, mientras que la dependencia de Seguridad gestionará el acompañamiento a los grupos ciudadanos, que tendrá como finalidad fomentar la convivencia y prevenir nuevos focos delictivos.
Entre los lineamientos se contemplan acciones de identificación conjunta de factores de riesgo y causas de conflictividad, priorización de la creación y fortalecimiento de zonas seguras en coordinación con los grupos ciudadanos, y el diseño de acuerdos para la atención de problemas reincidentes que afectan la seguridad comunitaria. Se prevé la formalización de espacios de intercambio y fortalecimiento de conocimientos, así como el registro y actualización constante de las instancias ciudadanas involucradas, para orientar mejor el apoyo institucional y las acciones de seguimiento.
En cuanto a resultados previos, el distrito reportó que durante 2024, con la creación de 493 nuevas zonas seguras, se produjeron caídas notables en ciertos índices delictivos en Bogotá: el hurto a personas disminuyó un 22%, el hurto a residencias un 77%, y la violencia intrafamiliar un 55%. No obstante, persisten áreas críticas.
El Boletín de Seguridad Local de abril de 2025, por ejemplo, documentó que Suba, una de las localidades más extensas y pobladas, cuenta con solo 37 frentes de seguridad registrados, y menos de la mitad de ellos reportó actividad en el primer trimestre del año. Problemáticas como el microtráfico, la violencia intrafamiliar, las riñas, la extorsión y los homicidios continúan afectando este tipo de sectores, situación que podría estar replicándose en localidades como Bosa y Usme.
Adicionalmente, los proyectos contemplan que la Secretaría de Seguridad reglamentará la creación y funcionamiento de las instancias de participación comunitaria en materia de seguridad en un plazo máximo de seis meses tras la promulgación del acuerdo. Igualmente, incorporará en su informe anual de gestión un capítulo específico sobre la implementación y el impacto de la estrategia de participación comunitaria en seguridad, accesible al Concejo de Bogotá y a la ciudadanía.
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