El reciente llamado de la Procuraduría General de la Nación obliga a la Alcaldía de Cartagena a rendir cuentas sobre las acciones implementadas para controlar la circulación de vehículos de transporte público en mal estado o sin habilitación oficial en la ciudad.
El requerimiento surge a raíz de múltiples infracciones observadas en la prestación del servicio colectivo urbano, particularmente en zonas donde se han documentado problemas persistentes de seguridad y calidad.
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En la comunicación oficial, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena expuso varias problemáticas que afectan directamente a los usuarios: sobrecupo, conducción peligrosa, vehículos con deterioro estructural y mecánico (casos de unidades oxidadas y con puertas en mal estado), además de graves restricciones para circular adaptados a personas con discapacidad y altas emisiones contaminantes.
Este conjunto de irregularidades evidencia la existencia de “deficiencias en la prestación del servicio”, según indicó la autoridad en el oficio enviado a la administración local.
En medio de una actuación preventiva, el órgano de control hizo hincapié en la necesidad de proteger los derechos colectivos de la ciudadanía, enfatizando que el transporte público debe operar bajo estándares de seguridad, calidad y respeto a los usuarios.
La procuraduría solicitó además información detallada y actualizada sobre la base de datos de vehículos que integran el sistema de transporte colectivo urbano. En el mismo sentido, exhortó a la alcaldía a impulsar acciones integrales sostenibles para mantener la vigilancia en los puntos críticos de la ciudad donde los problemas son más frecuentes.
La entidad enfatizó que algunos conductores podrían apelar al derecho al trabajo como justificación para operar sin habilitación o incumpliendo normas, pero recordó que, conforme a la Constitución, los derechos individuales “no pueden anteponerse al interés general, especialmente cuando se afecta la seguridad vial, el medio ambiente y la movilidad de toda la ciudadanía”.
A la actual controversia por la prestación del servicio público colectivo urbano en Cartagena, se suma la denuncia penal presentada ante la Fiscalía por la empresa Sotramac, uno de los principales operadores de buses del Sistema de Transporte Masivo Transcaribe, debido a presuntos incumplimientos de pagos por parte del distrito.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se refirió directamente a la relación con esta compañía: según declaró el mandatario en diálogo con La W, “lo que tienen que saber los cartageneros es que, en gran medida, Sotramac es el responsable de un servicio precario, de una dificultad para que los cartageneros puedan acceder a un transporte público de calidad”. Agregó que “cuando los cartageneros ven que, cuando cae una lluvia, los buses se mojan más dentro que afuera, casi que todos esos buses en el peor estado son los de Sotramac”.
El alcalde Turbay expuso que actualmente Sotramac tiene operando únicamente 47 de sus 102 buses, mientras que el 48% de la flota permanece fuera de circulación por problemas mecánicos.
Turbay señaló que “los cartageneros pagan la tarifa y la alcaldía de Cartagena”, y enfatizó que “todos los alcaldes le han tirado un salvavidas a la operación para que el sistema pueda funcionar, es decir, conchudos les queda pequeño. Es una queja y una denuncia desobligante con la ciudad cuando la ciudad es la que les ha permitido mantener la operación”.
El distrito aportó cifras que respaldarían su postura: entre 2017 y junio de 2025, Sotramac habría recibido 296.092 millones de pesos, de los cuales 261.570 millones corresponden a kilómetros recorridos y 34.522 millones a acuerdos conciliatorios efectuados desde 2023.
Por su parte, la denuncia presentada por Sotramac establece que para garantizar la operación del sistema sin déficits, el alcalde debió planear una transferencia oportuna al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) o decretar un aumento tarifario a 2.700 pesos por pasajero a partir del 1 de enero de 2025.
Según la empresa, “esto no ha ocurrido, evidenciando un incumplimiento del procedimiento establecido en el Decreto 1277 de 2015, que exige una correspondencia directa entre la tarifa fijada y los recursos apropiados”.
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