Alertan sobre la “dictadura tributaria” que quiere imponer el Gobierno Petro con los impuestos de la reforma tributaria

El 1 de septiembre se conoció que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley de la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento con la que se esperan recaudar hasta $26 billones y financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, cuyo monto propuesto es de $556,9 billones y que discute la corporación.

Entre las medidas que trae la iniciativa del Gobierno, la tercera de este tipo, están modificaciones en el IVA, renta, impuesto al patrimonio e impuesto al carbón, algo llamativo para muchos expertos, debido a que la medida, en caso de ser aprobada, generaría impactos en todos los sectores del país.

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Tras la radicación, el ministro de Hacienda aseguró que “cumplimos con el compromiso de que el proyecto de ley de presupuesto se tramite y se discuta paralelamente con la reflexión sobre la ley de financiamiento que acompaña la propuesta de ley de presupuesto”.

Además, que “ esperamos que haya un debate serio, responsable, que sea un debate en el cual se escuchen las opiniones de los diferentes actores sociales, políticos, gremiales y económicos del país. Y en ese sentido, creemos que garantizar la estabilidad económica y fiscal del país es una prioridad en la cual deben interlocutar todos los actores de la vida social y política del país”.

Pese al tono conciliador, el ambiente en el Congreso de la República parece que no es el mejor para el trámite de la iniciativa. Por lo menos, así lo dejó claro el senador Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta del Senado, por donde el proyecto de ley debe cursar.

“Rechazo el trámite de una dictadura tributaria. Por parte del Gobierno solo escuchamos excusas y cifras indefinidas, mientras insisten en un presupuesto 2026 totalmente desfinanciado y negativo para el bolsillo de los colombianos”, dijo el congresista.

Según él, detrás de la estrategia tributaria y presupuestal hay un único objetivo y es el de recaudar $26,3 billones para sostener el derroche y la corrupción del Gobierno Petro, como ya se hizo con los recursos públicos en estos tres años.

Insistió en que es necesario que no haya más despilfarro ni más improvisación. Por eso, criticó lo que pasa con el PGN y la tributaria. “Este presupuesto no prioriza lo social ni lo productivo. Por el contrario, engorda la burocracia y profundiza los desequilibrios fiscales. Por eso, proponemos una reducción responsable de $39,5 billones”, indicó.

Además, resaltó que Colombia no necesita otra reforma tributaria, sino que necesita menos clientelismo, menos burocracia y más inversión en sectores estratégicos que de verdad generen empleo y desarrollo real para todos los colombianos.

Frente al proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno nacional en la Cámara de Representantes, desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) se hizo un llamado al Congreso de la República para que adelante un debate responsable, franco, abierto y participativo, que incorpore las voces y preocupaciones de todos los sectores de la economía y tenga plena conciencia de las implicaciones de las decisiones que se adopten.

“La solución a la crisis fiscal no puede ser más impuestos a las mismas empresas y ciudadanos. Colombia necesita disciplina del gasto, crecimiento e inversión para sanear las finanzas públicas de manera sostenible”, anotó el gremio que lidera María Claudia Lacouture, exministra de Comercio, Industria y Turismo.

Ante esto, enumeró los ompactos críticos identificados en el articulado:

• Más IVA y mayor costo de vida: se amplía la base del IVA Uuegos de suerte y azar, parqueaderos , cuotas de propiedad horizontal no residencial) y se grava la gasolina y el ACPM con tránsito al 10% en 2026-2027 y tarifa general después, presiona111do el transporte público y de carga y, con ello, los precios de alimentos y bienes básicos.
• Cargas extraordinarias al tejido productivo: renta del 50% para entidades financieras y recargos de 0-15 p.p. a petróleo y carbón atados a precios internacionales, más impuesto especial del 1% a la extracción. Esto resta competitividad, inversión y divisas.
• Señales adversas a la inversión extranjera: dividendos a no residentes al 30% y mayores retenciones para ingresos laborales y honorarios elevan el costo de capital y la formalidad.
• Impuesto al patrimonio: progresivo desde 40.000 unidades de valor tributario (UVT) con tarifas hasta 5% y ajustes en ganancias ocasionales, consumo y tributos ambientales crean un efecto acumulado que frena crecimiento y empleo.

Enfatizó en que la salida sostenible a la crisis fiscal requiere austeridad y eficiencia en el gasto, con un Estado que contenga sus costos de funcionamiento y priorice la inversión productiva antes de exigir nuevos esfuerzos a los contribuyentes.

“Es indispensable garantizar estabilidad y competitividad, evitando cambios que rompan las reglas de juego y deterioren la seguridad jurídica del país. Asimismo, se debe asegurar una progresividad sin asfixia, protegiendo a los hogares más vulnerables de los impactos del IVA y de los combustibles, y evitando que la carga siga concentrándose en los mismos sectores formales”, agregó.

Finalmente, AmCham Colombia hizo un llamado a un diálogo técnico, abierto y participativo, sustentado en evidencia y cifras, con la participación real de empres.as, trabajadores, regiones y academia, para que las decisiones que se tomen fortalezcan la economía y las finanzas públicas de manera sostenible.

Las mismas preocupaciones compartió el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universiad EIA. Por medio de X, el exfuncionario advirtió que, por donde se le mire, esta es una mala reforma tributaria.

Insistió en que es inoportuna (destruye el poco ánimo de inversión privada para crecer y afecta a todos los consumidores), es innecesaria (mejor sería controlar los excesos y el derroche de gasto de funcionamiento en el presupuesto nacional), no tiene rigor técnico en su concepción y es inviable en su tránsito por el congreso.

“Nadie entiende una reforma tributaria cuando el problema es exceso de gasto y en especial de burocracia (y subsidios innecesarias e inútiles) y menos cuando prácticamente no hay límite en deuda pública y déficit fiscal ( al haberse, sin argumento, activado la suspensión de la regla fiscal o cláusula de escape)”, afirmó.

Pero en adición a lo anterior hizo preguntas sobre asuntos puntales críticos. Por qué el ánimo del Gobierno de afectar a todos los ciudadanos con más impuestos a sus consumos de bienes y servicios al:

• Aumentar el IVA a productos como café, cereales, avena, harina, aceites, productos de panadería, arroz con fines industriales, y otros alimentos procesados.
• Ponerle IVA a conciertos, partidos de fútbol, cine, parques de diversiones y teatros.
• Ponerle IVA a el pago de administración en edificios o a los parqueaderos.
• Elevar de manera desbordada los impuestos a cervezas o licores.
• Elevar el IVA a la gasolina y ACPM.

Y por qué elevar el costo de capital y con ello motivar menos inversión y menos crecimiento economico al:

• Gravar casi al 50% sectores productivos claves para el financiamiento de la economía o que más aportan en regalías y recaudo tributario, desmotivando la inversión y el empleo (impuestos confiscatorios).
• Duplicar el impuesto al carbono y con ello afectar todo el sector empresarial y con riesgo de aumento de precios al consumidor y ciudadanos.
• Elevar el costo combinado empresa - socio con más impuestos de patrimonio y dividendos que desmotiva invertir en colombia. Veremos más fuga de capitales al exterior. Ya van más de 6.000 grandes inversionistas que se han ido de Colombia en este par de años.
• Elevar impuestos de ganancia ocasionales y con ello motivar más elusion o evasión como sucedió en el pasado.
• Dejar montado una cuasi forma de tributación sobre renta presuntiva más alta con la tasa de impuesto mínimo ahora subiendo al 20%. En síntesis volver a tributar por lo que no se ha recibido.